Un reciente estudio de CEDEA pone de relieve un hecho que si bien en líneas generales ya era conocido, es de aquellos en los que no se profundiza pese a su importancia y que están desaparecidos de la agenda pública porque son políticamente incorrectos.
Se trata de que el balance a lo largo de la vida de una persona entre lo que paga con todo tipo de aportaciones al estado y lo que recibe de éste en prestaciones sólo tiene un balance positivo para el estado en el período de edad comprendido entre los 41 y los 64 años.
Es evidente que a partir de la jubilación se tiende a recibir más de lo aportado, no sólo por las pensiones sino por otras prestaciones (sanidad, servicios sociales, dependencia, …). Sólo el 1% de este grupo de personas jubiladas que tienen los mayores ingresos todavía hace una contribución neta al estado. Naturalmente, son estas aportaciones limpias, es decir, la diferencia entre lo que se paga y lo que se recibe, lo que permite que el estado del bienestar sea viable.
También es una evidencia que la gente más joven, en una edad que cada vez se va prolongando más, recibe más de lo que aporta sobre todo en materia de enseñanza y también en otros aspectos como pueden ser la sanidad y las ayudas. Quizás el elemento más novedoso del estudio es que este sector de población que recibe más de lo que paga se extiende hasta los 40 años en 1 de cada 4 hogares, en la que el sustentador principal tiene menos de esa edad.
Y todo ello representa un grave problema porque resulta que una cuarta parte de la población, dada la esperanza de vida, recibe más de lo que aporta en torno a los 60 años que son muchísimos, 62 si se es mujer y 58 si es hombre.
¿Por qué se produce ese problema? Pues el informe ya lo deja claro, por la reducción de la natalidad y el aumento de la edad en España. La consecuencia es una progresiva reducción de los ingresos por IRPF, de las cotizaciones sociales y del IVA, al tiempo que un aumento de los gastos públicos.
Con la lluvia de millones que está desencadenando Sánchez es muy llamativo que ni una sola medida esté dedicada a favorecer la natalidad, a ayudar a las familias con hijos, en definitiva a todo lo que facilita la decisión de tenerlos.
Esta lluvia de millones, sin contemplar el problema de la natalidad, contrasta con la enérgica posición que ha adoptado el gobierno de Meloni en Italia, otro país gravemente afectado por la caída de nacimientos. En su programa se comprometía a ayudas de 300 euros mensuales en el primer año de vida de cada hijo, reducir el IVA de los productos necesarios para la primera infancia y ofrecer guarderías gratis hasta el cierre de los comercios. De entrada, ya ha constituido el ministerio de Familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades. Y el ministro de economía ya ha anunciado una primera gran iniciativa: la deducción fiscal de 10.000 euros anuales por cada hijo a cargo hasta que acabe sus estudios. Esta prestación será de carácter universal y realmente es una medida potente.
En Hungría, otro caso de políticas familiares fuertes, las familias que tienen 4 o más hijos no pagan IRPF y a partir del tercer hijo disponen de facilidades para comprar un coche, y con 2 hijos hipotecas a bajo interés. Con estas medidas Hungría está consiguiendo recuperar su natalidad.
Cabe recordar que la tasa de fecundidad italiana es muy baja, de 1,25 hijos por mujer, pero es superior a la española de 1,19. El contraste entre los que hacen unos y otros es brutal. Sin hijos no existe futuro para el estado del bienestar. El estudio es uno más de los que confirma la grave situación en la que está inmersa España.
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