Muchos recordamos el cuento del rey desnudo. Pues bastante de ello existe en el caso de Sánchez, en que a pesar de la creciente anomalía de su gestión, pocas voces lo señalan en toda su dimensión. Es evidente que gobernar significa hacer buenas leyes, llevar a cabo una acción de gobierno eficaz y gestionar bien la administración. Ahora, cuando ya se vislumbra el fin de su mandato, es fácil constatar que en los tres capítulos mencionados el gobierno de Sánchez se encuentra inmerso en numerosos callejones sin salida.
En relación a las leyes, la de enseñanza es un fracaso en su aplicación. No solo por los grandes retrasos en algunos de sus aspectos, como el del examen de acceso a la universidad, sino por la imposibilidad de las escuelas de aplicarla, excepto en uno de los temas más polémicos, el de la educación afectiva sexual orientada a poner en valor en los niños y niñas la transexualidad y la homosexualidad.
Sobre la ley de la eutanasia y la del suicidio asistido impera una oscuridad absoluta. No hay información, ni datos, nada, que permita saber cuántas eutanasias se han producido, cuántos suicidios se han llevado a cabo, cuántos han sido rechazados, cuáles son las causas… Y de aquellas leyes que tenemos noticia , resulta que quedamos sumergidos bajo el escándalo, como el caso de la llamada ley del “sólo sí es sí”, que ahora ya ha alcanzado dimensión europea y no precisamente en términos elogiosos.
Pero es que la modificación en el Código Penal del delito de malversación registra un nuevo frente de desgaste totalmente inesperado. La comisión del Parlamento Europeo que estudia la aplicación de los fondos Next Generation critica esta nueva formulación al considerar que es un peligro en relación con el dinero procedente de Europa.
Por si fuera poco, aseguran que vuelven a Bruselas sin saber realmente cómo se están aplicando estos fondos porque su rastro es imposible de seguirlo, falta transparencia, un mejor acceso a la información y sobra burocracia. Algunos jueces alertan ya sobre las rebajas de condena en delitos de malversación que producirá la nueva legislación.
También existe una alarma considerable en relación con la ley trans y lo que el gobierno llama “efectos indeseados” que en realidad son consecuencia de una mala legislación.
Desde el punto de vista de la acción de gobierno y la administración, Converses ya se ha referido a la huelga de los letrados de la administración de Justicia, que ya ha producido, entre juicios pendientes y casos aplazados, un atasco de 300.000 demandas por resolver. Las consecuencias se prolongarán a lo largo del tiempo y mientras tanto la ministra de Justicia, Pilar Llop, sigue desaparecida.
El fondo público de pensiones, diseñado por el ministro de la Seguridad Social, José Luís Escrivá, que es pieza fundamental para fomentar el ahorro privado de los trabajadores y constituye una de las patas fundamentales de la reforma de la Seguridad Social, se arrastra en su proceso de elaboración y avanza muy lentamente. Está pendiente parte del reglamento, la plataforma digital que debe acogerla y lo que es muy importante, los pliegues del concurso público del gestor. Cuando todo esto esté listo y se pueda poner en marcha, puede pasar todavía un año más hasta que el fondo sea operativo. Llueve sobre mojado porque la CE presiona a Escrivá para que resuelva de una vez la reforma de la Seguridad Social que sigue atascada.
Y por si no hubiera huelgas suficientes en el sector público, la inspección del trabajo convoca una nueva que amenaza con ser indefinida si no aumenta la plantilla, porque avisan de que los efectivos son insuficientes para controlar el fraude al salario mínimo interprofesional. Actualmente, hay 2.200 trabajadores en la inspección activa y 800 de personal de apoyo para controlar 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas.
En realidad es toda la administración que presta servicio de atención al público la que se encuentra en colapso. Cómo lo explicitan las multitudinarias quejas de las personas que ni siquiera pueden acceder a los servicios públicos para tramitar su jubilación, o el seguro de paro, o las prestaciones sociales. Y todo esto con el hecho agravado de que la creciente digitalización, ahora ya está claro, no es para beneficiar al ciudadano, sino por el contrario, para ponerle más barreras y hacerle trabajar más al servicio de la administración sin cobrar.
