La celebración del año de gobierno Aragonés ha pasado sin pena ni gloria. Los medios de comunicación le han dedicado una atención más bien escasa y la celebración por parte del Palau ha sido muy discreta, lo que señala un buen criterio, porque Aragonès no puede presentar un buen balance de esta primera ocasión histórica en la que ocupa la presidencia de la Generalitat un miembro de ERC después de la Guerra Civil.
Pero este hecho histórico no ha venido acompañado de ningún tipo de revulsivo ni de novedad positiva. Es más, la celebración se ve conmocionada por la rectificación del Tribunal Supremo asumiendo ahora que revisará los indultos del procés. Una decisión tomada por tres votos a favor y dos contrarios.
El hecho ha sido ocasionado por la sustitución reglamentaria de la magistrada Ángeles Huet por Inés Huerta que ha decantado la balanza en favor de la estimación de los recursos. Este hecho resulta una losa más dentro de las muchas que acabarán aplastando toda la estrategia republicana que predica el entendimiento con el gobierno Sánchez a cambio de progresar en la vía de la autodeterminación.
El fracaso hasta ahora ha sido rotundo y ahora la reconsideración del Tribunal Supremo lo pone aún más en cuestión. Sin embargo, dado el margen de discrecionalidad que tiene el gobierno a la hora de conceder indultos, hace muy difícil que la reconsideración se acabe transformando en un dejar sin efecto los indultos, si bien en este caso juegan contra los intereses de los indultados el hecho de que tanto la fiscalía como el tribunal sentenciador, la sala del penal del TS, se opusieron en su momento a la concesión y esto tiene cierto peso. La solución de todo ello no la veremos hasta otoño, que es el plazo en el que se considera que las conclusiones de esta reconsideración verán la luz.
A favor, y también coincidiendo con la conmemoración del año, juega el acuerdo de los cuatro partidos que significan el 80% de escaños en el Parlament en torno al catalán. Finalmente ERC, JxCat, PSC y Comuns se han puesto de acuerdo en una proposición de ley que será tramitada con carácter de urgencia para que pueda estar aprobada antes de que expire el plazo dado por el TSJC para introducir el 25% de la enseñanza en castellano en la escuela. Esta ley recoge el criterio de que el porcentaje lo aplicará cada centro con autonomía de acuerdo con las condiciones sociolingüísticas del centro y del lugar donde se encuentra, con el fin de garantizar que los alumnos dominen tanto el castellano como el catalán.
En los 12 meses transcurridos del gobierno aragonés están los elementos negativos que pesan mucho más que los positivos, como constata que las encuestas del CEO señalan de forma continuada una mala valoración del gobierno y del propio presidente. Es difícil señalar un ámbito en el que se puedan exhibir buenos resultados. Obviamente, no los de la escuela, que está sometida a un conflicto importante, pero tampoco el de la sanidad, donde aunque está dirigida por un profesional reconocido de la misma casa, no acaba de levantar el vuelo. Por causas propias y ajenas, los problemas se siguen acumulando.
El último es que Cataluña es el lugar donde más plazas de MIR han quedado vacantes. Del total de las 200 vacantes que se han producido en España, 71 están en Cataluña, es decir, del orden del 35%, más del doble del peso porcentual de la población catalana sobre la española.
En el ámbito medioambiental y de las energías renovables, que en teoría es una de las banderas de ERC, el resultado es muy negativo. Vamos a la cola de las comunidades de España en capacidad productora de energía procedente de las renovables, pero al mismo tiempo no sobresalimos ni mucho menos en materia de buena gestión ecológica. Ahora mismo la Generalitat tiene todos los números para ser sancionada por la Comisión Europea por la mala gestión del Delta del Llobregat, por no haber ampliado la protección de las aves tal y como le fue ordenado. Pero al mismo tiempo la consejera de este departamento tan exótico, que dirige Teresa Jordà, y que incorpora competencias bien contrapuestas, no se está de abanderar que resistió el “chantaje” de AENA para intentar la ampliación de aeropuerto.
Éste es un ejemplo paradigmático de las contradicciones del gobierno Aragonès. Impiden la ampliación del aeropuerto para defender los espacios naturales del Delta del Llobregat y pueden ser sancionados por la CE por desatender sus obligaciones sobre este espacio protegido.
De hecho, el año actual del gobierno Aragonès puede ser recordado por la importancia política que ha tomado la menstruación en la acción de gobierno. La consejera de Igualdad y Feminismos, que ya nos ha regalado grandes temas durante su trayectoria, llevó al último consejo ejecutivo, para mostrarlo como una de las iniciativas del gobierno, el kit menstrual de la Generalitat del cual piensa repartir 1200 entre las alumnas de 3º de ESO y también sobre la campaña “Mi regla, mis reglas”. Este kit, que vino acompañado de una detallada exposición de la consellera a sus compañeros y compañeras de gobierno, incorpora unas bragas menstruales, compresas reutilizables, la copa menstrual y su esterilizador. Es dentro de la lógica del gobierno una acción feminista y trans, porque el kit va dedicado no tanto a las mujeres, como a las personas menstruantes, a la vez que es ecologista, como la negativa a la ampliación del aeropuerto porque todos los elementos son reutilizable y sostenibles.
Como balance de la época Pere Aragonès, realmente no es extraordinario.
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