Los hechos son inexorables. La última comparecencia pública del presidente del gobierno, a través de una entrevista en la SER, anunciando medidas en relación con los medios de comunicación y apoyando al fiscal general del Estado incluso en la hipótesis de que sea procesado por el Supremo, son las últimas gotas de un vaso que ya derrama: el de la destrucción del estado de derecho y su inviabilidad mientras Sánchez continúe sus políticas.
Naturalmente, tan grave opción no ha nacido de hoy para mañana, sino que es fruto de una acumulación de hechos. Podemos constatarlo con el Informe Mesias (Inteligencia de Marca España) y su índice de buen gobierno del período 2005-2022. El informe dice literalmente que “se agudiza la crisis institucional que sufre España y se agrava el declive de la política española”. En 2022 España ha registrado una caída generalizada de todas las dimensiones del buen gobierno, a excepción de una, con especial intensidad en las dimensiones de estado de derecho y estabilidad política”.
También añade que «la democracia española está en zona de peligro» debido al deterioro del estado de derecho, consecuencia de la erosión de derechos y libertades básicas, las presiones a la libertad de prensa, el debilitamiento de las instituciones y la constante vulneración de los preceptos constitucionales.
El Índice del Buen Gobierno “alcanza en 2022 el segundo peor valoración de la serie histórica”, considerando que el otro peor correspondió al año 2020, debido a la pérdida de derechos y libertades de la población como consecuencia de la gestión de la pandemia realizada por el gobierno. “El estado de derecho ha registrado en 2022 el mínimo histórico de la serie. La estrategia de fragmentación y polarización de la sociedad ha deteriorado gravemente la convivencia del país, y la estabilidad política ha perdido 12 lugares, situándose en el puesto 96 sobre 147 países del mundo”. Este análisis, que vale la pena leer en la extensión de sus 100 páginas, es una buena fotografía de la situación, pero hay más:
Bruselas ha situado el foco en España en más de una ocasión, durante la reforma de la malversación o la ley del “sólo sí es sí” y en la renovación de los cargos del poder judicial hasta alcanzar el pacto, logrado en gran medida por la presión de la propia Comisión.
La amnistía es otro elemento fuerte de controversia y, sin entrar entre quienes se posicionan a favor o en contra, sí que hay que decir que es una evidencia que incumple la condición necesaria definida por la Comisión de Venecia. Amnistía sí, pero sólo cuando es aprobada por amplia mayoría o por consenso, algo que ciertamente no es el caso español.
El Tribunal Constitucional ha quedado desacreditado y, con él, toda idea de constitucionalidad que pueda regularse. La sentencia sobre el aborto, la amnistía encubierta a los políticos socialistas por el escándalo de los ERE de Andalucía, la actuación como una instancia que corrige al Tribunal Supremo usurpando funciones que no le compiten, la aplicación del “derecho creativo” , menospreciando la propia jurisprudencia del TC, la práctica de los magistrados gubernamentales de no apartarse de aquellos casos en los que están contaminados por sus antecedentes… Todo esto ha destruido hasta niveles nunca vistos el prestigio del TC.
Otra instancia importante de la justicia, como es la Fiscalía General del Estado, también es arrastrada por la polémica y las actuaciones arbitrarias que afectan al actual fiscal y su predecesora y protectora, Dolores Delgado. En el ámbito legislativo, una serie de prácticas hacen que las leyes sean tramitadas de forma fraudulenta. Por ejemplo, utilizando textos legales que nada tienen que ver con el tema que se enmascara y se aprueba en contextos muy extraños a su naturaleza. Es el caso, por ejemplo, del intento de suprimir la potestad del Senado para limitar el techo de gasto. Y ésta es otra: el intento sistemático de reducir el Senado a la nada porque no está controlado por el gobierno, traicionando así un principio fundamental de la Constitución que señala que ambas cámaras representan la soberanía nacional.
Estas prácticas irregulares se extienden a la abundancia injustificada de la figura del decreto ley, de la declaración de urgencia, a convertir proyectos de ley en proposiciones para evitar un debate parlamentario en buenas condiciones o la guillotina que ejerce la mesa del Congreso controlada por el gobierno. El gobierno funciona bajo el principio de que su presidente determina lo que debe ser aprobado y el Congreso lo tiene que refrendar necesariamente, prescindiendo en este procedimiento del Senado y de otras instancias que deben informar las leyes, como el Consejo de Estado o, en determinados casos, el Consejo General del Poder Judicial. Lo establecido en el artículo 66.2 de la Constitución española, sobre que las Cortes Generales controlan la acción del gobierno, es una entelequia.
El gobierno ha convertido las sesiones de control en una crítica sistemática a la oposición y suele no responder al contenido de lo que se le plantea, dejando así al ciudadano desprovisto de todo criterio. Sánchez, por ejemplo, habla mucho de su mujer, pero se ha negado a dar un ápice de información positiva que justifique las descalificaciones que hace.
El resultado de todo ello es que The Economist, en su informe sobre España, señalaba que el país ha pasado de ser “una democracia plena a una democracia defectuosa”. Tres de las cuatro asociaciones judiciales han denunciado ante la Comisión Europea «el riesgo claro de violación grave del estado de derecho». Y todas las asociaciones judiciales, incluida la habitualmente partidaria del gobierno, Jueces por la Democracia, emitieron un comunicado conjunto rechazando las comisiones de investigación del Congreso sobre un supuesto lawfare.
La falta de transparencia necesaria para el buen gobierno es un vicio ya estructural, al que se añade el deterioro de los derechos humanos relacionados con la inmigración, como ha puesto de relieve enterrar la grave violación que se cometió en un intento masivo de saltar la cierre de Melilla.
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