A pesar del poco interés del gobierno español en que se haga un debate público, la proposición de ley de la eutanasia impulsada por el PSOE, con el apoyo de Unidas Podemos, aparcada en el Congreso de los diputados, está suscitando fuertes reacciones adversas. La última, la del Comité de Bioética de España, y ya, con anterioridad, la declaración formulada por 150 catedráticos y profesores de Derecho de toda España razonando también las causas concretas de su oposición. De hecho, el ámbito de la crítica pública se abrió hace unas semanas con la declaración de más de 100 personalidades de la vida universitaria, cultural, social y política que exponían las razones de su oposición a esta ley. Detrás de esta iniciativa estaba la plataforma Los 7.000 coordinada por un grupo formado por la Asociación Católica de Propagandistas, Cristianos en Democracia, e-Cristians, Federación Española de Asociaciones Pro Vida, Foro Español de la Familia, y One of Us.
Ahora, el Comité de Bioética no sólo es rotundo con su rechazo, sino que además en un texto de 74 páginas lo rechaza por unanimidad, lo que no había pasado ni con la ley del aborto, ni la reproducción asistida. La proposición de ley, ahora ya proyecto porque pasó el primer filtro del Congreso, la toma en consideración y el rechazo de las enmiendas a la totalidad, se encuentra apartada, en el sentido de que la Mesa del Congreso semana a semana prorroga el plazo para presentar enmiendas, no para dar lugar a que se produzcan, sino porque de esta manera no comienza la tramitación en Comisión. El porqué de este aparcamiento tiene mucho que ver con el ambiente general del país muy marcado por los muertos de la Covid-19, que no hacen propicio el hecho de tratar sobre cómo matar a las personas, aunque sea por razones humanitarias y de acuerdo con su voluntad.
El rechazo del Comité de Bioética se puede concretar en los siguientes puntos:
- El planteamiento de la ley no es válido desde un punto de vista ético.
- No es aceptable que se incorpore la muerte como un derecho que forma parte del catálogo de prestaciones de la sanidad pública. Existen razones sólidas para rechazar la transformación de la eutanasia en un derecho subjetivo y en una prestación pública.
- El principio de la compasión no es suficiente para justificar la legalización de la eutanasia o el suicidio asistido porque supone un camino de desvalorizar la protección de la vida humana, cuyas fronteras son muy difíciles de prever como la experiencia de nuestro entorno demuestra. Se refiere a los casos que se han dado en Holanda y Bélgica y las polémicas que se han desatado. La eutanasia devalúa el valor ético y legal de la vida humana.
- La compasión debe conjugarse con responsabilidad y prudencia, y debe estar unida al deber del no abandono y de la solidaridad.
- Basar nuestro sistema ético y legal en la eutanasia es peligroso y jurídicamente inseguro.
- Su legalización puede afectar al futuro de las personas más vulnerables.
- Los casos que podrían ser beneficiarios de una eutanasia son situaciones tan especiales que los hacen difícilmente generalizables. En otras palabras, los 12 expertos en bioética nos dicen algo tan evidente como es que no se puede legislar para el conjunto de la población a partir de contemplar casos extremos.
- La Sociedad Española de Cuidados Paliativos en 2002 ya advirtió del riesgo de generalizar esta práctica, al tiempo que mostraba su oposición a la legalización, para evitar repercusiones negativas. Esta posición, como otras de gran calidad médica, no se tienen en cuenta a la hora de efectuar la actual legislación.
- Es criticable totalmente que el gobierno esté de acuerdo con tramitar una ley como esta sin tener universalizado previamente los tratamientos y apoyos sociales que necesitan los enfermos crónicos en situación terminal. Se propone poner fin a la vida de una persona como única solución ante el sufrimiento. Esta es una crítica común reiterada en todos los documentos públicos hechos hasta ahora. No se puede presentar como una opción, y menos como un derecho, la elección entre que te mate un médico o sufrir.
- El informe pide que los cuidados paliativos y el apoyo sociosanitario sean accesibles y universales y que este es el camino a emprender y no proclamar el derecho a acabar con la propia vida por medio de una prestación pública.
- No es admisible considerar la eutanasia como un símbolo de progreso de país avanzado. No lo es ni la eutanasia, ni el suicidio, sino que son un retroceso de la civilización. En un contexto en el que el valor de la vida con frecuencia está condicionado por criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y gasto público, la legalización de la muerte agregaría un nuevo conjunto de problemas.
- Finalmente, sitúa los cuidados y tratamientos paliativos como alternativa a la legalización de la eutanasia también en casos de sufrimiento psicológico que no responden a ningún tratamiento, es decir, lo que se conoce como «sufrimiento existencial refractario».
Y es que todo hace pensar que es incomprensible para una sociedad que se quiere solidaria,
I és que tot plegat fa pensar que és incomprensible per a una societat que es vol solidària, compasiva y humanista, que el estado pueda asumir como prestación dar muerte a las personas para que no sufran; es decir, introducir una práctica común a los animales en la veterinaria, en lugar de desplegar los cuidados y la sedación paliativa que permite que hoy nadie muera sufriendo.