La evidencia está en las cifras: el 95% de puestos de trabajo creados este último año en España, y esto atañe al primer trimestre del 2022 y al primero de 2023, han sido ocupados por personas que no han nacido en el país. Estos son los datos que proporciona el estudio La inmigración en el mercado laboral en España, del Observatorio Demográfico de la Universidad San Pablo CEU, realizado a partir de la explotación de las micro datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
Si lo consideramos en función de si tienen la nacionalidad extranjera o la doble nacionalidad, la cifra se sitúa en el 77%. Esto significa 348.600 puestos de trabajo en el primer caso y 284.400 en el segundo sobre el total de 368.100 ocupados nuevos en aquel período de tiempo.
Economistas de referencia, como Joan Oliver y Miquel Puig, que han tratado con detalle el tema de la inmigración y la renta, y el coordinador del Observatorio, Alejandro Macarrón, señalan que la economía española se especializado en generar puestos de trabajo de bajo valor añadido. Puig ha llegado a escribir que los españoles solo pueden aspirar a puestos de trabajo que liberen otros empleados que se jubilan y no los nuevos puestos, que básicamente corresponden al sector turístico y en menor medida a la construcción y a la agricultura. Macarrón subraya este aspecto: los españoles hemos dejado de ser competitivos en España.
Esta afluencia y ocupación masiva de puestos de trabajo tienen consecuencias graves que es se pueden resumir en estos términos:
- Un creciente impacto social y cultural que puede llevar a reacciones políticas como las que se han producido en las elecciones locales en Ripoll.
- Saturación de los servicios públicos gratuitos como la educación y la sanidad. De hecho el doctor en economía y catedrático de la UPF especializado en el sector público, López Casasnovas, considera que el actual colapso de la sanidad pública es debido a la gran cantidad de extranjeros con enfermedades graves que deben ser atendidos. Llega a postular un sistema de carencia temporal para evitar esta saturación.
- También incide sobre la vivienda la llegada masiva de inmigrantes. Aumenta la demanda de inmuebles, que ya se encuentra tensionada. Para el economista Joan Oliver los crecientes incrementos de precio en las grandes ciudades receptoras de inmigración no se explican sin el aumento que esta ha venido registrando. En esta misma línea, el investigador de la Reserva Federal de San Francisco, Joan Monrás, escribe, en Papeles de Economía Española del mes de junio dedicado a la inmigración, que “los inmigrantes están limitando la capacidad de los trabajadores nativos para trasladarse a las grandes ciudades” por la presión que ejercen sobre el precio de la vivienda.
- Puig, por su parte, se refiere a que la obsesión por crear puestos de trabajo en España sin atender a sus características está llevando a estas consecuencias no deseadas que van a tener resultados muy graves y crecientes con el paso del tiempo. El propio Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que se mantendrá a lo largo de las futuras décadas un balance neto de inmigrantes del orden de medio millón al año. Claro, que esta cifra puede variar porque la afluencia bruta se calcula en cercana al millón y la diferencia radica en la cantidad de personas que prevén que emigren o vuelvan a sus países de origen.
Mientras todo esto sucede la situación de la natalidad española es terrible. De tal manera que la revista The Lancet ha publicado un trabajo del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington que señala a 23 países del mundo que se encuentran en grave crisis demográfica en el presente siglo. De ellos, tres destacan por sus pésimas previsiones. Son Japón, Italia y el tercero es España. Su población sin inmigración, considerando su dinámica vegetativa se reduciría casi a la mitad de aquí a 2100.
La tasa de fecundidad española se encuentra entre las peores del mundo, 1,19 hijos por mujer, y todavía es un poco inferior entre las mujeres autóctonas. A pesar de ello no existe una política digna de este nombre en apoyo de la familia, porque España dedica recursos muy inferiores a la mediana europea. No hay ayudas significativas a la natalidad, a la formación de nuevas familias, ni hablemos de la situación de los jóvenes.
Se mantiene un registro de salarios bajos, en gran parte debido, como ya hemos visto, a que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo son de reducida productividad. A esto se le debe añadir que la cultura dominante, incentivada además desde la política y los poderes públicos, así como por la mayoría de grandes empresas, menosprecia o margina la maternidad.
Por consiguiente hay un problema cultural además de otro de características económicas y sociales. La natalidad es percibida como una carga para la mujer que le impide su realización en lugar de representar su mejor alcance. En esta interpretación negativa coinciden desde la derecha, planteamientos liberales, que lo que valoran es la emancipación económica de la mujer y su maximización de los ingresos, Y desde la izquierda, de género, porque ven en la maternidad un factor que subyuga la mujer al hombre.
Siendo prioritario, no es por tanto suficiente un masivo cambio de políticas económicas y sociales, sino que además se impone la formación de una alternativa cultural que sitúe en el centro la nueva vida humana, a la mujer como madre y a la familia como marco privilegiado donde vivir la vida en plenitud, al menos en la plenitud que puede alcanzar el ser humano.