En 2016 la ministra de empleo, Fátima Báñez, estamos, por tanto, en tiempos del gobierno de Mariano Rajoy, estableció un plus de maternidad dirigido a las mujeres que habían tenido más de 2 hijos. Suponía un incremento del 5% de la pensión en el caso de los 2 hijos, de un 10% si eran 3 y del 15% con 4 o más. Era una medida para frenar la brecha salarial generada por la maternidad. Pero posteriormente, en febrero de 2019 el Tribunal Europeo de Justicia determinó que esta norma era discriminatoria y contraria al derecho europeo porque no incorpora a los padres, y dictaminó que éstos también tuvieran derecho al mismo complemento. Ahora, una sentencia del Tribunal Supremo ha reconocido ya su primer caso en un padre de 2 hijos de Girona. Y, por tanto, prevé que en la medida en que se vayan produciendo reclamaciones, se dictarán resoluciones favorables, dada la sentencia europea.
Esta medida no sólo paliaba la brecha salarial de género, sino que además, con la visión europea también acotaba la discriminación que sufren las familias con hijos frente a la jubilación. La razón es evidente, una familia con hijos, y cuantos más tiene más acentuado, tiene a lo largo de la vida de dependencia de estos hijos unos costes muy importantes que deben salir de su renta. Posteriormente, será el trabajo de estos hijos y sus cuotas en la Seguridad Social que permitirán pagar las pensiones de jubilación de la población en la edad de sus padres. Las personas que no tienen hijos tienen asegurada la misma jubilación que aquellos que tienen y además disfrutan del ahorro que pueden realizar, porque carecen de los costes de mantenimiento de la descendencia. Éste es uno de los estímulos para que las familias reduzcan su natalidad a la mínima expresión o a cero y, por tanto, la vía de la Seguridad Social sería una de las más evidentes para compensar esta situación, que aún cobra más importancia dadas las dudas sobre la capacidad de disponer de pensiones públicas suficientes en el futuro y la conveniencia de llevar a cabo planes personales de pensiones que las complementen.
Hasta aquí el planteamiento de la situación. Pero, ¿qué ha hecho el gobierno Sánchez? Aunque es evidente la profundización de la crisis demográfica y sus consecuencias económicas y sociales, el gobierno Sánchez ha decidido limitar aún más una ayuda que no llegaba a compensar del todo el mayor gasto de las familias con hijos. Desde febrero de 2021 para que los hombres puedan cobrar, deben justificar que la paternidad les ha supuesto algún perjuicio en su carrera laboral. Posteriormente, amplió también esta limitación a las mujeres, que tendrán que demostrar que ser madres les ha supuesto un detrimento para su vida profesional.
Es evidente que en esta forma de ver la realidad del gobierno español, en modo alguno considera el esfuerzo de tiempo y de dinero que comporta la crianza del hijo. El hecho de que una mujer a pesar de ser madre se espabile más o menos igual que un hombre, no puede ser en modo alguno un factor que limita la prestación, sino que ésta debe ir dirigida a compensar el coste de la maternidad y paternidad, que es claramente objetivable, porque es el coste estándar de mantener y educar a un hijo. La medida, que además es un efecto colateral porque tiende a desincentivar que los padres y madres se espabilen, porque a pesar de su condición consiguen sacar adelante sus carreras profesionales, si lo hacen tienen una penalización del gobierno que es más mayor cuantos más hijos tienen. Una solución absolutamente pésima.