El juez de Barcelona Ignacio Sánchez García-Porrero ha confirmado la imputación de la alcaldesa, Ada Colau, quien deberá declarar el próximo 4 de marzo, por la querella presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. Aunque la alcaldesa lo había recurrido, este recurso ha desestimado.
Será la primera ocasión en la que un alcalde en ejercicio de Barcelona se ve obligado a declarar como presunta culpable de una serie de delitos. Un precedente que todavía acentúa más la pérdida de imagen de Barcelona.
Cabe recordar que:
La asociación Abogados Catalanes por la Constitución ya había denunciado a la Alcaldesa Ada Colau, la concejala Laura Pérez, las exconcejalas Gala Pin y Laia Ortiz y la asesora de vivienda Vanesa Valiño, por conceder 3,4 millones de euros en subvenciones al Observatorio DESC, a la Plataforma de afectados por las hipotecas ( PAH ), a la Alianza contra la Pobreza Energética ( AFE ) y a Ingenieros Sin Fronteras ( ISF ). Esa denuncia fue archivada por la fiscalía.
Pongámonos en antecedentes: Ada Colau, (también Pin y Valiño) trabajó con una nómina de 2.699 euros mensuales en el Observatorio DESC hasta ser elegida alcaldesa. Pero no sólo destaca la vinculación de Colau con el Observatorio DESC, También Pisarello fue vicepresidente durante diez años, Jaume Asens, colaborador y Águeda Bañón, responsable de comunicación.
Ante esta denuncia, la alcaldesa se defendió, publicando en su página de facebook, que esta denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución forma parte de “una ofensiva judicial que ha intentado paralizar o retrasar muchas de las medidas innovadoras destinadas a defender el bien común”
Pero, ¿cuál es ese bien común? porque por lo que exponía la demanda, las subvenciones otorgadas por parte del ayuntamiento a DESC no son para paliar ninguna situación de familias vulnerables, sino que sólo sirven para pagar sueldos a los miembros de estas entidades “amigas”. En concreto, el Ayuntamiento los paga con una subvención ‘especial’, que es una forma de desbordar el límite de contrataciones discrecionales a que tiene derecho como alcaldesa.
Sin embargo, no es sólo DESC la que ha recibido subvenciones y contratos directos. En la misma sede de DESC, de la calle Casp, comparten sede otras cooperativas y asociaciones que se dedican a fines similares y que mantienen una estrecha relación y comunicación de intereses con las políticas de Ada Colau.
Si bien es cierto que durante la etapa de Trias como alcalde estas entidades habían recibido pequeños contratos y subvenciones, que sumaban 73.704 euros en el primer semestre de 2015, a partir de la entrada de Colau aumentó hasta 107.110 euros en el siguiente semestre, ya con el mandato de Colau.
Los abogados catalanes por la Constitución señalaban que los lazos de los denunciados con estas entidades han supuesto la financiación de estas asociaciones, que en los últimos años han recibido subvenciones por valor de 3.433.621 euros. De esa cantidad corresponden 1.201.892,66 euros al Observatorio DESC y 645.692,65 euros a Ingenieros sin fronteras. Una de las subvenciones, por un importe de 324.600 euros, fue concedida de manera “excepcional”, mediante una aparente “designación directa”, amparándose en la renovación de un convenio bianual cuestionado por la intervención municipal.
Aunque esta denuncia fue archivada por la Fiscalía, la querella presentada ahora por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, sí fue admitida. Y ahora, el recurso presentado por Ada Colau ha sido rechazado por el Tribunal Supremo aludiendo que contra un auto de admisión de una querella no cabe recurso y que el escrito presentado por la alcaldesa lo que hace y de “ modo prolijo” es simplemente dar una “declaración exculpatoria». Y el hecho de que la fiscalía hubiera archivado una denuncia similar no impide que se abra una investigación.
Será la primera ocasión en la que un alcalde en ejercicio de Barcelona se ve obligada a declarar como presunto culpable de una serie de delitos. Un precedente que todavía acentúa más la pérdida de imagen de Barcelona. Share on X
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