Sánchez, desde las últimas elecciones generales de julio del año pasado, vive a caballo de una política irreal: el mito de la victoria permanente. La imagen del presidente del gobierno entrando en la sala donde estaba reunida la comisión ejecutiva del PSOE en medio de aplausos y felicitaciones por la «victoria» es a la vez patética y potencialmente peligrosa en la medida en que algunos de los protagonistas se crean la ficción. La realidad, cifras en mano, es que de todas las contiendas electorales a las que se ha presentado el PSOE con Sánchez a la cabeza desde el 2014, sólo ha resultado ganador en una de ellas, la del 2019.
Esta ficción del eterno ganador ahora colapsa en medio de aplausos porque este tipo de mentalidad impide realizar la menor autocrítica y, por tanto, introducir las rectificaciones y mejoras necesarias. Por ejemplo, Sánchez tiene una importante responsabilidad en el crecimiento de Alvise Pérez. Él ha sido quien lo ha agrandado a base de citarlo reiteradamente en sus mítines y presentándolo como uno de los tres componentes de lo que él designa como extrema derecha: PP, Vox y el propio Alvise Pérez. Esto no lo hacía en vano. Su intención era agrandar esta opción improvisada para dividir el voto de Vox y del PP. Lo ha conseguido, pero a cambio de hacer crecer lo que dice que quiere combatir. La experiencia señala que es un pésimo camino.
Los síntomas de colapso se acumulan. Ahora, la fiscalía europea reclama todo el caso de Begoña Gómez. Esto tiene ventajas para Sánchez, pero también importantes inconvenientes. La ventaja es que previsiblemente, al paralizar la instrucción abierta por el juzgado número 41 de Madrid, no surtirá efecto la citación de la mujer del presidente para el día 5 de julio, a no ser que la prenda separada que abrió el juez instructor, Juan Carlos Peinado, en previsión de este hecho, le permita dar continuidad por otra vía y un nuevo procedimiento.
El inconveniente grave es que ha terminado el discurso de Sánchez relacionando a su mujer con la manipulación política de los jueces porque no se atreverá con la fiscalía europea. El titular no puede ser más negativo por insólito: «esposa del presidente del gobierno de España investigada por la fiscalía europea». Es demoledor y afecta muy negativamente al prestigio de España en la UE.
En Cataluña, de reencuentro, nada. El independentismo ha reanudado justo en el punto que lo dejó, ganando la presidencia del Parlament y la mayoría de la Mesa, que es en definitiva quien regulará el procedimiento para elegir presidente de la Generalitat. Esto pone en evidencia que el discurso gubernamental sobre la amnistía como instrumento para desarmar al independentismo está equivocado. Al revés, esta opción fuertemente desmovilizada revive en el ámbito político, menos en el electoral, gracias precisamente a la amnistía. Por el momento, tiene la presidencia del Parlamento. Parece difícil que pueda alcanzar el otro objetivo, el de Puigdemont presidente, pero en todo caso se abre la puerta a la incertidumbre y planea la previsión de unas elecciones anticipadas.
En todo caso, a lo largo de junio y julio veremos si Illa acaba saliendo adelante o, por el contrario, tendremos elecciones otra vez en otoño. Todo esto introduce una fuerte inestabilidad en el apoyo parlamentario de Sánchez, tanto por parte de ERC como sobre todo de Junts.
A la mujer se le añade el hermano. Ahora, el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz ha abierto diligencias de investigación contra el hermano de Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y un funcionario de esta institución. El motivo son presuntos delitos contra la administración pública, la hacienda pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
Una pieza importante del sistema de gobernar de Sánchez alcanza una fase muy avanzada de conflicto con los jueces. Se trata del fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, quien ha declarado, sin necesidad de indagatorias, que fue él quien decidió la nota de prensa en la que se revelaban datos que afectaban al derecho de la defensa de la pareja de la presidenta de Madrid, Alberto González Amador. Con esta acción, el fiscal persigue que la causa sea tratada por el Tribunal Supremo y deje de pertenecer al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien hasta ahora era su responsable. Es una complicación más que podría tener un final políticamente costoso si el Supremo apreciara un ilícito en el comportamiento del fiscal general del estado.
Para terminar de redondearlo, el Tribunal Constitucional formado en su mayoría por miembros de estricta disciplina gubernamental (dos ex cargos del gobierno, un ex ministro, y un ex fiscal general del estado) comienza a emitir señales de absolución inculpados por el escandaloso caso de los ERE en Andalucía, donde la primera sería Magdalena Álvarez, ministro con Rodríguez Zapatero. Sería el precedente para extender las absoluciones a otras personas como los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El discurso de Sánchez es siempre el mismo: «son víctimas del barro«, pero claro, al menos en Andalucía hay una constancia clara de lo que significó este asunto a lo largo de los años.
Por último, la vampirización de votos de Sumar pasa factura. Este artefacto electoral acaba de pasar a mejor vida tras la dimisión de Yolanda Díaz, quien, eso sí, mantiene su cargo de vicepresidenta y ministra de Trabajo. No está claro quién y qué representa ahora la otra parte de la coalición gubernamental, quién es el interlocutor que representa a un conjunto de partidos diferentes. Por ejemplo, en el gobierno hay un ministro de IU que ya poco tiene que ver con los restos de la coalición. Por otro lado, todo el mundo se pregunta por qué Díaz no ha dimitido también de sus cargos en el gobierno, dado que los tiene a razón de liderar la coalición aliada con Sánchez. Claro, que si dimitiera el problema sería con quién pactar un nuevo representante de un conglomerado de partidos que se ha demostrado que a la hora de la verdad cada uno tira por su parte.
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