Con esta alocada carrera de fin de año, en la que las leyes pasan por el Congreso como relámpagos sin haber seguido la tramitación que requiere toda iniciativa gubernamental, ni haber efectuado las consultas y comparecencias que normalmente son de rigor, tres nuevas leyes (aborto, trans y familia) tendrán, si no son rápidamente modificadas en un futuro, un efecto destructivo sobre los fundamentos de nuestra sociedad, que no son otros que la consideración en la naturaleza humana, en la familia y en la paternidad y maternidad.
Corre por las redes un breve vídeo de un padre de Girona, Carles Ros, que dice: “padres y madres está de enhorabuena, si su hijo adolescente quiere abortar o cambiar de sexo, no debe preocuparse de nada: la administración lo paga todo y vosotros ni os enterareis”. Es una buena síntesis.
La ley del aborto modifica la anterior que estaba recurrida en el Tribunal Constitucional desde hace 11 años. Es algo escandaloso, preludio de la crisis política actual que sufre. No quisieron abordar el recurso porque les incomodaba tener que decidir contra el aborto. Claramente, existían algunos aspectos anticonstitucionales. Uno de los más destacados, porque afectaba a la propia jurisprudencia del TC, era la desaparición de toda referencia al ser humano que debe nacer, al naciturus.
Cabe recordar que el TC ya se pronunció hace años con motivo de la primera ley sobre el aborto, muy diferente a la actual porque se trataba de una ley de casos donde situaba la necesidad de considerar determinados derechos del nasciturus . La nueva ley acentúa todo lo que tenía de negativo y anticonstitucional la anterior. Elimina los 3 días de reflexión antes de decidir de los que disponía la mujer ante tan grave decisión y liquida la obligación de darle información sobre las alternativas que tiene que no sean abortar.
Esta nueva característica convierte a la ley española en una anomalía en el contexto europeo porque el período de reflexión y la información alternativa es una característica común a todos los textos legales de nuestro entorno. También hace posible que las chicas de 16 años en adelante, menores de edad, puedan abortar sin autorización de sus padres. Es un navajazo más que va recibiendo la patria potestad. También significa la liquidación de la libertad de conciencia porque se obliga a identificar a los médicos de la sanidad pública que, ejerciendo este derecho, no quieren practicar abortos y se les penaliza excluyéndoles de los comités que deben decidir sobre el aborto. Como si su criterio médico fuese de inferior valor. En definitiva, sigue presentando el aborto como un hecho trivial que debe hacerse rápidamente sin pensárselo, pagado por el estado y que no tiene ningún tipo de consecuencia posterior sobre la mujer, lo que constituye un grave error porque el trauma post aborto es muy frecuente y la mujer se encuentra sin la necesaria asistencia. Todo está dirigido a fomentar el aborto y nada a ayudar a la maternidad y ni siquiera a proteger a la mujer y al abortado.
La segunda ley en cuestión es la ley trans, que permite cambiar de sexo solo por decisión de la persona sin ningún tipo de intervención médica, aunque este estado de las personas requiere acompañamiento y tratamiento por parte del sistema de salud; es la conocida disforia de género. También es posible cambiar de sexo en el registro civil sin registrar ningún cambio en las características físicas de la persona. Una vez más, los menores pueden hacerlo sin autorización de sus padres. Se prohíbe toda labor dirigida a disuadir de esta transformación y se fomenta la campaña en las escuelas que explica el crecimiento exponencial de niños y niñas, sobre todo estas segundas, que declaran que son trans porque confunden dificultades de la pubertad con la disforia de género. Es una ley que pretende borrar la naturaleza humana.
La de la familia es otra ley que no tiene equiparación en nuestro entorno europeo porque lo que hace es un esfuerzo por desdibujar precisamente lo que es una familia, lo que todos conocemos como tal, un padre, una madre, unos hijos y en algunas ocasiones algún abuelo. No, ahora la ley establece 11 modelos de familia y aquí queda diluida lo que el común de los mortales entiende como tal y también liquida a la familia numerosa, que desaparece como tal concepto y pasa a formar parte de un mismo grupo con la familia monoparental.
Todo ello es fruto de una grave confusión que nos va a castigar a medio y largo plazo. La familia normalmente considerada ejerce unas funciones valiosas e insustituibles. Solo ella puede hacerlas. Ésta es la justificación de por qué la mayoría de países tienen ayudas universales a la familia, con independencia de la renta de quien la recibe, porque hacen una buena aportación a la sociedad.
Como la vida tiene muchas circunstancias, esta familia puede cambiar en el tiempo, puede romperse, volver a casarse, permanecer la madre normalmente con el hijo, y algunas de estas situaciones como, sobre todo, la de la familia monoparental, requieren ayuda económica para poder salir adelante y se les debe dar. Sin embargo, la diferencia con la familia natural es que la percepción que reciben de las administraciones públicas no es a consecuencia del beneficio que generan en la sociedad, sino porque sencillamente lo necesitan para salir adelante.
Querer mezclar ambas cosas es un error o una mala fe brutal por razones ideológicas, porque lo que en definitiva pretenden es desdibujar que existe un modelo óptimo de familia, la que tiene mejores resultados para sus miembros y para el conjunto de la sociedad y otros son fruto de las circunstancias de la vida que, no solo no generan estos beneficios, sino que además necesitan, por razones de solidaridad, ser ayudadas. Confundir ambas cuestiones en una ley solo lleva a la crisis social.
Si a esto le añadimos que una vez más las prestaciones económicas están a años luz de la media europea, el calificativo que merece la nueva ley solo puede ser muy negativo.
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