Mientras explicaban sus programas sobre la vivienda, surgía a la luz pública el escandaloso caso del edificio Venus en el barrio de la Mina en Sant Adrià del Besòs. Este edificio, en un estado pésimo de conservación y nido del delito organizado del tráfico de drogas, hace casi 20 años que debía haberse derribado y sustituido por nuevas edificaciones. Pero, aquí sigue bien presente y cada vez más destruido por el paso del tiempo, los malos materiales y el maltrato de algunos de sus inquilinos.
Es tan escandalosa la situación que hace 8 meses el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña llamó la atención a las instituciones afectadas debido a su inoperancia total. Y no son pocas estas instituciones. Si descontamos el Ayuntamiento de Sant Adrià, de una modestia perfectamente visible, las otras tres son las más grandes de Cataluña: la Generalitat, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de la capital. En sus manos estaba y está hacer esta necesaria operación de salubridad social, sanitaria y urbanística. Y no la hacen. Obviamente no tienen ninguna credibilidad a la hora de hablar de vivienda porque si no son capaces de resolver después de años y años una cuestión tan concreta y clara como ésta, difícilmente abordarán el problema de la vivienda con toda su complejidad.
Ahora deprisa se han apresurado a firmar un nuevo documento antes de las elecciones, diciendo que ahora sí, ésta es la buena. El escepticismo con que ha sido acogido el gesto electoralista es arrollador.
Colau, por su parte, que llegó al Ayuntamiento con la bandera de la vivienda, acumula a lo largo de más de 5 años una incapacidad notable para abordar el problema. El caso más espectacular es el de las viviendas en mal estado que adquirió con la idea de reformarlas y transformarlas en vivienda social. Se trata de 15 solares y 3 edificios de propiedad municipal que podrían acoger 497 pisos sociales. El problema es que no lo han conseguido por su misma burocracia interna, y el resultado de esta compra por parte de la administración es que ahora las condiciones de vida de los vecinos, si antes ya eran malas por su deterioro, ahora todavía han empeorado, porque el Ayuntamiento con la idea de que todo esto debe ser derribado, no mueve un dedo para resolver los graves problemas de habitabilidad que tienen. Dado que no se salían, al final han tomado una decisión que cuestiona la propia capacidad municipal. Han abierto un concurso para delegar la realización de proyectos a terceros, a la iniciativa privada y social.
Ambos hechos narrados, que no son anecdóticos, afectan a ERC, JxCat por partida doble, en la Diputación y la Generalitat, y a los Comunes en el Ayuntamiento de Barcelona, pero sus representantes formulan soluciones a lo largo de la campaña electoral como si no tuvieran nada que ver con la incapacidad demostrada para abordar los problemas de la vivienda. De palabra todo son soluciones, pero cuando llega la hora de los hechos los fracasos se acumulan.
Lo único que prospera a lo largo de la campaña es, como no podía ser de otra manera, el feminismo y la política de género. Illa se ha lanzado en este último tramo a predicar que Cataluña «será feminista o no será», la frase inciertamente atribuida a Torres y Bages de «será cristiana o no será». Si se ha suprimido la referencia cristiana por sospechosa de falta de pluralismo, con el nuevo modelo que utiliza Illa podría ser acusado de lo mismo. ¿Por qué todos los catalanes debemos ser feministas? Ha afirmado también que su respuesta se basará en el citado feminismo y la perspectiva de género. Compite de esta manera con la iniciativa de los Comuns que ya han presentado como gran solución para los problemas de Cataluña: crear una consejería de feminismos (el plural debe indicar que hay más de uno) y LGBTI.
El panorama, pocos días antes de las elecciones, no es realmente como para tirar cohetes.
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