¿Realmente todo está bien en la ley que aprobó Sánchez y que entró en vigor en junio del 2021 sobre la eutanasia y la legalización del suicidio asistido? ¿Es jurídicamente legítimo que se haya producido, por ejemplo, esta aceptación del suicidio sin mencionarlo ni una sola vez por su nombre? ¿No es una trampa? El hecho de que la tramitación de la ley fuera llevada a cabo de forma que no contara con los informes preceptivos del Consejo de Estado y en este caso de la fiscalía, ¿no debería haber obligado al TC a una observación más atenta de los contenidos? ¿Tiene sentido que cuando los suicidios se han convertido en una plaga (ya alcanzan la tasa de 8,4 por 100.000 habitantes), el TC no tenga nada que decir sobre su aceptación por la puerta trasera?
En este caso, además, el ponente fue el propio presidente del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, quien una vez más sirvió con creces a los intereses del gobierno. Ya lo hizo cuando la sentencia sobre el aborto, en la que él y otros dos magistrados se pronunciaron a pesar de que no podían hacerlo porque estaban contaminados a causa de las manifestaciones sobre el aborto que habían hecho en anteriores períodos de su actividad profesional, y esto la justicia no lo admite porque se considera que el juez que ya ha manifestado su posición sobre una cuestión no puede participar en la sentencia de esa misma cuestión.
No debe extrañarnos esto ni nada de lo que pueda venir en otros campos por parte del TC, que es simplemente un apéndice más del gobierno. Porque no sólo aprueba las leyes que están recurridas y que son emblemáticas para Sánchez, sino que además redondea sus planteamientos.
Ahora mismo, con la sentencia sobre la eutanasia aceptando de pe a pa todo lo que dice la ley, niega el derecho a que las instituciones, por ejemplo hospitales católicos, puedan hacer objeción de conciencia. Lo razona a base de decir que de esta forma impide una prestación sanitaria, porque la eutanasia ha sido calificada en este sentido. Y aquí se abre un conflicto potencial con la Iglesia, porque la Conferencia Episcopal Española ya manifestó en una nota doctrinal que «se legítima la objeción de conciencia institucional de aquellas leyes que confieren su ideario«. «El Estado tiene el deber de reconocer este derecho y si no lo hace pone en peligro la libertad religiosa y de conciencia».
El estado impone una prestación sanitaria, la de matar a las personas que lo piden, contrariando principios fundamentales como son los de la libertad religiosa y de conciencia. Es una manifestación más que la Constitución es papel mojado ante las interpretaciones creativas del TC y este hecho aún se hace mayor cuando el TC defiende además que la eutanasia es un derecho fundamental porque “la prestación de la ayuda a morir incide en la facultad de autodeterminación de la persona”. En realidad ese derecho, que ya utilizó en el caso del aborto, no existe en la Constitución española. Lo que sí existe, por ejemplo, es el derecho fundamental a la vida definido en el art. 15 de la CE. Pero el TC de Conde Pumpido actúa como una nueva cámara legislativa y establece un nuevo derecho a partir de la creatividad. Porque entiende que el arte 10.1, que habla de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad, da pie a consagrar esta nueva figura jurídica del derecho a la autodeterminación. Bajo esta mecánica el TC no sólo allanará el camino de todas las leyes que haga el gobierno Sánchez, y hará encajar la CE en las leyes en lugar de la inversa, sino que paso a paso irá modificando el contenido generando nuevos derechos o supeditando derechos fundamentales, como el caso del derecho a la vida o de la libertad de conciencia, a otros derechos de carácter más funcional como el de la prestación sanitaria.
Lo grave de todo esto es que este ensalzamiento de la eutanasia y del suicidio se produce en nombre de la libertad que existe, sin la cual no sería posible autodeterminarse. Pero ésta es una afirmación falsa a partir del momento en que la única opción que hay en muchos casos es que te mate un médico o morir sufriendo porque los cuidados paliativos no llegan a cubrir las necesidades del conjunto de la población que los pide.
De hecho, es público y notorio por los recursos en este servicio que debería ser, esta sí, una prestación sanitaria generalizada, en España sólo llegan a la mitad de lo necesario. No hay libertad cuando la opción es tan bestia como tener que escoger entre sufrir o que te maten. Pero aún es peor porque el gobierno se ha negado sistemáticamente, y no será porque los presupuestos generales del Estado hayan sido escasos, a dotar de recursos al sistema de cuidados paliativos.
Su desprecio por el sufrimiento de las personas de sus necesidades se pone de manifiesto al haber dejado caer la ley sobre los enfermos de ELA, después de meses y meses de tenerla paralizada en el Congreso. Algunos de estos enfermos en una fase avanzada de su enfermedad sólo pueden mantenerse en vida aplicando recursos muy costosos y esto hace que al final, por falta de ayuda, a muchos de ellos no les quede otro remedio que pedir que lo maten, pero lo hacen por desesperación porque en realidad lo que piden es ser ayudado para seguir viviendo. Uno de los activistas en este sentido, el enfermo de ELA Jordi Sabater, ya ha dicho que al final si no es ayudado, se verá obligado a pedir la eutanasia, aunque no es su voluntad porque hoy en día vive gracias a “ 5 ángeles de su familia” que le ayudan a pagar los 200.
La eutanasia es, sobre todo en las condiciones españolas, una amenaza para los más débiles y con carácter más general generadora de un creciente problema social que puede resumirse en los siguientes cuatro puntos:
- Deslizamiento hacia la presión social y la carencia de consentimiento real:Legalizar la eutanasia lleva a una presión social sutil pero constante sobre las personas enfermas o discapacitadas para que consideren la eutanasia como una opción, incluso cuando no la quieran realmente. Referencia: “The Slippery Slope of Euthanasia” (El deslizamiento hacia la eutanasia) – Margaret Somerville, The McGill Journal of Medicine, 2001.
- Riesgo de abuso y discriminación:La eutanasia podría exponer a las personas más vulnerables, como las personas con discapacidades o aquellas que no pueden expresar claramente su deseo, a un mayor riesgo de abuso y discriminación. Referencia: “Legalizing Euthanasia or Assisted Suicide: The Illusion of Safeguards and Controls” (Legalizar la eutanasia o el suicidio asistido: la ilusión de salvaguardias y controles) – Euthanasia Prevention Coalition, 2018.
- Impacto en la relación medicopaciente:
La eutanasia podría erosionar la confianza en la relación medicopaciente, ya que algunos pacientes podrían temer que los médicos estén impulsados a considerar la eutanasia como una solución más rápida y económica en lugar de agotar todas las opciones de tratamiento. También modifica la mentalidad del estudiante de medicina que verá la vida humana bajo una perspectiva distinta. Referencia: “Euthanasia and the Medical Profession” (La eutanasia y la profesión médica) – John Keown, The Linacre Quarterly, 1997. - Posibles efectos en la percepción de la vida:Que enlaza con la transformación mental del fin de la medicina, porque La legalización de la eutanasia envía un mensaje a la sociedad de que la vida humana tiene un valor relativo y que la eliminación de la vida es una respuesta aceptable a ciertos problemas, lo que podría cambiar la percepción general de la importancia de la vida. Referencia: “Euthanasia and the Sanctity of Life” (La eutanasia y la santidad de la vida) – Luke Gormally, Bioethics, 1995.
