La apertura de la nueva legislatura a cargo del rey de España ha servido para poner de relieve el nivel de conflicto y alteración que vive la democracia en España. Por un lado, la oposición no aplaudió por primera vez en la historia de la democracia el discurso de la presidenta del Parlamento, Francina Armengol. Y otra, como viene siendo habitual, los independentistas catalanes, Bildu y el BNG estuvieron ausentes. Pero no al PNV. En ese caso, la ausencia fue acompañada de un comunicado en el que cuestionaban duramente la monarquía y la declaraban una institución que carece de legitimidad democrática.
Cabe decir que, además, el discurso de la presidenta del Parlamento fue en gran parte una pieza poco institucional, en el sentido de que se convirtió en una defensa del gobierno formado por Sánchez y de la acción legislativa llevada a cabo por los socialistas. También en este caso es difícil encontrar entre sus antecesores, incluida Meritxell Batet, una intervención de perfil similar.
Existe un proceso de degradación de la democracia española que crece día a día y que es muy intenso.
He aquí 10 de sus claves explicativas
1. El debilitamiento sistemático de la función de control y debate del parlamento. Por ejemplo, el presidente del gobierno hace siete meses que no comparece como tal para debatir con la oposición. Es cierto que en medio han habido las elecciones, pero esta interrupción en modo alguno justifica un lapsus temporal tan largo, más si se considera que no se prevé su comparecencia hasta el 20 de diciembre. Se hurta así una función clave de la democracia representativa.
2. La falta de plenarios. Los plenos del Congreso son el momento álgido y éstos son cada vez más escasos. Francina Armengol ha decidido que no hubiera mientras duraban las negociaciones parlamentarias para hacer gobierno, lo que constituía una grave anomalía que impedía indagar a los diputados sobre la situación política española. De hecho, existe un precedente en la interrupción durante los meses de covid, cuando precisamente el control de un gobierno que aplicaba medidas excepcionales era más importante. Aquella práctica, no cuestionada, ha iniciado toda la erosión parlamentaria que hoy vivimos.
3. La transformación de la representatividad en la burla. La democracia que ejercemos se basa en un principio que fácilmente se transforma en ficción. Se trata de que los diputados elegidos nos representan al día a día de la vida parlamentaria. Si no es así, la democracia se convierte en una pura representación teatral. En el caso español el problema se ve acentuado por las listas cerradas y bloqueadas, que hacen que el elector no tenga diputado al que acudir. Todos estos defectos intentan superarse bajo otro convencionalismo, el del programa electoral que es el vínculo de compromiso entre elegidos y electores. Pero he aquí que este último y débil fundamento de la representatividad se haya visto clamorosamente liquidado cuando el PSOE acudió a las elecciones manifestando su posición contraria a la amnistía, para después cambiar radicalmente de posición. En estas condiciones, la desafección ciudadana por la democracia está mejor justificada.
4. La falta de tiempo y de participación en los debates parlamentarios. Examinar una ley requiere tiempo y también necesita informes técnicos procedentes de fuera del ámbito partidista, al menos los del consejo de estado, los consejos fiscal, el Consejo General del Poder Judicial. De forma sistemática el gobierno ha liquidado todas estas posibilidades haciendo uso de la vía de urgencia, con los que los debates son mínimos y los informes no tienen lugar, la del decreto ley. O sencillamente con el artefacto que, en lugar de realizar un proyecto de ley que tiene todas las pautas de consulta bien señaladas, se hace por la vía de que sea el partido quien lo proponga como propuesta de ley y así ahorrarse los informes. Cabe recordar que Sánchez es el gobierno que más ha utilizado, con diferencia, la vía del decreto ley, y que el propio consejo de estado presidido por la socialista Magdalena Valerio, se ha manifestado recientemente de forma crítica por la elevada cantidad de textos urgentes injustificados que genera el gobierno y que impide un buen análisis jurídico. Existe un grave y sistemático abuso en todo esto.
5. La Mesa y la presidencia del Congreso como apéndice del gobierno. Se presupone que el presidente del Congreso, tercera autoridad del estado junto a la Mesa, es independiente de las pugnas partidistas, con independencia de quien haya sido elegida. La actuación de Armengol y su Mesa señalan por el contrario que son un mero apéndice de la Moncloa.
6. En los temas importantes no hay debate en el Parlamento. Debería ser lo contrario, pero es así. El presidente genera una crisis con su viaje a Israel. Se declara partidario del reconocimiento unilateral del estado palestino y no hay forma de que estas cuestiones sean debatidas en el Congreso.
7. Incumplimiento de las funciones del Congreso y del Senado. Un ejemplo grave y patente hace referencia a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En realidad, la discusión y, en su caso, el desacuerdo no corresponden al gobierno y a la oposición, sino que son facultad de los presidentes de las dos cámaras. Pero, pese al tiempo transcurrido y el bloqueo que se ha generado, ninguno de los dos ha tomado la iniciativa que constitucionalmente le corresponde, ni siquiera cuando en la pasada legislatura ambos eran del mismo partido, el PSOE.
8. Desconsideración del poder ejecutivo hacia el poder judicial. La acusación de lawfare ha indignado a una parte muy mayoritaria de la magistratura, pero en realidad el camino está empedrado ya de previas desconsideraciones. Por ejemplo, la última: el gobierno vuelve a nombrar como fiscal general del estado a García Ortiz pocos días después de que el Tribunal Supremo desautorizara el nombramiento de Delgado como fiscal de sala cuya dura requisitoria descalificaba al fiscal general de el estado. Es el último asunto que ha logrado conflictos y desconsideraciones.
9. Ha desaparecido la instancia constitucional salvaguarda de todo el sistema democrático, porque en su nueva composición el Tribunal Constitucional actúa descaradamente como un órgano más de la mayoría gubernamental.
10. Sirve de poco la legislación sobre transparencia si el gobierno no responde. O tarda, ya en subterfugios, la respuesta, impidiendo así un instrumento importante tanto para los parlamentarios como sobre todo para los ciudadanos.
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