N
No más allá de este final de semana, como mucho a inicios de la próxima, el TSJC resolverá sobre si mantiene la fecha del 14-F, da la razón a la Generalitat con su decreto, u opta por una vía intermedia. La mayor parte de criterios jurídicos se inclinan por que la justicia mantendrá el día inicialmente previsto para las elecciones.
Más allá de las consecuencias políticas y sanitarias de este hecho, el argumento principal radica en que la fecha electoral no fue convocada por nadie, sino que fue por la ley, a consecuencia de que deliberadamente se dejaron transcurrir los plazos para presentar candidatos hasta hacer entrar en funcionamiento el automatismo legal que convocaba nuevas elecciones.
Hay que observar que este procedimiento se acoge paradójicamente a la legislación general porque Cataluña es una de las pocas autonomías que no ha sido capaz de acordar una ley electoral propia y ha preferido regirse por la norma general de todo el estado. No deja de ser una paradoja que, incluso los partidarios de la independencia, hayan sido incapaces, no ya de sacar adelante, sino de presentar una propuesta de ley catalana. La pregunta es evidente: ¡si son incapaces de acordar entre ellos una ley electoral, como podrían hacer una constitución que no fuera una especie de monstruo de Frankenstein forjado a base de recortes y regates?
La otra consideración importante es si el vicepresidente en funciones de presidente tiene potestad para modificar ese automatismo electoral. Los servicios jurídicos de la Generalitat consideran que sí por razones intrínsecas y extrínsecas, si bien advertía en su informe de 13 páginas que había que justificarlo bien. Este es otro de los problemas que ha tenido el decreto recurrido. La calidad del trabajo para realizar esta justificación es perfectamente descriptible, por decirlo con elegancia. Ahora habrá que ver si con las alegaciones que presentan lo corrigen y demuestran que hay base suficiente para suspender la fecha del 14 y situar una nueva. Este es el enigma.
Las apuestas en este momento se inclinan por considerar la falta de fundamentación para proceder a la suspensión, pero hay que ver hasta qué grado consiguen razonar que la fecha electoral no puede ser una consecuencia ciega si hay factores muy extraordinarios que ponen en riesgo la vida de la gente, como es el caso de la pandemia. Claro que siempre se puede argumentar que pueden adoptarse medidas especiales, pero parece difícil que a estas alturas esto sea posible con garantía. Por ejemplo, es evidente que el personal de las mesas electorales y los interventores vivirán una situación clara de riesgo. Con tiempo y medios, esto era evitable. Ahora parece difícil.
En todo caso, la polémica está servida sea cual sea la decisión del TSJC porque si se va a elecciones, el independentismo tendrá parte de la campaña hecha, alegando que una vez más imponen la fecha de las elecciones. El argumento del riesgo puede ser un arma de doble filo porque si se apodera de la campaña, haría aumentar una abstención ya de por sí importante. En todo caso, el miedo a la Covid-19 favorece a los partidos que tienen un electorado más militante y sobre todo más joven. En este sentido por ejemplo, la CUP sería uno de los beneficiados si ahora se hacen las elecciones, y el PSC, que tiene una parte importante de electores muy envejecidos, podría ver como el tiro le sale por la culata.
Cargando ...
