La pregunta no es en vano, y nace, entre otras razones, del contenido del pacto de gobierno presentado ayer por Sánchez y Díaz, y la cuestión es pertinente porque el peronismo se caracteriza por adoptar medidas económicas “populares” o populistas, es decir, que en la mayoría de los casos, y cogidas una a una, son gratificantes, pero que se aplican sin medir sus consecuencias y acaban formando una telaraña que ahoga al país. Argentina es uno de los casos más patentes de las consecuencias que tiene esta forma de hacer política.
El acuerdo de gobierno incorpora muchas medidas, si bien el foco mediático se ha centrado sobre todo en la reducción de la jornada laboral. Es la que parece brillar más entre las 230 medidas que configuran el programa, aunque su conjunto merece también una atención especial, dado que es el marco que dibuja el que querría ser el futuro gobierno Sánchez si acaba de ponerse de acuerdo con todos los demás grupos de los que necesita los votos.
Consideramos hoy la reducción de 37,5 horas. ¿Cuál es su alcance? Se trata de rebajar las 40 teóricas horas actuales a esa cifra en dos fases, la primera para el próximo año donde la jornada laboral sería de 38,5 horas.
Es necesario relativizar este hecho porque lo que cuenta es el número de horas trabajadas al año. En la actualidad en España son 1643 horas. Lo que ocurre es que los días laborables de las 52 semanas que tiene el año quedan reducidas a 46 porque existe el período mínimo de vacaciones y los 14 días festivos que se producen a lo largo del año.
La media de horas trabajadas semanales en Europa es de 37,5, pero ya se sabe que esta forma de medir engaña y que es mucho más representativa la mediana que se sitúa en las 39 horas. Con las 40 horas, España estaba en el lado alto de los países. Con las 37,8 se situará por debajo de la mediana. El país que dedica menos horas a la semana a trabajar son Países Bajos con 33,2 horas y Alemania con 35,3. Ambos tienen productividades muy altas, mientras que donde se trabaja más es Grecia (41 horas) y Polonia (40,4 horas). Como curiosidad, porque debería matizarse el hecho, en Suecia se trabajan 38,9 horas ligeramente por encima de la nueva cifra española.
Pero, ¿cuál es el alcance real de la medida? Según la encuesta de población activa del INE, la semana laboral media en España es de 33 horas. Por tanto, lo que quiere aplicar el gobierno ya existe en la práctica como valor medio, pero claro, un pollo a repartir entre 2 personas no siempre significa que cada uno se coma medio, y éste es también el caso con las horas de trabajo semanal. Por ejemplo, territorialmente el País Vasco ya está, por convenio, por debajo de la cifra pactada por el gobierno y algo más de la mitad de la población laboral trabaja por debajo de las 40 horas. En unos casos porque se ha pactado entre empresas y sindicatos, en otros porque se trata de trabajos a tiempo parcial, aunque las personas afectadas querrían trabajar más horas. Sumado y restado, la medida del gobierno afectará al 48% de los trabajadores, unos 10,1 millones de personas, muy concentrados en la construcción, hostelería, comercio, transporte y, en una medida variable, la industria.
Cabe recordar que en el sector público, que es siempre el gran beneficiario de todo el régimen laboral, esta jornada de 37,5 horas ya existe. No puede decirse que sus efectos sean beneficiosos para los ciudadanos. Es un caso claro en el que la disminución de horas no ha supuesto una mejora de la productividad.
La medida no sólo tendrá un efecto limitado sobre los trabajadores por los datos que hemos visto, sino que además tendrá consecuencias dispares. Reducir 35 minutos al día la jornada laboral sin tocar el salario puede ser relativamente fácil de integrar en la gran empresa, y cuanto más tecnificada pueda ser ésta, más fácil será. Pero puede ser un factor muy complicado para las pymes y, sobre todo, las microempresas y trabajadores autónomos con asalariados. Dos consecuencias de la reducción horaria pueden ser la futura limitación del aumento de los salarios, que ya son uno de los problemas de los trabajadores de este país, y la sustitución del trabajo donde sea posible por la robotización y aplicaciones de la Inteligencia Artificial.
Por otra parte, su aplicación puede quedar en muchos casos en nada. Ahora ya está el caso de las consultoras que son empresas que explotan laboralmente a sus asalariados a base de vender como cultura de empresa el trabajo sin límites, sin horas extraordinarias, una especie de culto, pero con argumentos capitalistas, de las prácticas estajanovistas de la Unión Soviética. No sólo eso, sino que las consultoras liquidan cuidadosamente todo intento de que haya personal adscrito a sindicatos. No en todos los casos, pero sí en demasiados, para evitar reclamaciones laborales. Y este hecho queda impune a pesar de que las consultoras tienen como uno de los principales clientes a las administraciones públicas, que en su contratación prescinden de toda exigencia de verificación de las condiciones laborales de los trabajadores de estas empresas. Si esto ocurre de una manera tan escandalosa y notoria, podemos dudar mucho de que hecha la ley no se haga la trampa y que las 37,5 horas queden como una pura formalidad.
Sería bueno en este sentido que el gobierno diera muestras de que va en serio y actuara de una vez por todas sobre estas empresas de servicios privilegiadas en sus relaciones con las administraciones públicas para hacerlas adecuar al régimen laboral que existe en el país.
En cualquier caso, dos grandes cuestiones se ciernen sobre la medida de la jornada laboral. Una, la falta de estudios y adecuación de su impacto, que será muy variable según territorios y sectores. Segunda, que es una clara invasión del ámbito del diálogo social entre sindicatos y organizaciones empresariales y ese intervencionismo reiterado por el gobierno es una práctica que no ayuda para nada a generar un buen clima de empresa. Los “ságalas” acaban estallando por algún lado.
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