En España existen 3 millones de parados, muchos de ellos de larga duración. Y también muchos integrados por personas mayores de 50 años que, pese a sus esfuerzos, no encuentran trabajo. En el otro extremo, batimos récords europeos en paro juvenil, pero al mismo tiempo hay 1 millón de puestos de trabajo sin cubrir. ¿Cómo se explica ese desajuste tan llamativo?
Una primera pregunta se hace evidente. ¿De qué sirve la millonada que el gobierno gasta en servicios de empleo cuando se manifiestan incapaces de resolver grandes contradicciones como la antes apuntada? De hecho, su incapacidad es tal que, como todos los usuarios desgraciadamente saben, el problema empieza por conseguir que te atiendan. Es la maldita cita previa de tan difícil acceso porque o no saben o no contestan, apoyados por la paranoia de la digitalización, que está sirviendo no para ayudar al ciudadano, sino para tecnificar lo que ha hecho famosa la burocracia de este país: “vuelva usted mañana”.
Una realidad evidente de los puestos de trabajo que no se ocupan es por los bajos salarios. Y aquí es donde entra en juego un sistema adverso. El 42% de los puestos de trabajo, más de medio millón, creados en el último año, han sido ocupados por trabajadores extranjeros. En el cómputo total son ya el 13% del total de trabajadores de la Seguridad Social. Más de 2 de cada 5 nuevos puestos de trabajo han sido ocupados por gente de fuera que sí está dispuesta a trabajar en determinados sectores (servicios, hostelería y agricultura), por salarios que las personas del país no quieren ocupar. Y aquí entra en juego la distinta posición entre los autóctonos y los foráneos.
Si bien el nivel salarial español es bajo en Europa, comparado con los países de origen de la inmigración es alto o muy alto. Pero, además, ofrece unas ventajas extraordinarias porque es una sociedad mucho más segura y éste es un gran valor para muchas personas de América Latina, y tiene una magnífica oferta de servicios sociosanitarios y una escolarización casi gratuita para sus hijos. Todo este paquete facilita la inmigración a pesar de los salarios y la disponibilidad a realizar el sacrificio de dedicar una parte muy elevada de sus ingresos a pagar el precio del alquiler. El resultado es una tendencia creciente y acumulativa y la consecuencia en el plano económico es que favorece la expansión de sectores con trabajos de bajo valor añadido.
Una vía de respuesta a esta cuestión es seguir elevando el salario mínimo. Pero este hecho tiene muchas repercusiones adicionales porque incide sobre el conjunto de la actividad económica y además induce a realizar trampas para esquivar la cuestión, como es el fraccionamiento de las horas de trabajo. Sin negar que sea una solución, hay que tener cuidado porque puede contribuir aún más a deteriorar los puestos de trabajo. Sólo severas restricciones en la llegada de nuevos inmigrantes, permitiendo en todo caso el reagrupamiento familiar de quienes llevan años de residencia en el país, podría atenuar esta tendencia, que está resultando desastrosa para la renta de la mayoría de gente.
El gobierno, en los documentos entregados en Bruselas, establece que entre 2023 y al año siguiente se crearán 700.000 puestos de trabajo, que son muchos. ¿Pero la cuestión es cómo serán? porque donde hay demanda es precisamente en la hostelería, en la construcción y en todas aquellas ocupaciones que el trabajador autóctono no quiere desarrollar porque están mal pagadas.
El resultado, como hemos visto en las cifras precedentes, es que cada vez se necesitan más inmigrantes. Por eso la gran patronal es muy favorable a que no haya barreras que permitan ese acceso.
La paradoja, si se puede decir así, es que al mismo tiempo deben migrar profesionales cualificados porque no encuentran trabajo de su nivel o de retribución adecuada. Haciendo una caricatura se puede decir que importamos camareros y kellys y exportamos médicos, enfermeras y científicos. Es una doble descapitalización para el país.
De hecho, es un esquema, si bien no tan intenso, de los países poco desarrollados, de los que tienden a emigrar a la gente más cualificada y con mayor empuje, mientras mantienen la población los menos capacitados.
Sin embargo, el problema es más extenso porque la tendencia de las jubilaciones anticipadas se mantiene, a pesar de todas las medidas para evitarla, al tiempo que se sustituye personal de alta calificación de más de 50 años por nuevos responsables, pero que ya no tienen ni el estatus ni la retribución de la persona a la que sustituyen. Parece como si la única finalidad de parte de las grandes empresas fuese reducir costes y que las nuevas tecnologías sirvieran para ello y no para mejorar las condiciones de los trabajadores. El dolor de fondo es la falta de prosperidad compartida.
El resultado de esa dinámica en términos globales es la pérdida de nivel salarial. De hecho, España es la que registra la mayor caída en este sentido, en el marco europeo y explica por qué a pesar de la incorporación hace años de países más pobres que nosotros, hoy la renta per cápita española esté un 30% por debajo de la media europea.
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