Como todo lo que tiene que ver con los partidos políticos, las decisiones siempre son polémicas y los acuerdos muy difíciles, pero en esta ocasión parece incuestionable que el bien común se decanta por el aplazamiento de las elecciones del 14 de febrero a causa de la pandemia.
El partido socialista se ha mostrado desfavorable y es muy posible que el gobierno español actúe jurídicamente para impedirlo. También, las principales organizaciones patronales y la UGT se han opuesto al aplazamiento, pero en este caso los datos son bien elocuentes y los testimonios de los expertos también. La última organización de peso que se ha declarado partidaria del aplazamiento es la Organización Médica Colegial, que considera «incompatible sanitariamente» la celebración de elecciones. No es una voz que pueda menospreciarse ni considerarse políticamente partidista.
La previsión sobre la evolución de la Covid-19 lo aconseja. Según el departamento de Salud de la Generalitat, con el escenario más probable, el 14 de febrero se producirían 3.000 casos al día y con el más desfavorable 4.000 casos. Las plazas en las UCI estarían prácticamente ocupadas por una mayoría de enfermos de la Covid-19, en concreto 620 según la previsión buena, y 750 según el escenario adverso. Hay que considerar que el 14 de enero el número de casos se ha situado en 4.473 y la previsión es que se incremente, alcanzando un máximo el día 19 llegando a los 5.000-6.000. A partir de ahí se iniciaría una lenta bajada que tampoco garantizaría la normalidad en el mes de marzo.
En este sentido, la propuesta del PSC de aplazarlas sólo un mes no parece aconsejable en una relación coste-beneficio en la que se juegan vidas humanas. Lo más lógico es el aplazamiento y, una vez tomada la decisión, la fecha se desplace a un plazo absolutamente seguro, porque no vendrá de unos meses el celebrar las elecciones si a cambio salvamos vidas.
Hay que considerar que en el momento actual están muriendo un promedio de 60 personas diarias y esta proporción crecerá porque es el último efecto del impacto de los casos. La secuencia bien conocida es que primero aumentan el número de casos, después los ingresos hospitalarios, la presencia en las UCI y finalmente la tasa de defunciones. Hay otro factor a tener en cuenta, y es que la congestión provocada en las camas UCI debido a la Covid-19 impide que otras patologías que necesitan este tipo de asistencia puedan acceder, y por lo tanto se produce una mortalidad colateral que es efecto de la pandemia, pero que no se registra como defunciones ocasionadas por esta. Por lo tanto, cuando la saturación del sistema hospitalario aumenta, el número de defunciones son superiores a las reseñadas directamente por causa de la Covid-19.
Dado que estamos al inicio de un período de vacunación, parece lógico que un buen escenario electoral sería aquel que se produjera cuando hubiera una masa suficiente de población inmunizada y esto situaría las elecciones justo después del verano, según las previsiones del gobierno español.
Es una contradicción muy peligrosa que el candidato del PSC sea a la vez ministro de Sanidad y a la luz de los datos disponibles no ejerza como tal valorando positivamente la suspensión de las elecciones, y se deje llevar por el interés partidista, lo que también haría el gobierno Sánchez si intenta recurrir a la justicia para evitar el aplazamiento. Sin embargo, esto segundo parece difícil porque automáticamente sobre esta decisión se situarían los focos de seguimiento de la pandemia, y si los resultados fueran negativos, como es del todo previsible, el desgaste político sería extraordinario.
Para que las elecciones puedan desarrollarse con libertad y seguridad es necesario haber limpiado de manera sustancial el riesgo de contagio. Esta opción hace unos meses habría sido difícil. Ahora, con el proceso de vacunación está perfectamente al alcance.
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