La noticia de que la china GWM ha rechazado finalmente instalarse en la planta de Nissan es, quieras o no, un duro golpe porque significa, ahora sí, liquidar una parte de la capacidad de producción automovilística de Cataluña, y con ella, todo el sector auxiliar de la que depende. Porque la consecuencia de la marcha de Nissan, de la que se habla mucho menos, es los despidos que ya se están produciendo en las empresas afectadas, un total de 69. Se han producido a lo largo del presente año, y ahora se acelerarán en el transcurso de finales de año y del próximo año. Serán cientos de personas que se quedarán sin trabajo. Pero los propios trabajadores de Nissan no tienen el futuro garantizado porque el plan B de la Generalitat no ofrece la suficiente claridad con si podrán continuar contratadas el mismo número de personas y sobre todo en su cualificación profesional.
Por otra parte, no es lo mismo tener una actividad industrial de calidad como la automovilística que destinar parte de la actual instalación de la empresa japonesa a actividades de logística. El hecho de que la Generalitat haya rechazado la posibilidad de que se instalara una fábrica de reparación de carros blindados por razones ideológicas, tampoco facilita el empleo de calidad para los trabajadores que Nissan necesita. A este hecho bien conocido se ha añadido la decisión de que finalmente el grupo Volkswagen no instalará su gran fábrica de baterías en Cataluña, a pesar de la esperanza que había en que precisamente se instalara cerca de la planta de Martorell. No es un buen indicador y el gobierno de la Generalitat haría bien en seguirlo con mucho cuidado y estar muy encima de la futura evolución de Seat. El hecho de que Ada Colau haya declarado la guerra al coche tampoco es una buena bandera para defender la industria automovilística del país, porque los que mandan en la capital la rechazan.
Por si fuera poco, las posiciones del gobierno están enfrentadas en relación con las nuevas actividades en el sector terciario. Bien sea en relación con los juegos de invierno, bien en relación con la inversión de Hard Rock en Tarragona, donde las posiciones de ERC y de JxCat difieren sensiblemente.
Asimismo, la Generalitat se mantiene al margen de posibles colaboraciones culturales y económicas con la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. El hecho de haber renunciado al encuentro de Zaragoza, donde asistía también Aragón, es la demostración de que la ideología de partido pesa más que la expectativa de lograr un beneficio para el país. Contrasta este distanciamiento con la situación totalmente inversa entre el País Vasco y Navarra, que siguen estrechando lazos basados no en declaraciones de principios sino en colaboraciones contraídas. Ahora mismo, ambos gobiernos autonómicos han establecido nuevos acuerdos relacionados con la lengua vasca, la agenda 2030 y los temas sociales. El hecho de que el eje mediterráneo esté liderado por el empresariado valenciano es un indicador del declive de la iniciativa catalana. Hemos pasado de ser un país que tenía empresarios que consiguieron operar la gran transformación del gas en Cataluña y en toda España, nos referimos a Duran i Farrell, a una situación en la que la mayor infraestructura para nuestro futuro, la del eje mediterráneo, no tiene ningún protagonismo catalán.
Aparte de estos hechos concretos, existe la dinámica económica que tampoco pinta demasiado bien. En el tercer trimestre el PIB catalán sólo aumentó un 1,3% respecto a los tres meses anteriores, quedando lejos del registrado por España (2%) y Europa (2,1%). La reactivación que se produjo en el segundo trimestre, aunque mucho menor de la prevista, ha decaído aún más en el tercero. Ahora el año se juega durante las fiestas de Navidad. Pero la noticia más preocupante es que en este tercer trimestre, y por primera vez desde el confinamiento a inicios de 2020, el sector industrial ha registrado un retroceso del 1,3%. Es la consecuencia de la crisis de suministros y cuellos de botella que sufre toda la industria y que nos afecta de manera especial.
En menor dimensión, pero también en el apartado de los fenómenos negativos, cabe apuntar que ya se hacen sentir los costes del Brexit, que se han multiplicado en cuanto al transporte, gestión y abastecimiento de mercancías hacia este país y que, por tanto, reduce la competitividad de los productos catalanes que se exportan al Reino Unido.
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