La semana del 24 al 30 de marzo Sánchez se juega su futuro. El pacto con las empresarios del transporte del día 24 inició una secuencia que acabará con la comparecencia en el Parlamento del día 30. En medio ha habido la negociación en Bruselas, que ha comportado la excepcionalidad ibérica en materia de energía, seguida del anuncio parcial de medidas este lunes 28 en la conferencia de Sánchez en Europa Press, y seguirá en el consejo de ministros del día 29 donde deben quedar claras las políticas de recuperación de la crisis.
En este contexto, ¿cuál es la situación y las perspectivas de Sánchez?
Un hecho evidente y negativo es la debilidad de su gobierno, empezando por la quemada ministra de transportes, Raquel Sánchez, que de alcaldesa de Gavà fue elevada al ministerio. Ella, como otros miembros del gobierno, van demostrando su incapacidad para abordar situaciones complejas o conflictivas. Sánchez debería cambiar ministros, pero esa transformación necesaria tiene tantas dificultades internas que difícilmente se va a producir.
Juegan a favor del presidente del gobierno, en primer lugar, los fondos europeos, de los que parece que nos hemos olvidado pero que están presentes y algún beneficio deben comportar. Su magnitud depende básicamente de dos cuestiones que ahora se amplían a una tercera. Ambas cuestiones previas son la eficacia y la eficiencia del gobierno en el manejo de los fondos; es decir, gastarlo en el tiempo previsto y con los resultados económicos y sociales adecuados. No está claro que así sea. Por ejemplo, la digitalización de las administraciones lo que está provocando es la frustración del ciudadano, porque aquéllas han sustituido al castizo “vuelva usted mañana” por un “es culpa de internet”. La tercera condición que ahora aparece es que estos fondos, aunque tengan finalidades distintas, deben poder articularse en parte con la política anticrisis. Esto sólo es posible si el gobierno tiene un plan, porque es complejo. No es la situación, porque Sánchez y su gente siguen moviéndose en el terreno más primario de las “medidas”, es decir, decisiones aisladas unas de otras.
También juega a favor de Sánchez el pacto sobre la isla energética ibérica. La cuestión es si será suficiente. Hasta al menos dentro de un mes no veremos los resultados, que deben consistir en una rebaja del coste de la electricidad situando un tope por el gas y haciendo pagar la diferencia entre el tope y el precio real a las propias empresas. Como es una intervención del mercado y, por tanto, una excepción a la norma comunitaria, su aplicación debe ser temporal. Y ese límite en el tiempo abre otro interrogante. No se trata sólo de que la reducción sea suficiente, sino que cuando esta medida de limitación del precio sea levantada, el mercado disfrute ya de una normalidad que no vuelva a reproducir el problema.
¿Cuál puede ser el precio máximo? La media de marzo estuvo ubicada en los 265 euros megavatio hora (MWh) y se considera que el precio límite estaría en 125 euros MWh. En estas condiciones el precio de la energía, se calcula que se situaría en los 165 MWh, una reducción importante en relación con los precios de marzo, pero que está por ver si ya es competitiva para todas las empresas. Ciertamente un alivio, pero no es la solución.
Unos interrogantes de tipo estructural permanecen en el aire. Uno de ellos es: ¿por qué el precio del gas en España es mucho más caro que en Europa ? ¿Cómo es posible si la mayoría viene de Argelia? La segunda consideración es por qué pesa tanto la tarifa regulada (40%), la que registra el impacto del incremento del precio, lo que no ocurre en los demás países de Europa. Por qué no se ha modificado esta situación de mercado ofreciendo mayores posibilidades a la tarifa no regulada.
El acuerdo de última hora con las patronales del transporte debería llevar a una solución de este grave conflicto, pero atención, es, como hemos dicho, un acuerdo sobre todo con las patronales que la asociación de la Plataforma, integrada sobre todo por autónomos y pequeñas empresas, no han aceptado. La cuestión ahora es si este grupo, que ha logrado medio detener el país, podrá mantener el pulso o se disolverá. Es evidente que la crisis del transporte ha sido pésimamente gestionada por la ministra, pero existen dos factores adicionales que ni siquiera la reparación de última hora resuelven. Uno es que el precio del gasóleo lo marca el petróleo, y éste está y estará por las nubes, por tanto, a medio plazo no es necesario confiar en una reducción. Pero, sobre todo, lo que hay detrás de la crisis que ha levantado la Plataforma es un problema estructural que viene de tiempo atrás, y que es el exceso de intermediación. El abuso que se produce por esta razón sobre los autónomos y falsos autónomos. La cuestión de fondo es que la gran patronal se ha convertido progresivamente en empresas de intermediación que tienen en esta actividad su mejor rentabilidad. En otros términos, la ministra ha negociado y ha pactado con buena parte de quienes son responsables del ahogo de los transportistas que protestaban en la calle. Hay aquí una contradicción importante que el ministerio no ha resuelto, que es estructural y que volverá a aflorar por un lado u otro.
En todos los aspectos citados, energía y transportes, hay sin embargo un apunte de solución y la duda es sobre su suficiencia, pero en el caso del sector agrario este apunte no está nada claro, porque la crisis de costes que sufre es generalizada a la vez que vive una paradoja. En el mercado mundial los alimentos van registrando un gran incremento de precios que beneficia al sector. Por ejemplo, Latinoamérica ve una nueva oportunidad en el actual escenario geopolítico, pero esta mejora no se remite a los agricultores y ganaderos. Y es que como en el caso de los transportistas, existe un oligopolio de la demanda que es quien controla los precios y ahoga la oferta atomizada, mientras que el gobierno mira hacia otro lado. Cabe apuntar que la crisis alimentaria, sobre todo en grano, en realidad todavía está por venir porque los efectos de la guerra sobre Ucrania y Rusia, como es lógico, no se harán notar hasta la cosecha que viene, porque la actual ya estaba recogida. Lo que existe ahora sobre todo en el incremento de precios es un escenario de especulación.
En este contexto la necesidad de algún pacto de estado parece evidente, empezando por el anunciado pacto de rentas, al que hay que añadir que será estructural o no será, es decir, o remueve aquellas condiciones que determinen distribuciones injustas de ganancias y de pérdidas o la bola de nieve del conflicto social seguirá creciendo. Pero en ese ámbito las posiciones están muy diferenciadas. UP y los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno están por las políticas de aumentar impuestos y dar subvenciones sin, paradójicamente, postular políticas de reformas estructurales. Por otra parte, la oposición postula por la bajada de impuestos incrementados por los efectos de la inflación y el coste de la energía y la reducción de los costes de la burocracia de la administración.
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