Hay que pasar cuentas una vez el estado de alarma, largo, muy largo, finalizó. En principio no tiene que volver, y si vuelve querrá decir que la forma en que se le ha puesto punto final ha sido un fracaso, lo que cuestionaría la continuidad del actual gobierno porque habría repetido lo que hizo cuando decretó el verano pasado la «nueva normalidad», que llevó a la segunda ola. Hay que decir que es el único gobierno del mundo que, reconociendo oficialmente la gravedad de la pandemia, no asume la dirección. El riesgo de un fin de restricciones presentado como si fuera la celebración de año nuevo, combinado con un hedonismo amante de la fiesta desatado que tiene un trasfondo generacional insolidario, crea un interrogante importante a las puertas del verano.
Sea como sea, ahora es el momento de rendir cuentas, de lo que el gobierno ha ido posponiendo y que ahora ya no tiene ningún argumento para hacerlo. Es el momento de contar los muertos, muchos, demasiados por la dimensión de la población española. 123.000 según el último recuento internacional, que eleva a 900.000, por ejemplo, los muertos reales en EEUU. La proporción entre un país y otro es casi idéntica. Sólo estamos un 4% por debajo y la gestión de Trump durante una buena parte de la pandemia fue de escándalo.
Sí, hay que dar cuenta de cómo han sido posibles tantos muertos. También para hacer aflorar las graves secuelas de cerca de un centenar de miles de personas que han pasado la Covid-19, pero que no superan muchas de sus consecuencias, sin que haya ni una metodología, ni un plan para atenderlas. Es el momento de conocer los fallos del sistema hospitalario, de dónde y cuándo se produjo el cribado por edad, un hecho trágicamente histórico desgraciadamente. Hay que saber cuál es el estado de las otras patologías, que no son la Covid-19, que han quedado marginadas y qué previsiones hay para reabsorber para normalizar la situación. Importa reajustar el sistema de dependencia y reducir sustancialmente las listas de espera, más cuando en muchos centros se han producido bajas por fallecimiento. Es necesario garantizar que el personal que trabaja en toda España esté vacunado. Es vital valorar el acierto y error de las medidas adoptadas a lo largo de más de un año, tanto en la fase de la dirección centralizada y restricción total, como en la de la dispersión autonómica. La casuística es tan diversa que es un buen laboratorio para averiguar qué es lo que funciona y qué no, y cuáles son los límites de compatibilidad entre restricciones y actividad económica. Hay que analizar por qué los efectos sobre la economía han sido tan grandes y si podían haberse suavizado, ya que todo esto tiene una importancia capital para el futuro, porque esta es una historia inacabada. Y sobre todo hay que identificar todo lo que necesitamos para tener una buena capacidad de previsión y control de enfermedades contagiosas.
Todo ello ha de dar pie a un libro blanco que signifique encarar el futuro bajo un lema «nunca más«. Para llevar a cabo este pasar cuentas hay, evidentemente, una comisión específica del Congreso, pero si lo dejáramos aquí correríamos el riesgo de que una vez más la partitocracia convirtiera el diagnóstico en un maldito lío. Ha de haber además una comisión independiente de expertos nombrada por las sociedades científicas del país y los colegios profesionales del ámbito sanitario.
Exigir este pasar cuentas es un imperativo cívico, la mejor garantía para nuestro futuro, plan de recuperación incluido.
Con el fin del estado de alarma, también parece que se produzca, según rastrean las primeras encuestas, un «sorpaso» del PP con Vox como tercera fuerza, lo que daría la mayoría relativa a este bloque pero, por muy optimistas que sean los datos, también ponen de relieve otra realidad: mientras prácticamente todas las demás minorías representadas en el Congreso apoyen al PSOE, la alternativa gubernamental del PP es inviable. En este escenario el peso de Cataluña es arrollador: 13 diputados de ERC, 8 de JXC y PDECAT, 1 de la CUP, más los socialistas y los comunes. Ante esto, el PP y sus posibles aliados tienen una presencia poco más que testimonial. En otros términos, sin un cambio sustancial de la correlación de fuerzas en Cataluña, El PP difícilmente volvería a gobernar en España.
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