Retórica al margen, el gobierno de ERC aplica un tope económico a los catalanes por medio de los impuestos. Lo señala claramente la presión fiscal normativa, es decir, aquella que determina la legislación que existe en cada comunidad autónoma.
Si la media española es 100, Cataluña se sitúa en un 123,8, es decir, casi un 25% más. Es con diferencia la primera. Le siguen a distancia la Comunidad Valenciana con 116,3, Aragón 115,3 y Asturias 115. Las demás están por debajo de la media o ligeramente por encima, como Baleares con 104,3. Y que no se hable de la financiación y del déficit fiscal porque no existe relación. Baleares tiene un déficit fiscal por persona mayor que el catalán, y Madrid presenta la presión fiscal normativa más baja de toda España, 76,2%, aunque tiene un déficit fiscal mucho mayor también, aunque aquí juegue mucho el factor de capitalidad. Pero a pesar de este hecho es evidente que la financiación de la comunidad de la capital de España no es ni de lejos mejor que la catalana.
Hay detrás de esto una decisión política y también un mal uso del dinero. El escándalo de los presupuestos de TV3 y Catalunya Ràdio con plantillas superhinchadas y que a pesar de ello encargan a empresas externas la mayor parte de la producción es una muestra de este mal uso económico de los recursos, que se ha manifestado también con las ayudas a las personas y familias para combatir la inflación.
Ahora se han conocido los datos de Hacienda sobre cómo ha actuado cada comunidad autónoma para ayudar a sus habitantes a paliar los efectos de la inflación. La medida más aplicada la han realizado 8 comunidades, ha sido LA de la rebaja de la fractura fiscal, es decir, la deflactación para evitar el impacto que el aumento de los costes representaba. En conjunto, estas 8 comunidades han ahorrado a sus habitantes 1.700 millones de euros que no está mal. Se trata de Andalucía, Castilla y León, Madrid, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana. En este caso el gobierno ha sido sensible a que la presión fiscal que registran en sus ciudadanos es elevada. Otras comunidades como Canarias, Castilla la Mancha o Cantabria han ido por una vía de apoyo más pequeña. Han aplicado deducciones a tanto alzado que han oscilado entre los 100 y los 225 euros, lo que ha supuesto un ahorro de 311 millones de euros.
Todo este movimiento favorable contrasta con la situación de Catalunya, donde el gobierno, pese a la elevada presión fiscal que aplica, se ha negado en redondo a reducir temporalmente sus impuestos. Aragonès y ERC, con el apoyo de los socialistas, consideran que el mejor lugar donde puede estar el dinero de los catalanes es en los bolsillos del gobierno.
Es evidente que no compartimos este punto de vista y es evidente también que el independentismo y el alineamiento incondicional con los socialistas ha establecido una muralla acrítica que da por bueno todo lo que se hace sin considerar el daño real que se está infligiendo a las personas, a las familias, a los trabajadores autónomos, a la pequeña empresa, porque la mayor hace ya tiempo que ha ido desplazando a las sedes fiscales de Catalunya.
El resultado de todo ello es lamentable
La Generalitat recaudó 23.767 millones de euros en el 2018. Y es la primera comunidad en recaudación, por encima de Madrid. Y a ello hay que añadirle aún la circunstancia de que los municipios catalanes son también los que más recaudan, más de 6.000 millones de euros. De hecho, entre comunidad autónoma y municipios, en 2018 pagamos a nuestras administraciones 30.000 millones de euros. Esto significa una media por habitante de 4.000 euros. Ésta es la cifra que salió del bolsillo de cada catalán de media en el 2018. Hoy todavía es superior.
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