El pacto del PP con Vox en Castilla y León ha removido las aguas políticas, aunque no puede decirse que fueran precisamente una balsa de aceite. Uno de los grandes argumentos es que es la primera vez que un partido de derechas pacta un gobierno con la extrema derecha, y que esto nunca había ocurrido en Europa.
El presidente del PP polaco, Tusk, ha encabezado este discurso y ha echado un estirón de orejas al PP español. Uno de los periodistas más cercanos al gobierno de Sánchez, Enric Juliana, ha reiterado sobradamente este hecho magnificando su importancia.
Sin embargo, cabe recordar que Tusk es parte interesada en este litigio, porque al mismo tiempo de presidir el PP europeo es también el líder de la oposición al gobierno polaco calificado de extrema derecha que, pese a las crisis, mantiene unos niveles de popularidad y adhesión muy altos, por encima del 40% y resultan insólitos desde nuestra perspectiva. Tusk utiliza la plataforma europea también para hacer política interior y sus declaraciones presentan en este sentido un importante sesgo que se pone de manifiesto si se recuerda que el asunto de Castilla y León no es ni de lejos la primera vez que la extrema derecha llega al poder en Europa.
Cabe recordar que este hecho ya se ha producido en más de una ocasión en los países nórdicos, que ha estado gobernando en Austria con un gobierno de coalición precisamente con el partido socialcristiano austriaco que forma parte del PP europeo, y que desde 1994 ya formó parte del gobierno italiano, y que ahora mismo forma parte del gobierno de coalición de Mario Dragui. Nos estamos refiriendo a la Liga Norte. La alianza de este partido con otro, aunque está más a su derecha, Hermanos de Italia y Fuerza Italia de Berlusconi gobierna en ese momento en 14 de las 20 regiones italianas y la intención de voto, en unas generales si se produjeran ahora elecciones, es tan grande como el 96% de los votos. Pero de todo esto Tusk, Enric Juliana y el partido socialista prefieren olvidarse, pese a la magnitud de la evidencia.
El pacto en Castilla y León coincidió, prácticamente en el tiempo, con el acuerdo del Constitucional de anular el cordón sanitario que se había hecho en el País Vasco contra la única diputada de Vox. En otros términos, es perfectamente constitucional pactar con Vox y no es establecer cordones sanitarios contra él, lo qu es de pura lógica.
Quizá habría que observar con más detenimiento qué es lo que han pactado y si sus contenidos se ajustan o no a un programa democrático, homologable en Europa. La única cuestión que hasta ahora han empleado dentro del PSOE es que el programa contempla legislar sobre la violencia intrafamiliar, como si esto no fuera una necesidad en lugar de una bandera de la ultraderecha, como nos presentan. Porque lo cierto es que a fuerza de cerrar el foco sólo en la violencia de género en la pareja, ni siquiera más allá de ella, se escapan otras dos grandes violencias en el seno de los hogares que han sido suficientemente denunciadas por los especialistas y por los servicios sociales. La violencia que se da contra los mayores y contra los menores.
Es un dato bien conocido que más de la mitad de las agresiones de pederastia se dan en el entorno familiar y sus relaciones. Sin embargo, el gobierno no ha hecho nada por actuar. No sólo eso, sino que también ha cerrado el foco en torno a un aspecto minoritario del problema, las agresiones de este tipo provocadas por personas vinculadas a la Iglesia, que ni siquiera representan el 0,5% del total. En realidad hasta ahora las fuerzas gubernamentales y quienes las apoyan han utilizado estos problemas, no tanto para abordarlos resolutivamente, como para utilizarlos políticamente. Al concentrarse sólo en la violencia de la pareja, lo que se hace es justificar el discurso del feminismo de género que los hombres matan a las mujeres por el hecho de serlo y que en este sentido todo hombre es sospechoso de cometer violencia, por definición. De ahí la lógica de la ley integral contra la violencia de género española.
El resto del programa asume sin problemas la autonomía, uno de los aspectos críticos de Vox. Trata de la inmigración en términos de quererla integrada en lo cultural y lo social, centra su atención en las políticas familiares y el derecho de los padres a la educación moral y religiosa de sus hijos y sobre todo sitúa en primer término las medidas económicas contra la despoblación y la desindustrialización.
Con el texto en mano, es imposible señalar absolutamente nada, no ya contrario a la Constitución, sino fuera de lugar en el contexto europeo.
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