Desgraciadamente parece que todos los gobiernos, el municipal, la Generalitat y de manera espectacular el gobierno español, han adoptado la vía de confundir la política con la mala publicidad, creando escenarios engañosos que a la larga sólo contribuyen al descrédito de la democracia y de la política.
Es el caso de los muy publicitados presupuestos participativos de la ciudad de Barcelona. Ahora ya queda claro qué significan. Han servido para distribuir en pequeñas partidas una cifra total de 30 millones de euros sobre el conjunto presupuestado. No llega ni a ser el chocolate del loro. Es una parodia de participación en la que te dejan pintar de verde algunas pequeñas zonas y nada más. Peor aún, como la participación es muy baja, el Ayuntamiento utiliza esta vía para colocar medidas impopulares en el ámbito de ciudad diciendo que son expresión de la voluntad democrática de los vecinos. Por ejemplo, y es un caso espectacular, resulta que los vecinos de Sarrià-Sant Gervasi han podido decidir instalar un carril bici en la Vía Augusta que, con toda certeza, pasará a ser una vía aún más congestionada. Que un grupo de personas impulsadas por el propio Ayuntamiento puedan tomar decisiones que afectan al conjunto del funcionamiento de la ciudad es una clara arbitrariedad democrática.
Hay, por tanto, dos grandes críticas a la estratagema de los presupuestos participativos. Una es que la participación se reduce a unas pocas migajas y se niega en cuestiones decisivas. No ha habido participación sobre las calles con urbanismo táctico, la modificación de la Via Laietana, el tranvía por la Diagonal, y en tantos otros aspectos.
Ahora sí, para mejorar el patio de la Escuela de les Aigües, aquí sí que juega la participación. ¿Qué nombre merece este trato por parte del gobierno de Colau y Collboni a los ciudadanos?
Pero, está la segunda cuestión apuntada, porque por esta vía se toman decisiones que afectan al conjunto de la ciudad presentándose como decisiones de barrio. Es el caso del carril bici en la Vía Augusta, pero que también tiene su equivalente en Les Corts con el carril bici en la Travessera o con la pérdida de cinco chaflanes en la calle Aragón que ahora serán «Eco», y continuando con la liquidación del ultimísimo diseño de la retícula de Cerdà. En este caso la decisión ha correspondido a los vecinos del Eixample.
Es del todo evidente que esta forma de proceder es incompatible con un funcionamiento democrático de la ciudad, porque se convierte en que pequeñas minorías acaban teniendo, porque lo quiere Ada Colau, capacidad de decisión sobre cuestiones que afectan a todos los ciudadanos de Barcelona.
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