Lo mínimo que puede decirse de los acuerdos alcanzados por el gobierno en funciones de Sánchez y el independentismo, concretado con ERC, es que son muy importantes.
De forma relevante, lo que hace referencia a la amnistía, que tendrá efectos para los delitos cometidos desde 2013 relacionados con el proceso, si bien, como veremos, Junts todavía no ha expresado su conformidad. La ley no es conocida, pero corre una versión que no se sabe hasta qué punto es fidedigna, y es la que ha encendido los ánimos de parte de la magistratura.
Si la ley se aprueba en el Congreso, deberá pasar por el Senado y éste, con mayoría del PP, modificar el reglamento para que el carácter de urgencia de las tramitaciones de las leyes no vengan determinados por el gobierno, sino por la Mesa del Senado, como ya ocurre en el Congreso.
Esta nueva tramitación alargará unos meses la aprobación de la ley, por tanto, es previsible que hasta bien entrado el próximo año no esté resuelta y aún le faltará superar otros obstáculos. Concretamente, las cuestiones de inconstitucionalidad que con mucha probabilidad presentarán al Tribunal Constitucional el magistrado Manuel Marchena del Tribunal Supremo, por un lado, y por lo que respecta al Tsunami Democrático y a los grupos calificados jurídicamente de terroristas, por parte del juez García Castellón Audiencia Nacional, además del recurso de inconstitucionalidad que ya habrá presentado el PP. Por tanto, y como ya se sabía, la cuestión se saldará en el TC, pero no hay demasiadas dudas de que la fiel mayoría gubernamental, que en este momento tiene esta instancia y vistos los precedentes de su actuación, declarará la ley constitucional.
De hecho, existen indicios de que en su redacción han intervenido opiniones de los magistrados de la más alta instancia, eso sí, con toda la discreción. La ley tendrá efectos inmediatos, especialmente para Puigdemont y Rovira, que podrán volver y, como carecen de causa de inhabilitación pueden ser candidatos en cualquier momento. Más confusa será la situación de los condenados e indultados pero que mantienen la inhabilitación. Posiblemente, tendrán que esperar al final de todo el largo proceso para ver liquidada esta pena.
Los 16.000 millones de condonación de deuda. Un hito importante y que con cierto sentido puede generar tanto revuelo en las demás autonomías como la amnistía. Se trata de la condonación de 16.000 millones de deuda de los 71.306 millones que la Generalitat tiene contraída con el estado. Es decir, una condonación de aproximadamente el 20% además del ahorro de 1.500 millones en intereses. Es una ganancia que beneficia a las finanzas de la Generalitat aunque queda a años luz de resolver el problema de la financiación.
El gobierno en funciones ha anunciado que generalizará esta meta, pero evidentemente tiene efectos diversos porque cuanto menos endeudada está una comunidad autónoma con el estado, porque ha hecho una gestión más esmerada, menos beneficios sacará, y evidentemente este hecho levanta protestas por todas partes. Madrid, que carece de endeudamiento con el estado porque su solvencia le permite acudir al mercado internacional, será la más afectada. Hay que ver si este hecho no acaba convirtiéndose en un mayor agravio comparativo que el que pueda significar la amnistía. Incluso para los sectores partidarios del PSOE.
Traspaso de Cercanías. Según evolucione se convertirá en una patata caliente o una bomba de relojería. No existen plazos para el traspaso ni se ha cuantificado la inversión. En realidad, no es tanto un traspaso a la Generalitat como una empresa mixta de nueva creación formada por la institución catalana y el gobierno del estado con un consejo de administración paritario y un presidente nombrado por la Generalitat, con decisiones determinantes obligatoriamente adoptadas por mayoría calificada. El decisivo sindicato de maquinistas de Renfe se opone a la medida, como ya hizo en el pasado logrando bloquearle en épocas de Rodríguez Zapatero.
Relator (¿internacional?) . Es un “tanto” para Puigdemont, pero de incierto alcance porque sólo se ha concretado que sea una persona de reconocido prestigio. A cambio, la mesa de diálogo/negociación de ERC se mantendrá.
Referéndum. No está nada claro, lo que se concreta es «en la mesa de diálogo se hará un seguimiento activo entrando en una fase de planteamiento, análisis y diálogo sobre propuestas políticas cuyo resultado final podría ser refrendado por el pueblo catalán».
Hecho nacional. El texto considera que existe un debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña y que las partes tienen diferentes concepciones. Esto es todo.
Suficiencia financiera. Se ha logrado el compromiso para unos capítulos concretos. Estará garantizada para los Mossos d’Esquadra, los nuevos órganos judiciales, los servicios penitenciarios, la investigación científica y técnica y las becas y ayudas en los estudios.
Inversión pública. Se recoge la disposición adicional del Estatut que el TC declaró no vinculante de que fuese equivalente al peso del PIB nominal de Cataluña con el estado.
Con todo ello, Puigdemont, que había alcanzado gran protagonismo, ha quedado en segunda fila. Y por el momento no ha firmado nada, que no quiere decir que no lo haga próximamente. Su discrepancia radica en la amplitud de la amnistía porque en concreto hay casos que no dependen directamente del referéndum del 1-O, como los presuntos delitos de malversación de fondos públicos para los encausados de la operación Volhov, que con el redactado actual se verían excluidos. En cualquier caso, es evidente que en el último momento ERC ha hecho el sorpasso de notoriedad a JxCat.
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