Por debajo de los relatos oficiales aflora la realidad y sus límites. Sánchez reitera una y otra vez que gobernará y no se cansa de repetir que todos los pactos estarán dentro de la letra y el espíritu de la Constitución. Tiene a su favor disponer del Tribunal Constitucional más partidista de toda su historia y, por tanto, que validen la ley que pueda dar paso a una amnistía con ese u otro nombre.
Sin embargo, ahora ya están aflorando los límites también de esta voluntad progubernamental del TC, y son corporativos. En el mundo de la justicia se va generando una fuerte presión sobre todo por parte de jueces, pero también fiscales, en contra de lo que Sánchez intenta hacer. Y este hecho coartará a alguno de los magistrados que decidirían sobre la constitucionalidad, porque en definitiva deben seguir viviendo en este mundo del derecho y la justicia.
También, de una manera mucho más oscura, emerge el malestar en los cuadros superiores de la policía y sobre todo de la Guardia Civil porque la amnistía pondría de relieve que actuaron de forma muy dura sobre una causa justa, y además no está claro que los agentes hoy imputados también fueran sujetos del olvido legal.
En un acto de la CEOE y en Galicia, Sánchez no ha expresado ninguna referencia a la posible amnistía. Y esto hace aforar la posibilidad de que si lo ve muy cuesta arriba, intente ganar la mano a Puigdemont, renuncie al acuerdo y se presente como gran valedor de la Constitución, que no está dispuesto a sacrificarla para lograr un poder personal. En ese caso ni siquiera iría a la investidura y haría otro gran anuncio de nuevas elecciones a las que acudiría con la bandera de la rectitud y dejaría descolocado, o al menos lo intentaría, al PP porque se habría quedado sin el principal argumento crítico.
Esta decisión de Sánchez es cada vez más verosímil porque el acuerdo con JxCat tiene un coste político extraordinario sobre todo si no renuncia a la unilateralidad de la declaración de independencia. Puede renunciar, ya lo ha hecho, ERC. Pero en estos momentos las encuestas dan a Puigdemont ser la primera fuerza con diferencia en unas elecciones en Catalunya y también en las europeas del próximo año, relegando a ERC a tercera fuerza y los comunes a la quinta posición. ¿Pero aceptarían los votantes de JxCat una amnistía sin horizonte por la independencia? Porque el referendo pactado es una entelequia, dado que necesita primero un acuerdo del Congreso con los votos del PP y, segundo, el cambio constitucional que lo haga posible aprobado por referendo en toda España.
Hay otros factores en juego que dificultan el acuerdo con Sánchez. Uno es el del catalán en Europa que ya está claro que no se acordará en la fecha inicialmente prevista, que va para largo y que además existe el precedente desfavorable del intento fracasado del 2004. También está en juego el impreciso mecanismo de verificación que, según se concrete, puede significar un imposible aceptar por el gobierno socialista. La condición de que el marco de la negociación sea en los tratados internacionales, que es una forma de alcanzar la unilateralidad, es también una fuerte barrera.
Está claro que el otro lado está el atractivo de las consecuencias de la amnistía. Quedar limpios, poder ir de nuevo a las elecciones, incluso ocupar la presidencia de la Generalitat. Ahora un nuevo hecho presiona en este sentido. Es la sentencia de 4 años de cárcel para el exconseller Buch.
La inquietud en el campo socialista es evidente, como lo manifiesta la expulsión de un histórico como Nicolás Redondo Urbieta, hijo de quien fue el primer secretario general de UGT, Nicolás Redondo. Felipe González ya ha hecho la frase en un acto en Sevilla organizado por la Cámara de Comercio: “Su padre me convocó una huelga y no se me ocurrió expulsarle”.
En este contexto de posibles elecciones, por una jugada anticipada de Sánchez o por ruptura con Puigdemont, se evidencia que el primer partido de Catalunya, el PSC, está totalmente marginado de la negociación y no pinta nada. Al ser una fuerza dependiente de la central de Madrid no le sirve de nada ser la primera opción electoral en Cataluña. Ni tener un ministro. Incluso la sorprendente y escandalosa dimisión de su cabeza de lista, Meritxell Batet, a dos meses de las elecciones no ha provocado explicación alguna por parte del partido que muestra así que hay hechos que le pasan sencillamente por encima. Para aquellos electores que se tomen en serio su voto, todos estos hechos deben provocarles un fuerte desencanto porque no votan a una opción vinculada a una dinámica catalana, sino a un subalterno de la política española.