Las pesquisas policiales sobre el terrible linchamiento de Samuel Luiz llevan a los investigadores a una conclusión que ya se apuntaba en un primer momento: la causa del crimen no fue la homofobia. Según publica El Ideal Gallego, el hecho de que los que le agredieron se dirigieran a Samuel con la palabra «maricón» no señala que este fuera el motivo de la agresión, sino que como es desgraciadamente tan frecuente fue empleada como un insulto, desconociendo la condición homosexual del agredido, con el que nunca habían tenido relación.
Lo que deducen las pesquisas y los interrogatorios es que el motivo de la paliza habrían sido las drogas. Todos los detenidos tienen antecedentes delictivos en este ámbito y el escenario que dibuja la investigación es que los agresores estaban negociando con drogas en el momento que Samuel hizo la videollamada, que estos confundieron con el hecho de que los estaba grabando. La policía cree que esta fue la causa de la reacción tan violenta y desmesurada contra el joven, y también porque después de la agresión, y cuando éste ya estaba en el suelo, le robaron el móvil con la intención de eliminar la grabación que nunca se había realizado. En este linchamiento, en el que participaron entre 12 y 13 personas, la única chica implicada, que además ha sido puesta en libertad condicional, parece según las indagaciones hechas, la que fue la principal incitadora de la agresión que tuvo como primer actor a su pareja. También fue ella la que impidió con gritos que otra chica amiga de la víctima intentara detener el linchamiento.
Hasta aquí los hechos. La realidad muestra que desde muchas partes se ha convertido este asesinato en una bandera política. Lo ha hecho de manera insistente Ferreras en La Sexta, hasta que los datos policiales le han llevado a plegar velas. Y es que a medida que el caso de Samuel se constate que no tiene nada que ver con la homofobia , pasará lo mismo que con otra víctima mortal en Terrassa, que inicialmente levantó una gran polvareda, porque se consideraba también que era una agresión por razones de homosexualidad y que cuando rápidamente se aclaró que era una pelea más, a pesar de que el homicidio continuaba siendo el mismo, ha desaparecido de todos los medios de comunicación.
En el caso de Samuel se han convocado manifestaciones clamando contra la LGBTIfòbia hasta el extremo de comparar el asunto con el movimiento de los Black Lives Matter. Han abundado los artículos y las opiniones en la televisión, que han aprovechado la ocasión para presentar una vez más a los homosexuales como personas perseguidas en nuestro país, cuando la realidad es exactamente la contraria. Se ha aprovechado la ocasión para descalificar a quienes «desde las tronas entrelazan proclamas contra la libertad sexual y contra el derecho a amar a quien se quiera». En otros términos, se ha aprovechado la cuestión para brindar toda crítica legítima a los grupos LGBTI que, mientras tanto, prosperan al arbitrio de leyes y recursos públicos extraordinariamente favorables.
Los grupos LGBTI son de lejos los que tienen una mayor legislación favorable, que en nombre de la defensa de sus derechos los ha transformado en un grupo privilegiado. La última ha sido la ley estatal sobre la homosexualidad y la transexualidad, pero antes de ésta, la mayoría de autonomías ya tenían leyes específicas, como es el caso de Cataluña, que establecen cuestiones como la inversión de la carga de la prueba y, por tanto, la liquidación de la presunción de inocencia, si alguien es acusado por un homosexual, o bien postulan que los medios de comunicación den siempre un trato positivo a estas figuras. Mientras tanto, los grupos realmente discriminados de nuestra sociedad, los pobres que viven en la calle, los inmigrantes sin hogar, los gitanos, no tienen nada que pueda equipararse a los grupos que han levantado la bandera ideológica de la identidad de género.
Un claro exponente de esta situación son las fiestas del orgullo gay que se prorrogan durante una semana y que dan lugar a actuaciones ilegales por parte de muchos municipios, al colgar la bandera de este grupo en la esquina de las banderas oficiales o a conmemorarlo a página entera, como hacía la Generalitat de Cataluña, con el eslogan «el orgullo bien alto», o la misma la Vanguardia de Barcelona, que además señalaba en un editorial que las reivindicaciones que hacen aún son necesarias.
En realidad lo que hay es una construcción política e ideológica por parte de unos grupos que han conseguido, como se puede observar en la misma Comisión Europea, la hegemonía política, y que están creando graves tensiones por este motivo en los países del este. Se produce deliberadamente una confusión que busca rendimiento político. Una cosa son los derechos de las personas, todas, y obviamente también las homosexuales, y otra, que este hecho les confiera el derecho de constituir un grupo aparte dotado de una legislación y símbolos específicos que tiene como objetivo ir transformando las instituciones de la sociedad para que se ajusten a sus preferencias sexuales y marginando lo que son las instituciones sociales derivadas de la condición humana y su diferenciación entre hombre y mujer. No es admisible considerar que la palabra padre o madre signifique una discriminación, por ejemplo, para las personas transexuales y que en consecuencia aquellos dos nombres deban desaparecer para sustituirlos por expresiones específicamente diseñadas para transformar el sentido de las cosas, como la de «progenitor gestante» y «progenitor no gestante».
Cada vez más este tipo de cuestiones están generando un conflicto moral, cultural y antropológico en el seno de la sociedad occidental que la atomiza aún más.
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