A pesar de las alertas nacionales e internacionales, Cataluña sigue rodando por la pendiente de la destrucción demográfica. Ahora, según datos provisionales del Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) en 2021 registró una nueva reducción de recién nacidos. Sólo nacieron 57.704 para una población que supera de largo a los 7 millones de habitantes. Esa cifra es un 6,2% menos que la de 2019, e incluso es un 1,03% menor que la de 2020 cuando se dijo que uno de los efectos de la covid había sido la disminución de la natalidad. Pues bien, esa caída no solo no se ha recuperado, sino que se ha acentuado.
Ahora, la media catalana son 1,2 hijos por mujer y era de 1,3 en los años previos a la pandemia. Cabe recordar que para situar a la población en equilibrio haría falta que esta cifra creciera hasta los 2,1 hijos por mujer. Además, de los nacidos solo el 68% son hijos de madres españolas y el resto de nacionalidad extranjera. En algunos municipios como Salt la cifra alcanza el 66,5% y en Salou y Lloret al 57%. Esta media de 1,2 hijos por mujer, si se observa la nacionalidad de la madre, se constata que las españolas tienen todavía una menor tasa, de 1,1, mientras que las extranjeras alcanza el 1,37.
Como mueren más personas que nacen, existe un déficit vegetativo que se compensa con la llegada de nuevos inmigrantes, dando como resultado final un ligero crecimiento de la población. Pero este hecho ligado a la mayor fecundidad de las personas inmigrantes hace que la población de este origen crezca, mientras que la autóctona decrece.
Esta dinámica tiene dos consecuencias. Una, en el orden cultural y lingüístico, puesto que la nueva población no es que no tenga el catalán como lengua, sino que culturalmente es una lengua muy lejana porque su procedencia latinoamericana, norteafricana o asiática, hace que ni siquiera tengan noticia de este hecho lingüístico y que, por tanto, no mantenga una predisposición a conocerlo y valorarlo. El resultado, fracasado de inicio, es que la Generalitat y el sistema escolar debe realizar un sobreesfuerzo para intentar paliar esta pérdida del dominio lingüístico catalán fruto de un desconocimiento, cuando no rechazo profundo. La otra consecuencia es económica. Las familias inmigrantes vienen con el legítimo derecho de buscar una vida mejor y sus componentes disponen en la mayoría de casos de un capital humano limitado.
Es necesario matizar aquí que los hijos de inmigrantes nacidos en Cataluña teóricamente disponen de los mismos recursos para alcanzar este capital, pero en la práctica no es así porque toda inmigración representa en la mayoría de casos una descapitalización social que cuesta mucho de reconstruir, y si el capital social de estas familias es menor que el autóctono, lógicamente como norma general, siempre existen excepciones, el capital humano de sus hijos será también menor.
Este hecho solo podría subsanarse con un gasto masivo en enseñanza y también una inversión social para mejorar las condiciones de las familias inmigrantes. Pero este hecho choca con las prioridades de gasto que tiene el gobierno catalán y podría tener -condicional- un problema político, el de la crítica de que se ayuda más a los inmigrantes que a los autóctonos. Sumado y restado el problema sobre la mesa es muy grave, pero lo peor de todo es que la conciencia sobre su gravedad brilla por su ausencia. No forma parte de la agenda política ni mediática. Seguramente, porque tratar el problema de la natalidad es políticamente incorrecto.
Pero la realidad es tozuda, y tal y como ha calculado el Servicio de Estudios de CaixaBank, el envejecimiento de la población fruto sobre todo de la falta de gente joven ha reducido el crecimiento económico en el período 2010-2019 en 0,6 puntos porcentuales (pp) cada año. Es decir, que sin este factor de resto seríamos un 7% más ricos. El mismo estudio contempla que esta tendencia se mantendrá y que el envejecimiento provocará una reducción del crecimiento económico entre el 0,6 y el 0,7. Es una proporción muy alta dado que los augurios del incremento del PIB para los próximos años son más bien modestos. Pues bien, a pesar de esta realidad, que es un problema que afecta ahora a nuestros bolsillos, la cuestión sigue fuera de todo interés político.