Italia fue uno de los países más afectados en Europa por el covid, seguido de España. Nos referimos a la primera ola, la del 2020, la más mortífera de todas. Aquella que, por primera vez en la historia desde la Guerra Civil, ha logrado reducir la cifra de esperanza de vida a causa de la gran mortalidad.
Como es sabido, ésta afectó sobre todo a las residencias de ancianos y se produjo un gran escándalo. Tres años después, los familiares de todos aquellos que han presentado denuncias han transmitido al fiscal general del estado su decepción por los magros resultados logrados. Literalmente afirman que: «si los responsables no pagan es que dejar morir a la gente mayor sale gratis». Y exactamente es esto. De las 34.638 muertes en residencias por covid, la justicia sólo investiga 106. Peor imposible. Más escandaloso, difícil de conseguir.
Por si esto no fuera suficiente, no se ha constituido ninguna comisión en el Congreso para estudiar los resultados de las medidas que se adoptaron, las responsabilidades que podrían haberse contraído y los resultados que lograron. El gobierno no ha rendido cuentas en ningún momento del mayor desastre humano y económico, del que todavía estamos pagando las consecuencias, desde la Guerra Civil. No sólo se produce este hecho incompresible, sino que además el ministro de Sanidad de la época, un licenciado en Filosofía sin experiencia de gestión, se ha visto impulsado por su partido a liderar el socialismo en Cataluña. Nos estamos refiriendo a Salvador Illa.
En Italia es otra cosa. El que entonces era primer ministro del gobierno de Italia, Giuseppe Conte, del movimiento 5 Estrellas, su ministro de Sanidad, Roberto Speranza, el presidente de la región de Lombardía, Attilio Fontana de La Liga, y su consejero regional de Sanidad, Giulio Gallera, de Fuerza Italia, están procesados. Hasta un total de 19 personas serán juzgadas bajo la acusación de presuntos delitos de epidemia culposa agravada, homicidio culposo múltiple e ignorar los documentos oficiales. En Italia, un país mucho más serio de lo que desde España se considera, la justicia tiene capacidad para procesar al presidente del gobierno. En España esto sería inimaginable. La diferencia entre una situación y otra sencillamente señala la calidad de la democracia, nadie es impune, ni Sánchez, y de la justicia, todos son iguales ante la ley.
Como se puede constatar ningún partido, empezando por el Popular, ha tenido un especial interés en remover toda esta terrible injusticia y la razón es muy evidente, existen graves responsabilidades en el ámbito del gobierno español, entre ellas la de Pablo Iglesias, de quien dependían en último término las residencias de ancianos, obviamente del presidente del gobierno y del ministro de sanidad, pero también en determinados casos de los dirigentes en las comunidades autónomas.
Y como aquí, al igual que en Italia, llevar a la gente a la justicia no tenía un color político único, han preferido unos y otros que lo mejor era no removerlo, y mientras tanto fiscalía luciendo una extraordinaria actitud egipcia, es decir de perfil. Pero no es esto lo que como ciudadanos debemos juzgar sino los resultados. Y la comparación con Italia y el elevado número de muertes en residencias pone de relieve que, con la buena voluntad no es suficiente, y que la justicia, en este caso la fiscalía, además de la intención hay que medirla por los resultados.
Ningún político de relieve implicado y tan sólo 106 casos sobre 34.638, son incuestionablemente unos resultados muy pobres.
Cargando ...
