Son bien conocidas las fuertes tensiones y las graves advertencias de la Comisión Europea en Polonia, porque el gobierno estableció algunas normas que a criterio de la Comisión limitaban la independencia judicial, como por ejemplo adelantar la edad de jubilación de los miembros del Tribunal Supremo. Por lo tanto, hay un precedente muy sensible sobre las consecuencias de que el Ejecutivo cambie las normas del juego que regulan al tercer poder, el judicial.
Con estos precedentes no es extraño que haya estallado como una bomba, cuyos efectos están por ver, el escrito de más de 2.500 jueces españoles, que no son pocos, y de tres de las cuatro organizaciones que los agrupan (la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación judicial Francisco de Vitoria y Foro judicial Independiente), denunciando la acción del gobierno por impedir la independencia judicial.
El texto, que enumera una serie de hechos concretos y que tiene como elemento destacado la nueva normativa que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramientos mientras esté en funciones, es de una dureza extraordinaria y denuncia el conjunto de prácticas que se han estado produciendo y que impiden que la justicia sea independiente del gobierno de turno. Señalan, entre otros hechos, la otra reforma que permanece aparcada (que no retirada), en el Congreso, que rebaja la mayoría necesaria en el Parlamento para designar a los vocales del CGPJ, por lo que sólo con los votos del partido del gobierno ya podrían ser escogidos, convirtiendo esta instancia, por tanto, en una simple delegación gubernamental.
El escrito también recuerda a la Comisión que las anteriores advertencias hechas al gobierno español no han sido atendidas. No se dialogó con los jueces, ni se solicitó, tal como prescribía el escrito de la Unión, el punto de vista de la Comisión de Venecia.
El texto de los jueces españoles a la Comisión Europea es insólito, no tiene precedentes en el contexto europeo, ni siquiera en el caso de Polonia, dado el elevado número de jueces que lo firman y la presencia de sus organizaciones. Además, piden, que si persiste la situación actual, se inicie el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que recoge la posibilidad de sancionar a un estado miembro por violar los valores básicos de la Unión.
Por si fuera poco, el precedente polaco tiene en actitud de beligerancia al gobierno de este país, lo que conlleva que sea muy difícil que la Comisión pueda enterrar este asunto, porque Polonia, como ya ha hecho en otras ocasiones, será el primer interesado en poner el tema sobre la mesa.
Por si esto no fuera suficiente, es muy probable que también sea objeto de tensión en el Parlamento Europeo, porque al menos dos de los grandes grupos, el popular y el liberal, plantearán la cuestión. Posiblemente también el grupo de conservadores y reformadores, en el que está integrado el PiS polaco, y quedaría por ver qué haría el segundo grupo en importancia, el socialdemócrata, que si bien tiene en el PSOE uno de sus miembros más destacados, también con el precedente polaco fue muy beligerante, lo puede dejar desacreditado si no escucha la opinión de los jueces españoles.
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