La política en nuestro país se ha instalado en la ilegalidad, en el abuso de la ley por sistema, en la ilegitimidad, generando una carcoma que está destruyendo por dentro las instituciones y la confianza de la gente en ellas. Todo esto es muy peligroso.
Sólo hace falta recapitular sobre los últimos hechos, sin pretensión de un inventario, para constatar la gravedad de este gran problema.
Destaca, en primer término, el informe que hará público la UE sobre la justicia español , que deja muy maltrecho al estado y a las instituciones de gobierno. Es posible que exista una mejora en el redactado de urgencia tras el acuerdo entre gobierno y PP sobre el CGPJ, pero, en todo caso, la advertencia seguirá existiendo. De hecho, era tan grave que es el motor que ha impulsado a Sánchez a un tipo de acuerdo con el PP que no cuadra con sus pretensiones ampliamente anunciadas en el pasado, y que, por tanto, todavía está por ver que se llegue a cumplir en todos sus extremos.
Lo ocurrido con este pacto, positivo en cuanto a su resultado, es absolutamente anómalo. No es normal que un país deba negociar un acuerdo interno en Bruselas teniendo como árbitro a la propia Comisión. Un hecho de estas características sería absolutamente inadmisible, no ya en Francia o en Italia, sino en la propia Alemania.
Un segundo factor de esta ilegitimidad persistente es que el acuerdo, pese a su bondad, se pasa por el forro lo que dice la Constitución, porque, como ha señalado en otras ocasiones Converses, no es ni el gobierno ni el partido de la oposición a quien le corresponde esta tarea, sino al Congreso y al Senado, que han sido de siempre invitados de piedra.
Tampoco respeta el contenido literal de la ley orgánica del poder judicial, que en su artículo 578.2 señala que por la designación de los vocales del turno judicial se contemplará a los jueces y magistrados afiliados a cada una de las diferentes asociaciones y no afiliados. A la hora de la verdad, el acuerdo se ha producido a base sólo de considerar las dos asociaciones mayoritarias que proporcionan 10 de los 12 vocales, mientras que los no asociados quedan relegados a una mínima presencia, y la tercera asociación con presencia, Francisco de Vitoria, que tiene más miembros que Jueces para la Democracia, que se ha visto beneficiada con 3 miembros, no tiene ninguna representación. Todo ello muy arbitrario y francamente ilegítimo.
Un tercer vicio de ilegitimidad se produce reiteradamente en el Tribunal Constitucional. Ahora con motivo de los ERE de Andalucía, en los que está procediendo a actuar como un ilegítimo tribunal de tasación y revisando la sentencia dictada por la audiencia provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo al objeto de absolver de responsabilidades a la exconsejera condenada Magdalena Álvarez, a la que previsiblemente seguirán los otros altos cargos como los dos presidentes Griñán y Chaves.
Es un escándalo que los principales responsables políticos de un fraude de 679 millones de euros, de los que sólo se han recuperado 27 millones y que sirvieron para regar de dinero con criterios electoralistas a Andalucía, de forma absolutamente arbitraria, ahora resulten que por una interpretación del TC quedan librados de responsabilidad. Es muy gordo.
Pero lo es también que el propio presidente del TC, que se abstuvo en los ERE cuando el caso llegó al Tribunal Supremo, ahora haya votado por exonerar a los condenados o que haya redactado la ponencia que lo justifica, la misma persona que fue condecorada por la Junta de Andalucía cuando mandaban los ahora condenados. O que haya votado y no se haya excluido al exministro de Sánchez, Juan Carlos Campo, que fue el cargo de la Junta de Andalucía durante la época de Chaves y, por tanto, en el período de los ERE. Todo esto es muy grave y parece que no ocurra nada.
Por otra parte, existe la utilización ilegítima del recurso del Constitucional por parte del gobierno español. En este caso concreto, en relación a la ley trans que ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid. La inconstitucionalidad que aduce es que la ley es regresiva porque, a diferencia de la ley española, establece lo que era habitual, y lo es en la mayoría de los países de Europa, que es el examen médico a los menores trans que quieran hormonarse. De esta forma, la discrepancia política e ideológica con lo que quiere el gobierno es transformada en una cuestión inconstitucional. Por esta lógica, no podría haber oposición política porque toda ley del gobierno marcaría la constitucionalidad, lo que no es cierto.
Este artefacto, aliado con el dominio gubernamental del TC, transforma el recurso de inconstitucionalidad no en una garantía, sino en un instrumento de destrucción jurídica, porque de entrada la ley recurrida queda suspendida y permanece en esa condición hasta que el TC decida en un plazo que puede extenderse durante años.
Y si pasamos a menor escala, la local, podemos constatar cómo la ilegalidad en este caso está a la orden del día. Ahora mismo se ha vuelto a producir el asunto de que unas obras de gran envergadura, las de la Via Laietana, han sido consideradas como ilegales y la justicia ha revocado el acuerdo que aprobó la remodelación de la avenida. La razón es la misma que lo que ha pasado con los ejes verdes como Consell de Cent. Es porque el Ayuntamiento, fraudulentamente, ha tramitado esta gran obra como si fuera una pura reforma vial, cuando en realidad debería haberlo hecho como modificación del Plan General Metropolitano. Pero no ocurre nada. Se dicta la sentencia, las obras continúan, tendremos una nueva vía que consagrará la ilegalidad y ya veremos en el futuro quién es el guapo que deshace el lío, al igual que en Consell de Cent.
Con todos estos precedentes, ¿cómo confiar en las instituciones políticas y en el TC, que también se ha convertido en una instancia política? ¿Cómo se quiere, con esta pedagogía, que la sociedad civil no pretenda también resolver sus necesidades por la vía de la trampa si ve que los que nos gobiernan la utilizan sistemáticamente?
