La política agraria común (PAC) está en el origen de la creación de la Unión Europea. Fue instaurada el 30 de julio de 1962 con el fin de disponer de alimentos y recursos agrarios suficientes para Europa y asegurar a los agricultores unos ingresos adecuados. La PAC ha sido un éxito tan impresionante que ha sido la causa de su crisis, porque hizo posible un excedente generalizado de productos agrarios y esto obligó a una revisión desde la década de los 90, introduciendo nuevos criterios en los que cada vez han pesado más los ambientales. La PAC y los agricultores han garantizado a la población europea alimentos de calidad a precios asequibles.
Pero en el transcurso de los años la finalidad última ha ido olvidando una de sus partes sustanciales: la de garantizar unas buenas condiciones de vida para el campesinado.
La PAC ha sido y es uno de los puntales de la Unión, de modo que cuando en 1965 se firma el “tratado de fusión”, que une las distintas dimensiones europeas, la del carbón y el acero, la Comunidad Económica y la Euratom, la política agraria es una pieza central de este conjunto y una de las que recibe más recursos. Y esa característica es un elemento más de contradicción.
En el período 2021-2027, la UE destina más de 50.000 millones anuales a la PAC de los que un 10% tienen como destino España. Se distribuyen en varios programas: ayudas directas a la renta para los agricultores, modernización, instalación de jóvenes, ecoregímenes, programa medioambiental, etc.
La ayuda a la agricultura no es una singularidad de la Unión. Todos los países la tienen en una u otra medida porque es un sector estratégico y tiene singularidades.
Recordemos algunas:
- Depende de las imprevisibles condiciones climatológicas.
- Es un sector de estructura muy heterogénea en cuanto a dimensión y orientación productiva.
- Las condiciones de sus mercados son muy desfavorables para el productor porque son el eslabón más débil ante la industria y las grandes empresas de distribución.
- La demanda de alimentos es muy inflexible, pero la oferta resulta muy variable por los cambios metodológicos y la volatilidad de los mercados.
- Además, los estados le otorgan especial atención por sus consecuencias sobre la inflación al tratarse de productos de primera necesidad, la salud, el medio ambiente y los recursos naturales.
A diferencia de las empresas industriales y terciarias, en las que las medidas burocráticas, además de las de carácter general, tienen en las sectoriales un peso muy grande, en el sector agrario prácticamente todo va sobre el tipo de explotación que es vital mantener: la empresa familiar agraria (EFA), aunque cada vez tienen mayor peso las producciones industrializadas bajo formas societarias mercantiles.
Un aspecto nada menor es que se exige a la agricultura unos requisitos ambientales sin tener en cuenta lo que aporta en este terreno. Y esto es radicalmente injusto porque no se actúa por igual en otros sectores de fuerte impacto sobre otros sectores. Es el caso del turismo, las medidas que lo regulan no tienen para nada en cuenta el fuerte impacto ambiental que genera y los propios estados sólo saben sumar el beneficio, pero no los costes sociales que ocasiona.
La política europea cada vez ha tenido menos en cuenta que se trata de propiciar la vida del agricultor, la EFA. La combinación de burocracia, cosmopolitismo y enfoques liberales, también por parte de la socialdemocracia, han ido llevando al campesinado a un callejón sin salida. Es cierto que hay agricultores que tienen dificultades para afrontar el desafío de la innovación, pero ésta es una explicación ampliamente insuficiente.
En realidad tanto los estados miembros, en nuestro caso las administraciones autonómicas, como sobre todo la Comisión deberían haber medido hace tiempo cuáles eran las consecuencias reales del gran gasto sobre el sector agrario y por qué, pese a él, el malestar ha ido creciendo hasta explotar de forma clamorosa.
Para entender y aportar soluciones a la revuelta campesina (II). Sus causas
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