Mientras se multiplican los casos de pederastia y abuso de menores, según informan los medios de comunicación, que presentan tal multitud de agresiones individuales como la existencia de numerosas tramas organizadas que afectan a todo tipo de profesionales y en particular a aquellos que mantienen relaciones de proximidad con los jóvenes. Mientras suceden casos de explotación sexual de menores acogidas a la protección de los gobiernos autonómicos, como ocurre en Baleares y en Valencia con decenas y cientos de posibles abusos y acusaciones de proxenetismo. Mientras el silencio oficial tapa todas estas oleadas, ahora resulta que UP, cabalgando a lomos de El País, que hace 2 años que ha emprendido su particular cruzada contra la Iglesia, propone crear una comisión parlamentaria para esclarecer los hechos. Naturalmente, cuenta con la atenta colaboración de ERC, que no pierde ocasión para demostrar que su tic histórico contra la Iglesia se mantiene vivo, y también con la gente de Bildu.
Ante estos hechos, resulta sorprendente que la iniciativa se produzca cuando todavía está fresca la cordial entrevista entre la vicepresidenta segunda del gobierno y el Papa. Si éste era un tema que preocupaba a UP, resulta sorprendente que no formara parte de los temas tratados por parte de la ministra, porque entonces demuestra que actúan de forma incoherente. No tiene ningún sentido pedir una comisión sobre la Iglesia pocas semanas después de que su principal dirigente se entrevistara con el Papa sin mencionar ni una sola palabra de todo esto.
No es un asunto sencillo porque tiene muchas ramificaciones. Primero habrá que ver si el PSOE apoya o no esta iniciativa de su socio de gobierno. Recordemos en este sentido que Sánchez ha planteado una especie de “trágala” en la Santa Sede, proponiendo como nueva embajadora a M. Isabel Celaá, la autora de la ley que reduce el derecho de los padres a la moral religiosa de sus hijos, vulnera los acuerdos entre España y la Santa Sede y ahoga la escuela concertada, que mayoritariamente es católica. La instancia vaticana todavía no ha dado el beneplácito, y hay que ver cómo se acaba resolviendo este asunto. Si la ministra es aceptada, es un golpe muy fuerte para todos los que en España critican la ley, empezando por la propia Iglesia. Si rechaza el nombramiento abrirá un capítulo, seguramente necesario, de tensión entre el gobierno español y la Santa Sede.
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