En la pugna contra Ayuso en Madrid ahora ha hecho emerger algo muy grave. Las muertes durante la covid en 2020, sobre todo entre personas mayores y residencias. Por ejemplo, La Vanguardia le dedicaba dos páginas. Es bueno que se haga emerger la mayor tragedia que ha vivido el país desde la Guerra Civil, sobre todo porque ninguno de los gobiernos (español, autonómicos o de los grandes municipios) han querido examinar después lo que pasó para extraer conclusiones que permitieran no repetir errores. Todo el mundo ha querido pasar página, y por eso es bueno que ahora se recupere; ciertamente, en el caso de Madrid, donde la mortalidad fue extraordinaria. Su exceso creció un 41,2%. Pero también debemos mirar y hacer emerger lo sucedido en Catalunya, que sufrió un exceso de mortalidad del 23,5% que, sobre todo, se dio entre las personas mayores.
Se produjo una situación de indefensión por desatención a las residencias para personas mayores. Sin una supervisión sanitaria adecuada, muchas de ellas, sin capacidad para aislar a los enfermos, sin suficiente material de protección personal para los cuidadores, las residencias se convirtieron en:
- Un foco de la epidemia.
- Un centro de elevada mortalidad.
La reacción de la Generalitat fue tardía e insuficiente. Lo hicieron patente los llamamientos públicos, múltiples y reiterados de cuidadores y responsables de las residencias.
Resultado: en Cataluña el 2 de abril los fallecidos en las residencias eran 551. Uno de cada cuatro fallecidos tenían este origen. Fue una tragedia de grandes proporciones que no puede quedarse olvidada ni sin consecuencias.
Tampoco se produjo ninguna planificación preventiva sobre la situación de las personas de más de 70 años que viven en los hogares, ni siquiera de las que viven solas. Los Centros de Asistencia Primaria, si se les hubiera dotado de los recursos necesarios y organizado debidamente, podían haber establecido la localización de aquellas personas que ya estaban identificadas en el servicio. No serían todas, pero serían muchas. Establecer su geolocalización por parte del servicio central, visitarlas inicialmente, conocer su estado y realizar un seguimiento regular telefónico habría evitado tragedias. Esta medida elemental no se llevó a cabo, ni se lleva a cabo, y es necesario explicar por qué.
A esta característica se le añade una segunda: el cribado de los enfermos tomando como variable principal la edad: los medios de comunicación se hicieron eco de un hecho que los medios internacionales difundieron en todo el mundo, y ya era conocido por algunos de los protagonistas, personal sanitario, servicio de ambulancias, cuidadores de residencias y familiares. Las personas mayores de 80 años, y también las mayores de 75, fueron relegadas en el proceso hospitalario que podía salvar sus vidas.
En Cataluña se produjo un cribado en función de la edad, que después ha sido negado por los responsables políticos.
El cribado
La instrucción del Departamento de Salud de desincentivar totalmente el traslado de personas de mayor edad a los hospitales, por medio del servicio de ambulancias, y en las consultas telefónicas, es una evidencia escrita. Lo relata, por ejemplo, con precisión, el reportaje del Corriere de la Sera, y es una práctica que miembros del personal sanitario confirman, pero que es negada por la consejera y responsables políticos del Departamento de Salud, refugiándose en eufemismos de los “diagnósticos clínicos”.
Concretamente la instrucción oficial enviada habla de «futilidad de las medidas terapéuticas» que desaconsejan el traslado. La cuestión es dónde están estos diagnósticos y qué médicos los firmaron. Simplemente, no existen más allá de la edad y de observar superficialmente el estado del paciente en el hogar o en la residencia, en muchas ocasiones por personal que ni siquiera son médicos, porque el criterio básico es la edad. La consellera Alba Vergés no dice la verdad cuando afirma que se evaluaba médicamente cada caso. Se actuaba con los mayores de forma diferente a cómo se haría con otro paciente de menor edad.
