Para ser concretos, el medio punto de interés que ha incrementado de repente el BCE puede significar que los intereses de la deuda crezcan hasta los 22.500 millones de euros. Y ésta es una dificultad añadida para cuadrar unas cuentas cada vez más complicadas.
Por su parte, el efecto sobre las hipotecas está claro, si bien hay que decir que el euríbor a 12 meses prácticamente ya había anticipado este incremento de medio punto y por eso apenas se ha visto afectado por el anuncio del BCE. Una hipoteca de tipo variable por importe de 150.000 euros a 15 o 20 años podría experimentar subidas superiores a los 150 euros al mes en función de la fecha que corresponda la revisión del préstamo. Este hecho, como es lógico, significará una reducción de la renta familiar disponible y, por tanto, reducirá un poco más la capacidad de consumir de las familias. Si a esto se le añade lo que ya está ocurriendo con la inflación, tendremos que la previsión del crecimiento del PIB generada por el consumo interior deberá ser revisada una vez más a la baja.
Pero aquí no se acaban los problemas del gobierno, sino que su decisión de un nuevo impuesto sobre la banca puede traer revuelo. Concretamente, puede generar una restricción del crédito que ya se está viendo limitado por las mayores exigencias bancarias en lo que se refiere a las garantías del peticionario. También puede representar un conflicto jurídico como ya ha apuntado, por ejemplo, Dancausa la presidenta de Bankia. Por último, y no es una referencia menor, el BCE ya ha advertido de que el nuevo impuesto, que se desconoce en qué consistirá, no puede afectar al crédito ni a la solvencia bancaria. Todo ello hace que la capacidad recaudatoria que anunció Sánchez quede en el aire, lo que tampoco sería demasiado extraordinario dado el récord de promesas incumplidas y rectificaciones del presidente del gobierno.
Una carta que juega a favor de España es el anuncio del banquero europeo de que controlará que no se produzcan desequilibrios entre países en las primas de riesgo. En este sentido, ha puesto en marcha el denominado TPI (Transmission Protection Instrument), pero naturalmente esta protección tiene contrapartidas y exigencias, pues es necesario solicitarla específicamente y cumplir una serie de condiciones que serán controladas por el BCE. Como metáfora, y quizás como realidad, estamos ante una nueva versión de los hombres de negro y de control externo de las finanzas públicas españolas.
Este difícil escenario económico, que no sabemos si preveía el gobierno español, coincide con unos cambios radicales en la cúpula del PSOE, cuando hace menos de un año que va introduciendo modificaciones con motivo del congreso del partido. La coincidencia de todos los analistas es clara, Sánchez hace desembarcar el partido en personas de confianza del gobierno, por lo que de una forma clara es éste quien controla la organización política y no a la inversa. Existe en este caso una acentuación de la perversa concentración de poderes en el ejecutivo que se da en la democracia española. No es una novedad pero sí que es un paso de tuerca más.
Ahora el partido quedará en manos de nueve personas dirigidas directamente por Sánchez. Son María Jesús Montero, que será la nueva vicesecretaría general además de ministra de vivienda, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Pilar Alegría, ministra de Educación y nueva portavoz del PSOE, y Miquel Iceta, ministro de Cultura. En este núcleo se encuentran también Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, se añade Patxi López, portavoz en el Congreso y continúa Eva Granados portavoz en el Senado, Santos Cerdán y Oscar López, director del gabinete de Presidencia del gobierno.
Como se puede constatar, que no pertenezcan al gobierno sólo están el secretario de organización y los portavoces del Senado y el Congreso, 3 sobre 9. La ocupación gubernamental es total. De hecho, una operación de riesgo porque lo que hace desaparecer son todos los cortafuegos y personas interpuestas entre la acción política del partido y el propio Sánchez, que muy convencido de sí mismo está cuando en momentos tan difíciles opta por rodearse de los mismos que tiene de ministros o altos cargos en el gobierno.
La otra característica es que este conjunto está lleno de portavoces: Pilar Alegría, Isabel Rodríguez, Patxi López y Eva Granados, 4 de 9, lo que ya es un indicador de la importancia que se le da a la comunicación. De hecho, la tesis de Sánchez es que lo están haciendo muy bien, pero que estas bondades no están bien comunicadas. De hecho, su mano derecha, Félix Bolaños, declaraba en una emisora de radio anteayer que en estas dificultades de comunicación el PP, como no podía ser de otra forma, tenía una gran responsabilidad, dado el ruido que hacía, que impedía que el mensaje de los logros gubernamentales llegara a la ciudadanía.
Más allá de las perspectivas partidistas de unos y otros, algo que sorprende es el poco trabajo que parecen tener los ministros en el gobierno que hacen posible que doblen o tripliquen sus responsabilidades. La ministra de Hacienda se convertirá a la vez en la número dos del partido, la máxima responsable de su funcionamiento, porque el secretario general, el propio Sánchez, está abocado en otras misiones. Parece raro que con el envoltorio económico que va convergiendo en una tormenta perfecta, la ministra de Hacienda pueda compatibilizar su cargo con ser el número dos de la organización política. Y qué decir de Isabel Rodríguez, que a su cargo de ministra de una cartera como política territorial y portavoz del gobierno, que en sí mismo ya llena todo el día, ahora se le añadirá formar parte de ese núcleo duro de la dirección del partido.
Con estas originales distribuciones de trabajo no es raro que la política territorial en España esté por estrenar. También es espectacular el caso de Pilar Alegría que añade a la complicada cartera de Educación los trabajos de ser la que conduce la comunicación del partido. Al margen de que la somete a un desgaste en dos frentes muy contrapuestos, una imagen más o menos neutral en enseñanza y una fuertemente partidista como portavoz del PSOE, hay algo que es que este curso comienza la aplicación de la ley Celaá que lleva a las escuelas al caos porque significa un cambio radical en todo el sistema de enseñanza y en el currículo, con el riesgo evidente de que todo acabe siendo una catástrofe educativa que multiplica el problema de la crisis de la educación que hace años que vive España.
Seguro que todo esto tiene una lógica, pero seguro también que en esta lógica los intereses de los ciudadanos no aparecen.
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