The Lancet acaba de publicar un nuevo estudio que descalifica la política seguida por España al precipitar la desescalada sin haber adoptado las medidas necesarias. Por lo tanto, el gobierno español no sólo se habría equivocado al no prever el impacto viendo la situación italiana y la alerta de la OMS de finales de enero, sino que después de haber adoptado por necesidad una de las medidas más radicales en Europa, la del confinamiento total, luego no aprovechó sus resultados debido a una desescalada sin previsiones.
Este estudio compara la actuación de los gobiernos de España, Reino Unido, Alemania, Noruega, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Singapur, y concluye que dos países lo han hecho francamente mal: España y el Reino Unido. La situación española es peor que la británica, dado que nuestro país presenta más de 120 casos notificados por cada 100.000 habitantes, mientras que el Reino Unido aún está por debajo de los 60 casos.
El estudio mide cinco áreas que se deben considerar a la hora de reconducir las restricciones:
- Conocimiento real de los niveles de infección
- Participación de la ciudadanía
- Capacidad del sistema para seguir los contagios
- Capacidad del sistema sanitario
- Medidas del control fronterizo
España suspende rotundamente en cuatro de los cinco parámetros cuando se compara el comportamiento con otros países. Sólo aprueba en el de la implicación ciudadana relacionada con el uso de las mascarillas y el distanciamiento social, aunque sobre este punto podían haber observaciones críticas debido a la continuidad, en una parte minoritaria pero significativa de la población, de incumplimiento sistemático de las medidas.
Una de las críticas a la situación española es la evidente carencia de criterios claros sobre los umbrales a partir de los cuales tienen que llevarse a cabo intervenciones. El estudio explica que España ha publicado varios paneles de indicadores, pero que en ningún caso se han utilizado para explicitar compromisos concretos en la toma de decisiones; este hecho, unido a la organización autonómica, hace que haya una dispersión de criterios y un ir por detrás siempre del problema. El gobierno español, y en concreto el Ministerio de Sanidad, ha renunciado a establecer, como sí se ha hecho en otros países, criterios claros y concretos que necesariamente deben aplicarse, a partir de los cuales entran en juego medidas y restricciones. También ha fracasado en la capacidad de rastrear los casos. En julio había un rastreador por cada 12.000 habitantes, cuando eran necesarios 1 por cada 5.500 habitantes. Este punto ha mejorado desde entonces. Pero ahora el problema consiste en la calidad de este rastreo y en la eficacia por parte de los afectados de las instrucciones de seguir la cuarentena. Según el estudio, la gran debilidad española ha sido el sistema sanitario debido a dos factores. Por un lado, porque se ha visto muy debilitado por las bajas entre su personal durante la primera ola, cuando llegaron a enfermar 15.000 trabajadores de la salud. También la debilidad en camas de cuidados intensivos, 10 para cada 100.000 habitantes, frente a las 34 de Alemania. Señala como otra causa el estrés del sistema de salud a consecuencia de los años de recortes. Por último, España fue el único país que no impuso cuarentenas ni restricciones para los viajeros de otras naciones al abrir sus fronteras el 1 de julio. Este punto tiene el correlato necesario de querer salvar una temporada turística, que por otra parte tampoco ha funcionado.
En el caso concreto de Cataluña habría que añadir, entre otras razones, el bajo nivel salarial de los médicos de la sanidad pública. En cuanto al sueldo máximo, son los que menos cobran de todo el estado, con 61.705 euros al año cuando la media está en 65.276 euros. Y también se sitúa a la cola, si bien de una manera no tan destacada porque detrás de Cataluña hay Asturias, Navarra y Andalucía, con respecto a los sueldos mínimos de los médicos de primaria, situado en el caso catalán en los 37.375 euros, mientras que la media española está en los 43.956. Esto explica que los médicos jóvenes tienden a desplazarse a Aragón y Valencia, comunidades donde la retribución de entrada es singularmente más elevada que la catalana, entre 5.000 y 7.000 euros más al año en el caso de los sueldos mínimos.
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