El actual marco constitucional también es conocido, a menudo en un sentido peyorativo, como “régimen del 78”. Pues bien, ayer 4 de septiembre empezó el nuevo régimen que será conocido como el del 2023, de la mano de quien es su sonrisa, la vicepresidenta Yolanda Díaz.
La reunión entre Díaz y Puigdemont en el Parlamento Europeo es algo muy fuera de la corriente y sin precedentes. La vicepresidenta del gobierno y líder del partido de la coalición que la forma se entrevista con Puigdemont, reclamado por la justicia, en concreto por el Tribunal Supremo, y que sería detenido si volviera a España, y juzgado, y que tiene un litigio sobre la situación en el Tribunal Europeo de Justicia. En este hecho está el reconocimiento político de la legitimidad de las actuaciones llevadas a cabo por Puigdemont y quienes le acompañaron, es decir, la proclamación de la independencia.
Ésta es la fotografía de los hechos, y cuando digo que no tiene precedentes defino exactamente la realidad. Querer buscar un paralelismo con Tarradellas es abusivo porque el presidente de la Generalitat no tenía ninguna situación de deuda con la justicia española. Se trataba sólo de una cuestión política, que se resolvió políticamente. Pero no es el caso de Puigdemont. Y esto es así porque en su momento y a lo largo de los años el PSOE y Sánchez quisieron que así fuera, que fuera un delincuente que tuviera que saldar cuentas con la justicia española y el actual presidente en funciones del gobierno, así lo declaró en más de una ocasión.
Un punto central de todo esto giró en torno a la amnistía que es la única forma de conseguir que Puigdemont pueda volver sin pasar por la justicia, porque el indulto personal sólo es posible cuando la cosa ha sido juzgada.
Es también evidente que la corriente principal y ampliamente mayoritaria en el ámbito del derecho constitucional y penal considera que la amnistía no es constitucional.
Pero atención, cuando hablo del nuevo “régimen del 2023” se debe a que se están operando cambios para modificar la Constitución por vías espurias, sobre todo a cargo del actual Tribunal Constitucional que, recordémoslo, tiene una clara mayoría gubernamental con miembros caracterizados por su compromiso político con el PSOE y con el gobierno. Su arbitrariedad se ha hecho evidente con la sentencia del aborto cuando se han negado a ser recusados y abstenerse de dicha sentencia porque no eran imparciales ni independientes a consecuencia de que antes habían intervenido, en función de sus cargos, en la materia que ahora juzgaban, la constitucionalidad de la ley del aborto. Y esto es de calle motivo de recusación. Más tarde o más temprano esta circunstancia terminará en el Tribunal Europeo de Justicia, pero mientras, el TC sigue actuando a sus anchas, aplicando el derecho creativo y las analogías y modificando el alcance y sentido de la Constitución,
Este escenario de la más alta instancia constitucional se mezcla a su vez con el bloqueo que el gobierno ha sometido al Consejo General del Poder Judicial impidiendo que lleve a cabo nombramientos hasta que se renueve. El resultado, por ejemplo, es que 1 de cada 3 plazas del Tribunal Supremo están vacantes y eso comporta toda una cadena de retraso con la ya de por sí muy lenta justicia española. Los daños económicos y legales que esta situación comporta son enormes y que, ligados a las huelgas sufridas por el personal de la administración de Justicia, hacen que España tenga ese ámbito del estado en las peores condiciones de toda la UE. Más tarde o más temprano, este hecho también pasará factura.
Este martes 5 de septiembre Puigdemont definirá sus condiciones para votar favorablemente a Sánchez. Pero es difícil que no lo haga, entre otras razones porque dentro del paquete de contrapartidas existe la resolución favorable de la sanción de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas impuso a 35 miembros, entre ellos Puigdemont, ámbito independentista y también, recordémoslo, porque existe la amenaza por parte del gobierno de hacer inviable vía hacienda las aportaciones de empresarios a Puigdemont y al Consejo de la República.
La cuestión de fondo es cómo se resuelve la amnistía, pero el camino parece plano: el Congreso hace una ley, es llevada al TC, esta tarda meses en resolver y cuando lo hace es en términos positivos para el gobierno. Se acabó el tema de la inconstitucionalidad porque estamos, recordémoslo, dentro del nuevo «régimen del 2023«.
La segunda característica es la destrucción de la independencia y de la capacidad de actuar de la justicia y del poder judicial, que determina necesariamente el predominio creciente del ejecutivo y la transformación en un régimen presidencialista de facto en el marco de la dinámica de las modificaciones que se están produciendo.
Queda mucho más colgada la posibilidad de un referendo y eso hace que tanto ERC como JxCat acepten palabras vacías de significado. Pero atención, porque hay un elemento que presionará a lo largo de toda la legislatura. Todo este movimiento pactante y la amnistía sin reclamar el abandono de la vía de la independencia significa que repetir el referéndum por la vía unilateral no es delito ni podrá ser perseguido ni impedido y, por tanto, las bases independentistas tendrán a partir de este punto un fuerte instrumento de presión para volver a hacerlo en 2024.
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