El 20 de febrero de cada año es el día mundial de la justicia social, y como todo este tipo de jornadas quiere contribuir a recordar el compromiso, en este caso, con esta cuestión.
Para poder realizar una observación objetiva, o al menos tan objetiva como los datos hacen posible, se publica desde 2009 un Índice de Justicia Social para el conjunto de los países de la UE y de la OCDE, 41 en total. La medición se realiza de acuerdo con 6 ejes. (1) Prevención de la pobreza, (2) educación equitativa, (3) acceso al mercado laboral, (4) inclusión social y no discriminación, (5) justicia intergeneracional y (6) salud.
Para cada uno de estos ejes a la vez se desarrollan una serie de indicadores. De ese conjunto se establece la valoración. Los primeros países son básicamente nórdicos: Islandia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia. Por tanto, se mantiene la evidencia de que esta área geográfica del mundo es la que alcanza un mayor nivel de cohesión social. Para situar otras referencias, Alemania ocupa el 10º lugar, Reino Unido el 11º, Francia el 15º, y es de remarcar el buen papel de dos países del este: Polonia que ocupa la 16ª posición y Hungría la 21ª, ambas por sobre la media de la OCDE y de la UE. Por ejemplo, el valor de Polonia respecto al índice es mejor que el de Austria, Bélgica y Luxemburgo.
En este contexto, España ocupa una posición poco favorable. El sitio 28º sobre 41 países. Y con un progreso muy migrado desde la primera medición en 2009. Los puntos fuertes y débiles de la situación social española, de acuerdo con este índice, son muy evidentes, si bien es necesario hacer una observación. Se trata de datos que llegan hasta 2019, es decir, que básicamente son anteriores a esta fecha y, por tanto, no recogen el profundo deterioro que, particularmente en el ámbito de salud, se ha producido con motivo de la covid en España. Cabe subrayar este hecho porque de los indicadores en los que España presenta una mejor posición en el índice es precisamente en materia de salud que ocupa la 6ª posición. En consecuencia, se ubica, o se ubicaba, entre los mejores países desarrollados.
También es un punto fuerte, y aquí la dimensión de la cultura propia es muy importante, el de la inclusión social y la no discriminación porque ocupa la 9ª posición. Con diferencia el peor resultado se obtiene en el acceso al mercado del trabajo en el que España ocupa la penúltima posición, lo que ya da una idea de que éste es el problema crucial no resuelto de la vida económica y social española.
El otro lugar (33º), corresponde a la justicia intergeneracional , señalando otro aspecto crucial e inabordado que es toda la relación entre gasto público según la edad, la falta de políticas familiares equitativas, la insuficiencia de las medidas ambientales para garantizar un futuro mejor a las generaciones, el migrado gasto público en investigación y desarrollo, que condiciona el futuro, así como el déficit público. Éste es el otro gran punto débil y que como es evidente afecta a una amplia diversidad de temáticas que tienen como común denominador cómo preparamos el futuro, en definitiva, qué condiciones se están construyendo para favorecer la vida de los que ahora son jóvenes.
Tampoco son buenas las calificaciones que se obtienen en prevención de la pobreza (27º lugar) y en una educación equitativa (23º). La radiografía, como todas, tiende a simplificar la cuestión, pero es evidente que el perfil estilizado que nos aporta da una idea suficientemente clara de cuáles deberían ser las prioridades de nuestras políticas públicas.
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