No ha pasado desapercibido el hecho extraordinario de que, en esta ocasión, los obispos de Cataluña no han formulado ningún tipo de nota ni declaración en relación a las elecciones. Hace años que los obispos de las diócesis catalanas han abandonado las grandes orientaciones pastorales y en el caso de las elecciones, como en otros temas importantes, se limitan a hacer breves notas, pero en esta ocasión ni siquiera eso han llevado a cabo. Ha operado el más riguroso silencio con la única excepción de la voz personal del obispo de Solsona, Xavier Novell .
Es sorprendente que en una situación tan compleja, política, económica, social y sanitaria, los pastores de la confesión católica callen. Se presupone entre sus miembros que son guías que se ponen delante de los feligreses y los conducen por el buen camino, pero deben pensar que estos ya saben tan bien como ellos cuál es ese camino, y que mejor no hablar demasiado porque su mal no quiere ruido. El silencio aún resulta más desconcertante cuando, en esta ocasión, las propuestas de algunos partidos políticos eran de una contundencia contra la Iglesia poco habitual.
El muy gubernamental PSC proponía un pacto nacional por la laicidad, que lo que significaba era eliminar toda referencia cristiana de las celebraciones y la vida pública, una ley de libertad de conciencia como si este capítulo no estuviera resuelto por la Constitución y las leyes de la estado. A pesar de que eran unas elecciones autonómicas, pedían suprimir la referencia a la Iglesia católica a la Constitución, denunciar los acuerdos con la Santa Sede. También postulan para dejar fuera de la escuela la formación en cualquier tradición religiosa, es decir, la católica, y retirar los símbolos religiosos de los edificios públicos, lo que, según y como se aplicara, significaría liquidar la capilla de Sant Jodi del Palau de la Generalitat y eliminar todas las pinturas y esculturas dedicadas a él que la pueblan .
En Comú Podem también apostaba por una ley de laicidad, la eliminación de la simbología religiosa de los actos y edificios públicos y la supresión de la retransmisión del culto religioso en los medios de comunicación públicos. También postulan que los representantes del gobierno no asistan a actos de culto o confesionales, y la exclusión de la religión del currículo y expediente académico.
La CUP, por su parte, pedía la exclusión de la religión de todo centro escolar, fuera público o concertado, y acusaba a la escuela concertada de ser responsable de la segregación escolar.
Ante todo esto, los obispos de Cataluña han preferido guardar silencio.
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