El documento Salud Emergencias Médicas RECOMENDACIONES POR APOYO A LAS DECISIONES DE LIMITACIÓN DE ESFUERZO TERAPÉUTICO (LET) POR PACIENTES CON SOSPECHA DE COVID-19 E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (IRA) HIPOXÉMICA de 22 de marzo
“Mantener una ética en la toma de decisiones basada en ofrecer los recursos a aquellos pacientes que más se puedan beneficiar, en términos de años de vida salvados, máxima supervivencia al alta, evitar ingresos en pacientes con escaso beneficio, ya sea por patologías respiratorias por la Covid-19 o de otras patologías que condicionen el estado crítico”. En su aplicación práctica este procedimiento discrimina a las personas de más de 75 años, dado que el texto indica que: “Recibirá sólo oxigenoterapia con mascarilla reservorio de alta concentración tipo Monaghan®”, pero no tendrá la opción adicional y más decisiva: la VMI (ventilación mecánica invasiva). Una persona de más de 75 años que requiera una ventilación de ese tipo para salvar su vida, no es atendida. Ésta es la realidad de la sanidad en Cataluña.
El procedimiento establecido por dicho documento en cuanto al tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda es el mismo para una persona de más de 75 años “sin limitaciones funcionales y practicante de ejercicio en forma de andar” que para una de “ Fragilidad grave-estado final de vida”: oxigenoterapia, lo que hace evidente que el corte en la aplicación de recursos médicos para sobrevivir se hace exclusivamente por razón de la edad. En realidad el acto médico se limita a una sedación terminal si no responde a la mascarilla de oxígeno, sin recurso a más soluciones, aunque están ahí. Es en la práctica una eutanasia no consentida.
El documento también aplica como criterio, evitar el fenómeno del “primero que llega, el primero que ingresa” y aplicar estos principios a todos los grupos de pacientes por igual, no sólo a un grupo concreto como los pacientes geriátricos”. En este caso el absurdo que se deriva de la lectura literal es patente: si todos los pacientes son iguales nunca habrá un primer ingreso si se prescinde del criterio de quien llega primero. En realidad, no hay tal absurdo que colapsaría toda decisión de prioridad, porque en la práctica, las condiciones que rigen para ordenar el ingreso es el dato más simple de todos: la edad. El resultado es que personas de 75 y más años empeoran por la espera en sus posibilidades de recuperación por desatención y acaban formando parte de los enfermos cribados, descartados. Es un círculo vicioso.
En cuanto a los enfermos en residencias y hogares que no han acudido por sus propios medios al hospital, el problema, si está en la franja de edad fatídica, es que será desincentivado en ser trasladado para acudir al tratamiento médico.
Concretamente, el citado documento del SEM es un ejemplo de ingeniería del lenguaje para justificar la desatención médica de no trasladarlo a un hospital. Da instrucciones de cómo atender a los enfermos si son personas mayores:
- «Plantear la limitación como un bien para el paciente». Hay que convencerle de que está mejor en casa o en la residencia, aunque es evidente que no dispondrá de la misma asistencia que en un centro médico. Tiene mucha hipocresía este adiestramiento. Sobre todo cuando más adelante se indica claramente:
- «No hacer referencia a que «no hay camas para todos». Es una indicación tan explícita del engaño que no necesita comentario. “No realizar tratamientos agresivos no implica abandonar al paciente”. Es un eufemismo para ocultar la no aplicación como último recurso de la VMI, que se aplica a algunos pacientes menores de 75 años y sobre todo más jóvenes.
El engaño de las patologías previas: ¿qué personas de edad avanzada no tienen alguna «patología»? Según el SEM “una persona con problemas crónicos bien controlados, sin limitaciones funcionales y practicando ejercicio en forma de caminar”, pero ¡ay!, tiene más de 75 años, no tiene acceso a la VMI, que es el recurso final decisivo.
Es extremadamente grave que el documento que marca criterios sobre el derecho a ser o no atendido para salvar la vida no esté firmado por ningún responsable del departamento de Sanidad. En realidad, un procedimiento que decide sobre la vida y la muerte debería estar firmado por el máximo responsable político y, por tanto, moral del departamento, la consejera de Salud, Alba Vergés, junto al máximo responsable médico concernido.
Todos estos aspectos (la mortalidad extrema que se produjo, el examen de cómo podían haberse reducido, el compromiso político de que no se vuelva a dar en el futuro), todo esto ha sido ignorado. Y es muy grave porque con el progresivo envejecimiento de la población hay cada vez más personas sujetas a este criterio que otorga el derecho a vivir o morir y de atención médica en función de la edad del paciente.
Si dejamos pasar este cáncer, que de forma encubierta se practica en algunas urgencias, en el sentido de que si la persona tiene más de 80 años no es prioritaria su asistencia, estaremos practicando una especie de eutanasia no consentida en gran parte de la población, como ya se hizo durante la covid ante la indiferencia del Parlamento y de todos los poderes públicos y mediáticos.
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