Varios países de la UE no ven con buenos ojos que el gobierno español de Pedro Sánchez se salga con la suya para hacer que el catalán, el vasco y el gallego se conviertan en lenguas oficiales de la Unión Europea el 19 de septiembre.
Este posicionamiento podría suponer un serio problema para Sánchez, que necesita desesperadamente el sí de Carles Puigdemont para conseguir su tan ansiada investidura tras las inconclusivas elecciones del 23 de julio.
Pero a su favor, Sánchez cuenta con una carta particularmente buena para salirse con la suya, y es que España ocupa la actual presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea.
Así pues, la petición formal del ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares pidiendo a dicha presidencia que recogiera la demanda de Junts haciéndola entrar en la agenda de la próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales prevista precisamente el 19 de septiembre, recibió toda la atención necesaria.
Seis años después de los hechos del uno de octubre del 2017 y cuando Europa ya había prácticamente olvidado la existencia del conflicto catalán, la cuestión vuelve de la forma más repentina posible a Bruselas.
Mientras, en la capital administrativa de la UE el ambiente es escéptico. Según recoge el siempre bien informado diario Politico.eu, tanto diplomáticos de los países miembro como funcionarios europeos no piensan que Sánchez obtenga fácilmente lo que pide.
De entrada, existen dos problemas de fondo:
En primer lugar, los costes financieros que implica incluir tres nuevas lenguas a las 24 que ya son oficiales. Y es que el catalán sea un idioma de la UE no es ni de lejos una decisión simbólica, sino que implica que se pueda comunicarse con las instituciones europeas y recibir respuestas en el idioma en cuestión.
También significa que la extensísima producción normativa europea debe estar disponible en la lengua oficial, y esto con efectos retroactivos. Para hacerse una idea de lo que esto implica, tan solo el pasado año la Comisión dedicó 355 millones de euros a gastos de traducción. Cuando en 2013 Croacia se convirtió en un nuevo estado miembro, 5 millones de euros fueron inicialmente dedicados a los gastos relativos a la lengua croata.
Y, en segundo lugar, el precedente que las tres lenguas cooficiales españolas generarían también preocupa. Éste podría, según se dice, generar un efecto dominó en el seno de la UE. Por ejemplo, Francia teme que si el vasco se convierte en un idioma oficial, las reivindicaciones políticas tanto del País Vasco francés como de Córcega y Bretaña se reactivarían.
Pero además, existe también una cuestión de forma que ha molestado a muchos países.
Y es que el gobierno español, llevado por las prisas y bajo la presión de Puigdemont, no solo no ha colocado el tema en la agenda de la reunión del Consejo del día 19, sino que además ha introducido con calzador la misma adopción de la decisión.
Según un funcionario europeo consultado por Politico.eu, estas malas maneras harán que los socialistas españoles «corran derecho hacia un muro». Y añade que si bien todo el mundo puede entender la situación política española, un intento tan chapucero «simplemente dejará a Sánchez con las manos vacías».
A su vez, Carles Puigdemont fue muy claro cuando en su discurso del martes 5 de septiembre pidió que el mismo día 19 el Consejo de Asuntos Generales votara a favor de la resolución, declarando que si España quería verdaderamente hacerlo, podía perfectamente.
Asimismo, según fuentes del ministerio de asuntos exteriores consultadas por el mismo diario, Albares ha estado manteniendo contactos con numerosos homólogos y no habría recibido ninguna indicación de que su petición no recibiera el apoyo unánime de los otros 26 estados miembros que se necesita para ser aprobada.
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