Barcelona dispondrá este año de un gran presupuesto a expensas de haber incrementado de una manera extraordinaria la presión fiscal en plena crisis por la Covid-19. El IBI ha crecido un 5,46% y se ha suprimido la modificación fiscal por domiciliación, el impuesto de vehículos crece un extraordinario 7% y se sitúa en el máximo legal, como el impuesto de plusvalías y construcciones. El de Barcelona es el ayuntamiento de España que tiene más impuestos al límite de lo que permite la ley. Las tasas crecen de una manera extraordinaria: alcantarillado un 83%, cementerios el 100%, la grúa 17% y la zona verde y azul un 30%. Como se puede ver no hay sólo una presión física para expulsar el coche, sino que también se produce una desmedida presión fiscal.
Y esto sucede a pesar de que el Consejo Internacional de Barcelona Global considera que las principales trabas para la competitividad de Barcelona, hoy más necesaria que nunca, son precisamente la fiscalidad y la burocracia.
Al mismo tiempo continúan los problemas crónicos, aunque Colau hizo campaña de alguno de ellos en las primeras elecciones. Lo más importante de todos es el de la vivienda. A pesar de los años transcurridos de la «Casa Gran» no se ha llevado a cabo ninguna política que permita encarar una resolución a medio plazo, y sí más bien un conjunto de chistes que van desde el uso de contenedores para hacer viviendas «funcionales» a la idea, ya aplicada por Porcioles, de hacer rcrecer en una o dos plantas los edificios de viviendas de algunas zonas de la ciudad. Ahora, además, se constata el fracaso de otra línea que el Ayuntamiento inició, la compra de edificios con problemas con la idea de evitar que quedaran en manos privadas. El resultado debido a la burocracia y lentitud municipal ha sido que estos edificios no sólo no se han usado para abordar el problema de la vivienda social, sino que por falta de mantenimiento están ahora peor de lo que ya estaban.
La política del «urbanismo táctico» y la idea de las supermanzanas tienen una clara oposición en la mayoría de la ciudad, porque no sólo castiga la circulación, sin poner medidas que palíen las dificultades que encuentra el tráfico, sino que destruye la lógica del modelo del Eixample, que constituye un ejemplo mundial basado en la isometría de sus calles que le da homogeneidad e igualdad de condiciones.
Ahora, progresivamente, con el nuevo urbanismo, si se consolida, habrá calles de primera y de segunda. Y todo esto se produce cuando el transporte público atraviesa la peor crisis de su historia con una pérdida de viajeros que se sitúa desde el mes de julio en torno al 50 % del que existía en 2019. Hubo una cierta remontada a la vuelta de la verano que en octubre ya se había esfumado. Mientras tanto, el tráfico urbano ha ido creciendo, pero todavía está situado por debajo de lo normal. Es entre un 15% y un 20% inferior y en la medida que se recuperen, los problemas de circulación de Barcelona se multiplicarán.
De hecho, las medidas de Colau actúan como un factor de retroceso de la recuperación de la ciudad. Pero no es sólo el transporte privado al que castiga, sino también al público interurbano que con la nueva reordenación dejará de poder penetrar en la ciudad y se situará en la periferia de la Avenida Diagonal y la Meridiana además de la Gran Vía. Este hecho, que se lleva a cabo sin ninguna modificación en la infraestructura para los autobuses que vienen de fuera de Barcelona, como sí disponen otras ciudades, puede actuar como un incentivo más para intentar utilizar el vehículo privado para acceder a la ciudad. Una vez más, se pone el carro por delante del asno, y en lugar de crear grandes centros intermodales que permitan una buena conexión, la política se limita a hacer lo que el Ayuntamiento de Colau sabe llevar a cabo mejor: prohibir y restringir.
Dos cuestiones crónicas de carácter social continúan castigando Barcelona. Una es ser el centro de la gran delincuencia, como lo constata la intervención policial desarticulando el depósito europeo más grande de droga sintética de Europa en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Al mismo tiempo, el área metropolitana de Barcelona es la gran exportadora de marihuana de toda Europa y la producción propia se multiplica en el área urbana, dada su elevada rentabilidad. Existe un riesgo real de que las tramas de gran delincuencia dedicadas a este tráfico se inserten en la trama social de la ciudad. Asimismo se mantienen intocadas, porque Colau no es contraria, la prostitución y la pornografía a gran escala, que detrás también tienen, sobre todo en el primer caso, la gran delincuencia organizada.
El otro gran problema que los Comunes no han sabido resolver, y que ahora se manifiesta con toda su fuerza debido a la Covid-19 y la ola de frío, es el de las personas sin hogar que duermen en la calle. El Ayuntamiento ha sido incapaz de aplicar una solución realmente integral al problema y ha continuando con la práctica de abrir y cerrar camas ocasionales en función de la circunstancia sin ningún proyecto de recuperación e inserción de estas personas. Este hecho conlleva situaciones como las que se dan en el Forum, teóricamente uno de los grandes edificios públicos emblemáticos de la ciudad hoy sometido a una gran degradación y que se ha convertido en un importante asentamiento chabolista. Todo el dinero gastado por la ciudad, surgidos de nuestros bolsillos, para hacer ese gran edificio se han perdido.
Todo ello hace que la última encuesta municipal aporte los peores resultados obtenidos nunca por una alcalde/sa . He aquí algunos ejemplos:
- El 66% considera que Barcelona ha empeorado en el último año, y es el peor registro junto con el de 1991.
- El 46% considera que la gestión es mala o muy mala, y es el peor registro desde que hay encuestas, superando en un punto al del alcalde Jordi Hereu de 2010 cuando perdió las elecciones.
- También Ada Colau obtiene la peor nota de todos los alcaldes, con un 4,3 sobre 10. Sólo superada por Jordi Hereu con un 4,1.
- Finalmente, el 82% de la población considera que la situación económica de la ciudad es mala o muy mala.
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