En la medida en que Yolanda Díaz se hace más irrelevante políticamente, aumenta su gesticulación ministerial que se traduce siempre en mayores cargas para la empresa. Ahora el último chiste es que las empresas de más 50 trabajadores tendrán que disponer de un plan antiacoso de las personas LGTBI que en ellas trabajen. Un nuevo dolor de cabeza para los empresarios, un nuevo coste a añadir a todos los demás y la apertura de la puerta a un nuevo privilegio para este colectivo que ya fue declarado por la ley de empleo como preferentes en la búsqueda de trabajo en el SEPE. Es decir, si usted se declara lesbiana, gay, transexual, bisexual o intersexual tendrá prioridad a la hora de que le busquen y le encuentren un trabajo. El porqué esto es así forma parte de la nueva ideología de estado. El porqué los padres y madres de las familias con hijos a su cargo o personas dependientes no gozan de este privilegio también debe formar parte de esta ideología de estado.
Ahora las empresas tendrán la obligación de contar con protocolos antiacoso y violencia en el trabajo para este perfil de personas. Saldrá un decreto que dará tres meses de plazo y un año como máximo para tenerlo terminado, con una vigencia limitada a 4 años. Por tanto, deberá repetirse periódicamente esta labor. Deberá incorporarse lo que se establezca en los convenios tanto en identidad de género como en orientación sexual; es decir, en relación a las personas trans y las gays, lesbianas y bisexuales.
Todo ello con independencia de que, desde la dirección empresarial, se tenga conocimiento de si en la plantilla hay personas que pertenecen a este colectivo. Y aquí se abre un primer enigma. Si no se sabe si existe y si el plan debe tenerse igualmente, ¿se elaborará como abstracción, o bien debe indagarse entre el personal para ver quién se declara en este sentido?
Además, el plan deberá negociarse con los sindicatos o representación legal de los trabajadores. Se constituirá una comisión que podrá contar con asesoramiento experto especializado en LGTBI, y aquí ya encontramos una vez más un nuevo comedero para la multitud de grupúsculos que viven al abrigo de este tipo de cuestiones, generando nuevos “expertos” en la materia.
Deberán definirse prácticas preventivas, mecanismo de detección de acoso, sistemas de evaluación, de revisión. Habrá que incluir una encuesta del clima laboral del personal en relación con las personas LGTBI, que deberá ser en lo que respecta al diseño del cuestionario consultado con la comisión negociadora, y también será obligatorio identificar los medios y los recursos, tanto materiales como humanos, necesarios para su implantación, seguimiento y evaluación, un calendario de aplicación y un sistema de seguimiento, evaluación y revisión periódica.
Esta nueva carga fue también precedida de las nuevas medidas en un sentido similar, pero aplicadas a la perspectiva de género, con la necesidad de evaluación de riesgos, planes de formación, estadísticas, etcétera. En este caso, además, las empresas debían hacerlo encargando el trabajo y no podía ser, como hasta ahora se producía, que el empresario que sólo tuviera entre 11 y 25 trabajadores podía asumir personalmente la actividad preventiva.
Es evidente que en nuestro país “hecha la ley hecha la trampa” y, por tanto, muchos empresarios se pondrán lógicamente de perfil e irán a ver qué pueden hacer para que la nueva exigencia se traduzca en un mínimo. Pero, sea como sea, es evidente que en el gobierno Sánchez se han multiplicado las exigencias con la empresa que poco tienen que ver con las condiciones laborales y sí mucho con la ideología, como también se han multiplicado los costes de la Seguridad Social y cargas impositivas.
Cargando ...
