Seis fundaciones, que en realidad corresponden a tres opciones electorales, socialistas, comunes, ERC, más la añadida de una fundación de CCOO, la Fundación Cipriano García, han hecho un documento que quiere ser un toque de atención. Se titula » Mejorar el debate público es fortalecer la calidad de la democracia«. Lo firman la Fundación Catalunya Europa, del presidente Maragall, la Fundación Rafael Campalans (PSC), la Fundación Josep Irla (ERC), la Fundación Nous Horitzons (ICV) y la Fundación Sentido Común (ECP).
Ante el nuevo ciclo electoral hacen un llamamiento para evitar que continúe la degradación del debate público, que es evidente. Hasta aquí todo es muy adecuado porque responde a una necesidad cívica. El problema es que su enfoque es el propio que está en la raíz de la degradación del debate, otorga toda la culpa y toda la responsabilidad a los demás. Y en concreto a los que llaman populismo, que es un cajón de sastre que les permite meter a quien convenga.
Si estas fundaciones realmente quisieran ejercer su función cívica y no ser sencillamente unos instrumentos más de la pugna partidista deberían empezar por reconocer su gran parte de responsabilidad en la degradación, porque uno es tanto o más responsable en función del poder que controla, y las fundaciones de los citados partidos corresponden a los partidos de gobierno en Cataluña y España.
Son ellos quienes señalan las condiciones del debate público porque en definitiva la oposición no deja de ser una función subalterna y condicionada por el discurso de quien gobierna. Basta con observar la lógica de las sesiones de ruegos y preguntas en el Congreso de los Diputados. El gobierno, empezando por Pedro Sánchez, se ha acostumbrado a utilizar lo que debería ser dar cuentas de lo que le plantean para, a su vez, atacar y descalificar sistemáticamente al opositor que pregunta. Ésta es una perversión para la práctica democrática que sólo la puede provocar quien gobierna. Como ha sido una profunda perversión el conjunto de revueltas que el Tribunal Constitucional ha hecho de las grandes medidas gubernamentales contra la covid. Por tres veces, referidas a los dos confinamientos y a la suspensión del Parlamento, el TC ha sentenciado que el gobierno había actuado inconstitucionalmente y a estas alturas todavía se le añade una cuarta bien reciente, que anula otra norma del gobierno que establecía que los jueces debían autorizar previamente las restricciones que establecían las autonomías durante esa fase de la pandemia. Ahora queda claro, gracias al recurso presentado por Aragón, que los jueces sólo pueden actuar después de que se hayan dictado las medidas y no como tribunal examinador previo. A esa forma de actuar Sánchez la llama cogobernanza.
No se puede pacificar el debate público cuando se llevan a cabo normas tan brutales como las que pueden permitir el aborto a menores de edad sin conocimiento de los padres, suprimir el período de reflexión y la información sobre otras alternativas. No es tranquilizador que los médicos que trabajen en la sanidad pública deban formar parte de listas negras si se niegan a practicar la eutanasia o el aborto. El debate público se degrada a partir del momento en que la fiscalía hace nombramientos absolutamente arbitrarios de fiscales conocidos por su orientación política, que no reúnen el currículo básico necesario, como se ha puesto de manifiesto por decisiones judiciales y por la opinión de la mayoría de fiscales. Es degradar las condiciones del país introducir la ideológica en la enseñanza forzando la doctrina de género, liquidando la historia y situándola básicamente a partir de la Primera Constitución, la de 1812, conocida como la “Pepa”. De la historia que se enseñará habrán desaparecido o quedado reducidos a la mínima expresión la romanización, la cristianización, la ocupación musulmana, la reconquista, la conquista y expansión americana, el imperio europeo de la corona de los Austrias, el Siglo de Oro, y bastantes cosas más. Eso sí, los libros, en su mayoría, con independencia de la editorial, se verán ilustrados con carteles electorales del PSOE. Todo esto sí que es populismo, como lo es condenar en los libros de filosofía a Platón, Aristóteles y Santo Tomás como machistas.
Lo que erosiona la democracia son cosas como el problema crónico de las bajas inversiones en Catalunya, la duración eterna de las obras, las inversiones que se prometen y después no se ejecutan. No es necesario continuar porque la lista es enorme. Este grupo de partidos que gobiernan, del que Colau en Barcelona es un magnífico ejemplo, practican sistemáticamente la deformación de la realidad, el engaño, la atribución de todas las culpas y responsabilidades a los demás, se pasan por el forro el funcionamiento de los mecanismos institucionales de nuestro sistema democrático. Nunca practican la crítica ni piden disculpas por lo que han hecho mal e invierten dinero e influencia para propagar su autoelogio. En estas condiciones está claro que está degradado el debate público, pero la principal responsabilidad es de quienes mandan, de los poderosos.
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