La ley orgánica 10/2022, que ya fue polémica durante su debate y aprobación, es la conocida en términos más popular como la ley del » Sí es sí «. Ahora, una vez en aplicación, se pone de manifiesto que está sirviendo para rebajar las penas a personas condenadas por delitos sexuales. Ya se han producido los dos primeros casos en los juzgados de Madrid. En concreto, uno ha dado lugar, incluso, a la excarcelación por la rebaja producida de 8 a 6 años, y en el otro se ha logrado disminuir la pena de 6 a 4 años.
Pero lo peor de todo está por llegar, porque los ambientes judiciales consideran que vendrá un alud de demandas de revisión de condena basada en esta ley y todo el principio que siempre debe aplicarse al culpable: la legislación vigente más favorable. Muchos abogados defensores están preparando el correspondiente recurso. Pero además habrá jueces que lo harán directamente de oficio. La movida es tan importante que se ha convocado una reunión el próximo 25 de noviembre de todos los jueces de Madrid a fin de unificar criterios.
Es un hecho extraordinario, que pone de relieve la anomalía que esta ley significa en el ámbito judicial.
Pensada para endurecer las penas contra los abusos sexuales, y empujada por el viento a favor del impacto que produjo el caso de violación colectiva conocido como el de la manada, está dando lugar a todo lo contrario. La razón es que la ministra Irene Montero, que es la responsable del gran lío judicial, quiso unificar los dos grandes tipos de delitos que había en el ámbito de la criminalidad sexual en uno solo. Al hacerlo de esta forma se situó el abanico de pena máxima y mínima en una mayor amplitud y es a esta rebaja por la parte de mínimos a la que se acogen algunos de los acusados.
En realidad, no se trata de sorpresa alguna, porque en su tramitación, tanto las instancias consultivas como el Consejo de Estado ya indicaron esta posibilidad. Pero la ministra Montero se negó a revisarlo. El resultado provoca una fuerte tensión en el gobierno, porque mientras el PSOE es partidario de la revisión, los de UP afirman que no es necesario y que todo es culpa de una «justicia machista«. Éste fue el término que utilizó Mª Victoria Rosell, juez en excedencia, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y candidata por parte de esta formación política al Tribunal Constitucional. Esta juez considera que la ley es inmejorable y que el problema está en los jueces.
Sin embargo, no es el único lío que existe en la legislación que promueve este gobierno, que es evidente que le falta un importante control de calidad de sus obras jurídicas. El otro asunto es con el proyecto de modificar el artículo de malversación, que ya ha despertado resistencias por todos lados y no solo en la oposición. UP ya ha anunciado que es una cuestión a estudiar con atención dejando maltrecho a su portavoz, Jaume Asens, que el día antes había defendido la bondad de la medida. Otro socio del gobierno, Compromiso, ve difícil llevar adelante esta modificación de la malversación porque no ven cómo diferenciar unos casos, los de los independentistas, de otros cometidos por políticos del PP, como el caso Kitchen, donde tampoco hubo enriquecimiento personal. A ERC no le gusta que, a remolque del cambio, se justifique que Griñán no entre en prisión. Y es que, en definitiva, cuando se violenta tanto la legislación, el resultado es lo que es.
Y por si fuera poco, un nuevo caso que demuestra la frivolidad en cómo se presentan y aprueban las leyes se da con una de las consecuencias de la ley de memoria democrática, que hace posible una amplia nacionalización de los descendientes de las personas que, con motivo de la Guerra Civil y por formar parte del bando perdedor, emigraron. La ley permite la nacionalización de forma automática y un conjunto de ayudas económicas y sanitarias, incluidas las pensiones y las prestaciones no contributivas, así como tratamientos médicos en España. También contempla poder pagar el coste del traslado o subsidios a quienes no tengan puesto de trabajo. El hecho escandaloso radica en que la memoria obligatoria que se presentó como acompañamiento de la ley no establece coste alguno para el Estado. Era una ley que salía gratis, cuando es evidente y ahora ya se ven las consecuencias, que tendrá un coste importante y acumulativo.
No son los únicos casos, son únicamente los que han estallado ahora, pero en cartera viene la ley de familias, la ley trans y la de los presupuestos, que incorpora un PIB que es más del doble del que posteriormente ha sido establecido como PIB de consenso por todas las instancias internacionales, incluida la UE
Cargando ...
