Al mismo tiempo que Sanidad anuncia el endurecimiento de medidas para Semana Santa autoriza una concentración de 5.500 personas en el Palau Sant Jordi
El pasado sábado se produjo un hecho sorprendente en Barcelona: un concierto que reunió a 5.000 personas más 500 invitados para asistir a una larga audición de Love of Lesbian. Se ha presentado como un «experimento», pero en realidad es una operación que traerá cola porque se ha convertido en un escándalo internacional.
El hecho de que se reuniera una multitud tan grande, estrechos, espalda contra espalda, gritando y cantando como en un concierto de los de antes y en un espacio cerrado, ha generado un asombro generalizado. Más aún cuando ha contado con la colaboración necesaria de los departamentos de Salud y Cultura, y del Ayuntamiento de Barcelona. Para que no hubiera duda, la consejera de Cultura, Ángeles Ponsa, participó en el evento, así como el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, y la alcaldesa accidental de Barcelona Janet Sanz (porque Ada Colau ya hace unas largas vacaciones de Semana Santa).
El argumento ha sido que se trataba de un experimento y que por eso se entregaba a cada asistente una mascarilla FFP2 y se había hecho en cada uno de ellos un test de antígenos. Pero la idea del experimento salta por los aires si se considera que los mismos organizadores, departamento de Salud incluido, ya advierten que no habrá un seguimiento de las 5.500 personas asistentes ni de sus cadenas de relación. Entonces, toda posibilidad de verificar si se ha producido transmisión durante el acto queda en el aire, en la mayor de las incertidumbres.
Pero lo que sí sabemos es que la mascarilla es sólo uno de los ingredientes de la seguridad personal y no el más decisivo, porque en ningún caso ofrece una garantía absoluta, y además en una actividad de este tipo con tanta proximidad física, gritos y cantos. Su movimiento, por ejemplo, la tendencia de aflojarla para respirar por la nariz, garantiza el contagio. Es la distancia de seguridad la mejor garantía y al aire libre.
El test de antígenos, por su parte, tampoco ofrece una garantía absoluta porque incorpora un margen de error importante. Sus consecuencias se multiplican en la medida que crece el número de personas implicadas. Si en lugar de 5.500 hubieran sido 500, un margen de error del 10% significarían 50 posibilidades de contagios de agentes contagiadores potenciales, pero en una multitud tan grande estos agentes superan el medio millar y, por tanto, es muy probable un elevado número de contagiadores efectivos .
Es insólito que hoy, cuando se conoce perfectamente que el principal problema de contagio son los aerosoles y su capacidad de ser portadores del virus en el aire durante horas, y cuando, además está circulando la versión británica, mucho más contagiosa, se produzcan actos irresponsables como este.
También sabemos que la disponibilidad de extracción más la climatización tiene un potencial limitado, sobre todo, cuando se trata de grandes volúmenes de aire y de personas que intercambian el aire exhalado en la proximidad de unas a otras. Para acabar de redondear, había 4 zonas de bar con capacidad para atender a más de 1.000 personas mientras duró el concierto. Que, por cierto, por la hora que terminó, encima, una parte de los asistentes debieron volver a sus domicilios más allá del toque de queda. ¿Cómo es posible que se cierren las galerías comerciales, que cuando éstas se abran los bares allí instalados permanezcan cerrados y esto no ocurra en un acto de una densidad tan extraordinaria como el que se dio en el Palau Sant Jordi? La Generalitat y el departamento de Salud deben explicar por qué han autorizado este evento a pesar de las graves contraindicaciones. ¿Es que piensan generalizar este tipo de conciertos, mientras se mantienen las restricciones sobre la hostelería y las galerías comerciales y gimnasios? Y si no lo generalizan, ¿a qué responde esta práctica?
El panorama se agrava si se considera que se practicó una medida perfectamente ilegal, como es vetar el acceso a personas de más de 65 años. Esta exclusión, que vulnera los derechos constitucionales, sólo se explica por el miedo de que se produjera el contagio de alguna persona de esta franja de edad con consecuencias graves o mortales, que habría dado lugar a una exigencia de responsabilidades que se quería evitar. Se ha excluido a la gente mayor porque la falta de control posterior, que impedirá conocer las consecuencias, no habría sido posible.
Por si fuera poco, como que el coste de los 200.000 euros no será cubierto por los ingresos, ya que sólo alcanzarán los 90.000, una parte de lo que falta será cubierto con subvenciones.
Y todavía queda una última y grave cuestión: El precedente e impacto que este hecho tendrá sobre los comportamientos, especialmente de los más jóvenes, y sobre el ánimo y actitudes de los damnificados por las restricciones, que en Cataluña además son extraordinariamente intensas y prolongadas.
Se ha hecho historia, sí, pero una vez más es lamentable.
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