Los ayuntamientos, por su naturaleza mucho más decantados a la ejecución, devienen mucho más difíciles de controlar por los ciudadanos, sobre todo cuando se trata de grandes ciudades, en las que la proximidad no garantiza el acceso a los gobernantes ni al conocimiento de lo que hacen. En un ayuntamiento no existe un «parlamento» capaz de controlar en todo al ejecutivo. El plenario es un órgano necesariamente mediatizado por el poder del alcalde, que es quien lo preside y de esta manera simboliza un importante nivel de supeditación del pleno.
Esto permite que cuando se tiene la mayoría necesaria, y más si la oposición es estéril, como ocurre en Barcelona, la alcaldía haga y deshaga a su gusto.
Sucede con la participación ciudadana, en teoría una característica de los Comunes y de la gente de Podemos de Ada Colau. En la práctica una gran ficción, porque ninguna de las grandes cuestiones se pone nunca en consulta. Se ofrecen posibilidades de participar en temas muy menores y aún con resultados mediatizados por el mismo control municipal, pero no se ha consultado a los ciudadanos sobre una transformación tan radical como significa el urbanismo táctico, ni las supermanzanas. Se ha evitado toda consulta sobre la forma de proceder para los vehículos que contaminan y su confusión con vehículos viejos. Por no hacer, ni siquiera se ha hecho lo que sí llevó a cabo el alcalde Hereu, y que fue la antesala de su derrota electoral, la consulta sobre el conflictivo tranvía.
El chanchullo que existe entre la coalición socialista-Colau con ERC y con el siempre disruptivo Manel Valls, favorece estas grandes arbitrariedades. Parece mentira que Maragall, hermano del que fue un gran alcalde de la ciudad, no ponga la fuerza de ERC en el servicio de conocer la opinión de los ciudadanos sobre aquellas importantes cuestiones, instando a celebrar las correspondientes consultas. Como partido que ganó las elecciones, en lugar de refugiarse en el seguidismo del gobierno municipal, debería ser capaz de demostrar que sí sabe velar por los intereses de los barceloneses. ¿Por qué no nos preguntan si queremos o no un urbanismo táctico ?, por situar un caso concreto. Porque somos nosotros en nuestros desplazamientos necesarios, nuestros trabajos, tiendas y establecimientos quienes afrontan las consecuencias y no los que viven cómodamente instalados en los despachos de la casa grande.
El desprecio hacia los barceloneses del gobierno municipal y de sus aliados necesarios es tan radical que se permite negar que se evalúen los efectos del urbanismo táctico sobre nuestra seguridad. Lo que significa todo el baile que han introducido para las personas con discapacidades, para las personas mayores, el riesgo para la circulación y los peatones. A todo esto, Ada Colau rechazó el 21 de abril toda evaluación, denegando la petición que había hecho JxCat en la Comisión de Presidencia, que pedía un informe sobre los accidentes que podía haber habido en Barcelona en relación con el baile de colores y barreras que Colau ha ido imponiendo en la ciudad. JxCat consideraba que «estos nuevos elementos ponen en riesgo la vida de las personas y el sistema global de seguridad vial». Pero nada conmovió la impasibilidad olímpica de Ada Colau. Albert Batlle, que es el añadido de Units per Avançar en la coalición de socialistas, Podemos y seguidores de Colau, salieron en defensa de la seguridad de los cambios hechos, lo que significa que este partido también apuesta por las supermanzanas, el urbanismo táctico y lo que quiera la alcaldesa.
ERC, como en otras ocasiones en las que su voto es decisivo, adoptó la reconocida posición de Poncio Pilato y se lavó las manos absteniéndose.
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