Es una evidencia clamorosa que la crisis de la covid y ahora la inflación están empobreciendo a la mayoría de ciudadanos. Ya comienza a ser estadísticamente visible cómo segmentos de clase media caen en el ámbito de las rentas inferiores, mientras que éstas todavía ven más difícil su vida diaria, porque no lo olvidemos, la inflación castiga más cuanto menos ingresos se tienen porque la cesta de la compra de bienes que se adquieren varía según la renta y el aumento en lo que respecta a lo que compran en las rentas inferiores es claramente superior a la media.
Contrasta este hecho con las extraordinarias ganancias que alcanzó hacienda el pasado año. No sólo superaron mucho lo previsto en el presupuesto, sino que mejoraron los resultados en relación al 2019, es decir, el año anterior a la crisis.
En concreto el impuesto de sociedad se vio incrementado un 12,2% respecto al 2019, es decir 2.900 millones de euros, que se dice rápido. Pero es que en el caso del IRPF el crecimiento fue aún mucho mayor, de 7.650 millones de euros.
Por su parte, el IVA también creció en comparación con el año precrisis 955 millones.
Por tanto, el gobierno, en cuanto a sus ingresos, ya supera en mucho los resultados de la caída extraordinaria de 2020. Este año, a consecuencia de la inflación mucho mayor, también obtendrá de la sociedad unos recursos de récord.
En este contexto, parece lógico que para atenuar los estragos que está significando la inflación, el gobierno rebajara los niveles impositivos no para ingresar menos, sino para normalizar su ingreso. Este hecho tendría dos ventajas. Una, aliviaría la crisis entre empresas y familias y la otra, obligaría al gobierno a racionalizar su gasto que ahora se ve hinchado por una circunstancia que desaparecerá en el futuro.
El problema es que ingresos abundantes por parte del estado dan lugar a generar gasto estructural que se torna recurrente y que castiga el equilibrio presupuestario cuando los ingresos fiscales tienden a normalizarse. Si a este hecho se le añade el impacto económico de los fondos europeos Next Generation, que, a poco que se descuiden una parte, también acabará generando gasto estructural recurrente, resultaría que a partir de 2023 nuestro equilibrio presupuestario, en contra de las previsiones, sería más difícil, porque a partir de entonces habría desaparecido el efecto de la inflación que permite ingresar más a hacienda y habría crecido el gasto estructural.
Por esta razón parece lógico que haya una reducción generalizada de impuestos, pero en estos momentos parece que el “gobierno progresista y feminista” es más bien partidario de la subvención, que le permite una política de fidelización, algo que el retorno de los impuestos no hace posible. Sin embargo, es evidente también que el gobierno ha entrado en una situación claramente antipopular.
Una reciente encuesta de GAD2, publicada este jueves por el diario ABC, señala que casi el 74% de la población considera que deben bajarse impuestos, por sólo un 14,4% que opina lo contrario. También otro 74% considera que las medidas aprobadas por el gobierno son insuficientes para frenar la inflación, y además el 60% no se cree que el incremento de precios haya sido ocasionado principalmente por la guerra de Ucrania, por sólo un 31% que considera que sí. Estas posiciones tan mayoritarias se dan además en todos los grupos políticos, más en los de la oposición, pero también en PSOE y UP.
Por tanto, la actitud escasa del gobierno Sánchez le está reportando un daño político y electoral considerable.
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