A pesar de que el problema de la pandemia por coronavirus no esté en las prioridades de los tiempos de dedicación del presidente Sánchez, esta es una cuestión crucial para España. Lo es por su repercusión en la vida de las personas, los enfermos, los afectados por las secuelas y los muertos. Lo es también por la incierta recuperación económica, y afecta poderosamente a un aspecto básico para un país tan dependiente del turismo como es España, que es la imagen exterior.
No es poca cosa que tanto en la primera oleada de marzo como en la segunda, la actual, España encabece todos los rankings de malos resultados y no sólo eso, sino que no rectifique sustancialmente lo que son errores reiterados y denunciados desde dentro y desde fuera, como es la falta de un sistema claro de indicadores que señale el tipo de medidas a adoptar, y la falta de dirección del gobierno del estado en un tema que no tiene fronteras y que no se puede dejar sólo a los criterios de las Comunidades Autónomas. Basta observar la gran contradicción que existe entre aquellas reuniones semanales que el presidente Sánchez hacía con todos los presidentes autonómicos cuando estaba al mando único y básicamente todo se concretaba en un «ordeno y mando», y la ausencia total de estas reuniones en la fase actual, en la que cada autonomía va por su cuenta y donde sería necesaria una coordinación clara. La respuesta de esta importante contradicción seguramente debe buscarse en una cuestión de imagen del gurú electoral de Sánchez, Iván Redondo. En aquellas reuniones el presidente del gobierno podía exhibir diálogo porque sólo mandaba él. Si ahora se hicieran las necesarias reuniones de coordinación, debería arremangarse y mucho, porque las medidas en gran manera dependen de las autonomías y deberían forjar consensos, con el riesgo de desgaste político.
El problema de Madrid es muy grave por la dimensión de la pandemia, su posible efecto multiplicador y por el impacto sobre el PIB español. Si la economía de Madrid se contrae, la recuperación sufrirá notablemente porque ella sola representa el 19% del PIB español (ya no digamos qué pasaría si la situación en Barcelona se agravara, porque aquí hay otro 19%). En realidad, la recuperación se juega mucho en estas dos grandes áreas económicas, y hasta ahora hay que decir que el enfoque del gobierno central ha sido inexistente. Cataluña finalmente ha comenzado a hacer bien parte de los deberes y parece tener más o menos controlado el Covid-19, pero en unos niveles tan altos, sobre todo en Barcelona y su área metropolitana, que existe el riesgo de que en un momento determinado pueda estallar de nuevo la pandemia.
En el fondo hay una falta de criterios claros y comunes de cuándo aplicar las medidas más drásticas. Hasta ahora parecía, en relación con Madrid, que no había lugar a confinamientos y reducciones enérgicas hasta superar la desmesurada cifra de 1.000 casos acumulados en 14 días por 100.000 habitantes. Pero después el gobierno español ha cambiado de criterio y ha introducido una norma mucho más proporcionada, la de los 500 casos, que Madrid rechaza o bien pide que sea de aplicación generalizada en toda España, en aquellos lugares que, como Navarra, también se sitúan por encima de estos límites, que hay que decir que sigue siendo alto. La referencia internacional, la del Harvard Global Health Institute, establece el umbral en 25 positivos diarios como mínimo por cada 100.000 habitantes durante 14 días, es decir, un acumulado de 350. Si aplicáramos este criterio, además de Madrid y Navarra deberían sufrir serias restricciones del tipo fase 1 la Rioja, Castilla la Mancha, Murcia, Aragón y Castilla y León. No es poco. Y el eficaz sistema de semáforos alemán (verde, amarillo y rojo) todavía reduce más la cifra.
Sea como sea, España presenta déficits muy grandes y no aplica organización ni recursos para resolverlos. Unos ya los hemos apuntado en cuanto a los criterios de umbrales para actuar, otros son la insuficiencia crónica de rastreadores. De hecho sólo Galicia y Canarias tienen un número suficiente de acuerdo con los criterios de la OMS. Hay que decir que, de acuerdo con este organismo internacional, el número de rastreadores no es una cifra fija, sino que varía en el tiempo en proporción al número de contagios, lo que es de sentido común, porque cuantas más personas contraen la enfermedad, mayor es el número de contactos y mayores exigencias de rastreo. Por ejemplo, de acuerdo con estos criterios, Cataluña necesitaría 11.500 rastreadores, cuando sólo tiene 1.543. Y Madrid, que presenta la exigua cifra de 800 rastreadores, necesitaría la astronómica cifra de 42.000. Estas relaciones nos dicen que a partir de un momento determinado el rastreo ya no es una herramienta útil para detener el Covid, porque el número de personas necesarias dedicadas a identificar los casos es tan elevado que es imposible alcanzarlo y es una señal clara de que hay que confinar o restringir mucho.
Si el radar Covid-19 estuviera operativo, permitiría reducir en una tercera parte la cifra de rastreadores que da la OMS en función del número de casos. Sería un buen progreso, pero aun así las magnitudes de las necesidades en personal continuarían siendo muy altas. La debilidad de la asistencia primaria es otro factor de las deficiencias españolas y allí donde ha sido bien resuelta, por ejemplo, Valencia, el impacto de la epidemia se hace sentir menos.
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