Pese a la alta tasa de vacunación de España, el segundo país mejor situado de Europa después de Portugal, la covid sigue avanzando. Como también lo hace en el país vecino. Naturalmente está a años luz, más de 10 veces menos que en sitios extremos como Austria. Pero la incidencia crece día a día y el factor de multiplicación sigue siendo superiores a 1. La vacunación está comportando de momento poca presión hospitalaria y en las UCI, si bien se registra un continuado goteo que en algunas comunidades autónomas del norte, como en La Rioja, Navarra y País Vasco, anuncian problemas hospitalarios. Y todavía faltan por llegar las grandes fiestas de Navidad, vector claro de contagio.
Por tanto, la perspectiva es que esto vaya a más y pueda añadirse al conjunto de condiciones que están lastrando la reanudación económica; inflación, coste de la energía, falta de suministros básicos, a los que ahora se añaden los conflictos sociales en cadena y la perspectiva de una covid que vuelva a distorsionar la actividad social y económica, si bien sin el dramatismo del año pasado.
Todo esto ocurre con la total ausencia de dirección del gobierno español, que todo lo deposita en manos de las comunidades autónomas. El problema es que estas no tienen competencias suficientes para afrontar las medidas necesarias y, como ya es habitual, en España todo acaba petando a manos de los jueces que manifiestan disparidades de criterio a la hora de dar su visto bueno en las restricciones. Mientras que el pasaporte covid es aceptado por Galicia, Baleares y Cataluña, los jueces vascos niegan su validez.
Todo esto ocurre porque España, un caso excepcional en Europa, no ha legislado todavía una ley sanitaria para afrontar las pandemias. Lo prometió la cesada ministra y vicepresidenta primera, Carmen Calvo, pero Sánchez se ha opuesto siempre. La razón es clara y a la vez negativa. Sacar adelante una ley de este tipo le obligaría a buscar acuerdos al menos con el PP y eso no entra en su hoja de ruta político-electoral, basada en la polarización.
Mientras, España presenta un agujero negro a estas alturas insólito y muy peligroso para la salud y el buen funcionamiento de los ciudadanos. La vacunación es una buena baza, pero no es una solución taumatúrgica, y por tanto hay que combinarla con otras medidas de difícil aplicación sin una ley que las ampare. Alemania, que tiene un sistema federal y por tanto con mayor capacidad de acción de sus lands , ha contado siempre con una clara dirección del gobierno federal amparada por normas comunes en todo el estado.
En realidad, este agujero se produce a consecuencia de que nuestro gobierno y el Congreso no hayan pasado cuentas de la catástrofe que hemos vivido y que en parte perdura. La covid ha significado cerca de 100.000 muertes, ha incrementado la pobreza, que todavía perdura, de forma que han aumentado más de 1 millón de personas aquellas que sufren privaciones materiales sólidas, ha añadido al problema de la vivienda una nueva vulnerabilidad residencial y territorial, tiene para desvelar los estragos y la forma de paliar el covid persistente y se han generado unas listas de espera brutales en la Seguridad Social, que requerirían unos recursos extraordinarios en poner negro sobre blanco, cosa que no se hace.
Y en todo esto existe también una gran incompetencia del PP y Vox, que son incapaces de presionar en la medida suficiente para que se produzca en condiciones un rendimiento de cuentas en el ámbito político y técnico-científico, que identifique con claridad las carencias producidas y, a partir de ellas, determine las medidas para evitarlas. Mientras esto no se haga y la covid siga sobrevolando Europa, España avanzará a la pata coja.
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