Las mascarillas, aunque el doctor Simón y el ministro Illa lo negaran al principio, se han revelado como un factor de protección básico. Hace años que lo saben los gobiernos de los estados asiáticos, más expertos en la cuestión. Naturalmente, la mascarilla por sí sola no es suficiente, porque depende de cómo se lleve, debe cubrir perfectamente el foco de penetración, nariz y boca, y el tiempo y condiciones higiénicas con que se utilizan, porque todas ellas tienen un período de vida útil variable en función de su naturaleza.
Se han generalizado las mascarillas de ropa porque presentan numerosas ventajas. Suelen ser más cómodas, son reutilizables, incluso permiten una cierta estética. También son de uso generalizado las quirúrgicas por comodidad y economía, pero estas últimas presentan una importante limitación porque su utilidad radica en evitar que contagiamos a terceros, pero no nos protege de ser contagiados por ellos; es una barrera en una sola dirección. Por eso las personas de riesgo, los mayores de 65 años, no deberían utilizarlas.
Pero ahora se desencadena un nuevo criterio que tiene su origen en la propagación de la nueva variante británica del SAR-CoV-2 mucho más contagiosa, entre un 30% y un 70% más en función de las fuentes. Alemania y Francia ya han determinado que no se utilicen mascarillas de carácter artesanal de ropa para acceder al transporte público, a los comercios y a cualquier servicio administrativo. Las personas que quieran utilizarlos, por tanto, no podrán usar ninguno de estos modelos. Servirán para ir por la calle y poco más. Y se pide que se utilicen las mascarillas profesionales, esto es, las quirúrgicas, y las FFP2, que otorgan un grado de protección también al portador. La idea es muy concreta y la expresaba el director de servicios técnicos del Consejo de Farmacéuticos de España, Antonio Blanes: «si toda la población llevara una mascarilla higiénica certificada, sería muy difícil la transmisión del virus. Otra cosa es que no se la cambien cuando deberían, ya que no debe llevarse más de 3 horas continuadas, y 8 horas las FFP2 «.
Esto no significa que las mascarillas de ropa no homologadas no protejan, sino que varía mucho de un modelo a otro y es difícil regularlas. Y ahora entramos en el problema concreto de España: las que realmente protegen a la persona, las FFP2, tienen en España un increíble IVA del 21%, porque sólo procedieron a rebajar las mascarillas quirúrgicas. Su coste es elevado, pero lo es especialmente por el impuesto que las grava y que constituye un ingreso que obtiene el estado a cuenta de una necesidad vital. La cuestión es cómo resulta posible que un bien necesario para proteger la salud y la vida de las personas aún tenga un IVA tan alto. Ahora con esta nueva alarma, reclamando que se generalice el uso de mascarillas profesionales, el gobierno tiene difícil mantener el IVA al 21%, y esta es una inesperada patata caliente que queda en las manos de Illa, que debe defender la salud frente a los apetitos de Hacienda.
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