La justicia continúa incidiendo en la vida política catalana y además lo hace desde ámbitos muy diversos. Sólo en este inicio de semana se han producido tres hechos que tienen singular importancia política.
Uno de ellos es la condena a la Mesa del Parlamento de la época de Carmen Forcadell, formada por Lluís Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet y Anna Simó que han sido condenados a inhabilitación y a abonar cada uno una multa de 300.000 euros y a pagar una décima parte de los costes del proceso judicial. Esta sentencia es consecuencia de no haber atendido el requerimiento del Tribunal Constitucional en relación con el orden del día del Parlamento que significó permitir la tramitación parlamentaria de las leyes de desconexión.
Se producen dos circunstancias que pueden considerarse paradójicas. Por un lado, la diferencia con respecto a la pena entre los miembros de la Mesa y Carme Forcadell, que como presidenta ha sido condenada a pena de cárcel. Pero también se produce la curiosa situación de Mireia Boya de la CUP que fue la inductora de este orden del día que ahora tiene un coste importante para los miembros de la Mesa, porque fue ella quien presentó la iniciativa parlamentaria y que ha sido absuelta porque no forma parte de la Mesa y no fue advertida nominalmente por el TC. El partido más radical del Parlamento en el ámbito independentista es el único que no tiene personas condenadas. A Soroti ylas.
El segundo hecho tiene como origen el mismo conflicto que se produjo en 2017 pero con una perspectiva muy diferente y afecta el PSC, es decir el partido que forma parte del gobierno de España en este momento. Se trata de la petición de cárcel a dos concejales de este partido de Pineda de Mar, así como al jefe de la policía local, Carles Santacreu. Los concejales son Jordi Masnou, actualmente teniente de alcalde, y Carme Aragonés que entonces ostentaba este cargo. Están acusados de haber presionado y amenazado al director del hotel de la cadena Checkin que echara al contingente de policías que estaban instalados en los dos hoteles de esta cadena en Pineda de Mar. Los responsables de estos hoteles cursaron un mensaje al director general de la cadena en el que informaban que el Ayuntamiento de Pineda de Mar amenazaba con cerrar los hoteles durante 5 años si no desalojaban el contingente de policías nacionales. Hay que recordar que entonces gobernaba el PP y los socialistas eran una fuerza de oposición. Ahora se encuentran con este doble hecho tan desagradable, tener responsables políticos acusados de amenazas para conseguir que la Policía Nacional fuera expulsada siguiendo en este sentido las consignas del independentismo.
La tercera cuestión afecta nada menos que a Artur Mas dado que con su declaración judicial, quien fue tesorero durante muchos años de CDC, Daniel Osácar, ha dado un giro en su actitud y manifestó que era difícil que Mas no conociera la financiación irregular del partido, es decir, el famoso 3%. Este hecho se produce por primera vez y afecta también a Germà Gordó que entonces era gerente del partido, y puede añadir dramatismo a la causa si realmente Mas acaba viéndose directamente implicado. Esta declaración llega después de que Osácar pactara con la fiscalía.
Las declaraciones de Osácar avalan la tesis del juez José de la Mata sobre el sistema de blanqueo de ingresos irregulares en el que se basa el procedimiento.
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